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26 juny 2006 |
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Un Senado para debatir temas educativos
La llegada al Consejo Escolar del Estado de los 17 presidentes de los organismos
autonómicos siembra la polémica
CARMEN MORÁN - Madrid
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EL PAÍS - 26-06-2006
La reforma del Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano de debate de la comunidad educativa, incluirá a los 17 presidentes de los consejos escolares autonómicos, una representación territorial que establecía la Ley Orgánica de Educación recién aprobada. Así se recoge ahora en el borrador que ha redactado el Ministerio de Educación. Estos 17 nuevos miembros se incorporarán al pleno del Consejo, pero, además, formarán una comisión territorial que tendrá prácticamente las mismas funciones que las que ejerce la comisión permanente. La permanente, en la que participa una delegación de cada uno de los grupos que forman el Consejo, es la encargada de elaborar informes educativos que luego se debaten y votan en el pleno. Ahora también la comisión territorial tendrá esa misión y algunas otras junto con la permanente.
La llegada de estos presidentes autonómicos, todos ellos elegidos por la Administración, no ha tenido la misma aceptación entre los consejeros. Para empezar, se han quejado por carta a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, por no haber sido informados sobre la marcha de estos cambios que les afectan directamente para darles la oportunidad de debatirlos sin verse abocados, simplemente, a presentar enmiendas.
La mayoría de las asociaciones no ve con malos ojos que haya una representación territorial en el Consejo estatal, puesto que las competencias educativas están transferidas y dependen de las administraciones autonómicas, pero albergan otros temores. "Lo que no puede pasar es que se cambie el porcentaje de votos que tiene la comunidad educativa estatal [padres, profesores, alumnos]. Ahora serán 17 votos más que pueden desvirtuar el equilibrio actual. Si eso ocurre, habría que cambiar el peso de la comunidad educativa", explica Luisa Martín, de CC OO. "Los presidentes autonómicos, salvo el de Canarias, están elegidos por la Administración y no podemos saber si serán auténticos portavoces de sus consejos escolares", advierte Martín.
Por parte de UGT, su responsable, Carlos López, explica: "Lo que no puede ocurrir de nuevo es lo que ha pasado con la ley educativa, que hubo dos informes, el del Consejo Escolar estatal y el de los consejos autonómicos. Deben tener voz y voto en el Consejo estatal, porque así es ya la realidad educativa, pero no estamos de acuerdo con la comisión territorial porque deberían trabajar como el resto de los grupos, integrarse en la comisión permanente mediante una delegación y asistir a los plenos, eso sí".
También en los sindicatos CSIF y STES se comparte el temor por que se vea alterada la proporcionalidad de votos en el pleno. No rechazan la presencia de los presidentes, pero sugieren que, en ese caso, se aumente la de los profesores.
Los padres de alumnos no tienen opiniones muy diferentes, algo poco usual. La presidenta de la Confederación Laica de Padres de Alumnos (Ceapa), Lola Abelló, advirtió de los muchos posicionamientos estrictamente políticos que pueden concurrir en el Consejo. "Eso es algo que ya pasa en la actualidad, si ahora encima se oye la voz de otras administraciones, puede ser un exceso de política en detrimento de las opiniones de la comunidad educativa", opinó. En la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) critican abiertamente que "los presidentes serán la voz de sus administraciones", es decir, del Gobierno de sus comunidades autónomas, que es quien los nombra.
Entre los alumnos hay opiniones varias. Para el Sindicato de Estudiantes (SE) la reforma del Consejo es la oportunidad para democratizarlo y "que no sea sólo consultivo, que tenga poder real, donde los presidentes, incluso los autonómicos, sean elegidos desde la base", expone el líder del SE, Juanjo López.
El responsable de la Unión Democrática de Estudiantes (UDE), Álvaro Vermoet, cree que esto "dará paso a los nacionalistas y mayor peso político al único órgano estatal que quedaba".
Las patronales de los centros privados tampoco reciben con muchas palmas la incorporación territorial al consejo escolar. El presidente de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza FERE-CECA, Manuel de Castro, cree que esto, al final, "politizará excesivamente el Consejo. Parece que vayamos a repetir lo que ocurre en el Parlamento y esto no debe ser un Parlamento, aquí debe hablar la comunidad educativa", explicó. La presidenta de la patronal CECE, Isabel Bazo, no lo ve del todo mal si no se altera "la estructura del Consejo". "Puede que sea adecuado, así se verán tantas diferencias como va a haber entre unas comunidades y otras en la educación y lo que plantea cada una", dice.
El nuevo Consejo Escolar tendrá dos vicepresidentes, según la propuesta del Gobierno. Y las enmiendas que presenten los consejeros -que a veces se cuentan por centenares- deberán pasar primero por la comisión permanente y sólo las que obtengan un porcentaje de votos determinado llegarán al pleno.
Si los consejeros faltan repetidamente a las reuniones el presidente lo notificará a la asociación que lo propuso.
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Querellas entre estudiantes de izquierda y derecha
C. M. - Madrid
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EL PAÍS - 26-06-2006
Los estudiantes andan enzarzados por la representatividad que deben tener en el Consejo Escolar del Estado en virtud del número de sus asociaciones. Tras la descentralización de las competencias educativas, el caos se ha instalado en los registros y ha habido que consultar al abogado general del Estado para que determine los criterios a seguir para demostrar qué peso tiene cada cual.
El abogado pidió tres documentos: uno del instituto donde radica la asociación, otro de la propia confederación en la que se agrupa y uno de un registro administrativo de las consejerías de Educación. Después de eso, los servicios jurídicos del Consejo también intervinieron en el asunto y admitieron por válidas aquellas asociaciones que tuvieran sus estatutos y sus firmas de alumnos asociados, de tal forma que, al final, la organización que ha logrado acreditar más asociaciones ha sido el Sindicato de Estudiantes (SE), lo que le otorga tres miembros en el Consejo Escolar; otros tres logra Canae, uno Faest y uno Unión Democrática de Estudiantes (UDE), esta última, la única de centro-derecha.
La polémica, con cruce de querellas, ha estallado entre el SE, que se define "de izquierdas", y los "liberales" de la UDE. El sindicato acusa a la UDE de haber conseguido sus acreditaciones a través de certificados de las consejerías de Educación, sin que se presenten los papeles de los institutos. La UDE argumenta que lo único válido es el registro administrativo, y niega que sólo lo hayan conseguido en comunidades del PP, puesto que "Andalucía es una de las regiones donde tienen más representación" explicó su presidente, Álvaro Vermoet.
El líder del SE, Juanjo López, sostiene que es su organización la que ha salido perjudicada por
la decisión del Consejo, que redujo sus 500 asociaciones hasta 172.
A pesar de ello, se muestran satisfechos porque se les ha reconocido mayoritarios.
La UDE estudia presentar querellas contra la presidenta del Consejo, Marta Mata, por "cambiar los criterios establecidos por el abogado del Estado. No se puede conceder al SE una representación sólo por tener registros de hecho en los institutos, se necesita el registro oficial y ellos sólo han presentado 14 documentos que lo acrediten", critica Vermoet. "Las asociaciones no pueden existir de hecho".
En lo que ambos coinciden es en que las asociaciones de alumnos no pueden estar sujetas a la ley de asociaciones sin más, porque se trata de menores de edad que necesitan permiso para asociarse y porque pueden pasar por asociaciones estudiantiles aquellas que no lo son.
La UDE denuncia trato de favor hacia el SE por "relajar los criterios" y volcar el peso de los estudiantes hacia la izquierda política y ya ha anunciado que recurrirá la decisión del Consejo y, posiblemente, que se querellará contra Marta Mata por "prevaricación". También estudian una querella contra el SE por acusarles de ser "una plataforma fantasma del PP" y, sobre todo, por decir que los certificados emitidos por las consejerías del PP son "fraudulentos".
"Que se querellen. Tenemos pruebas de que está el aparato del PP detrás", dice López.
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¿Y qué vamos a enseñar en secundaria?
GUADALUPE JOVER
EL PAÍS - 26-06-2006
Cuando al fin se apagan los ecos de tanta algazara entre los diferentes partidos políticos - y ¡ay! la Conferencia Episcopal-, docentes y estudiantes nos echamos a temblar. Ahora ya sabemos que el Estado fijará el 55% de los contenidos básicos de los planes de estudios en las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales y el 65% en el resto; que se podrá pasar de curso con dos asignaturas suspendidas y excepcionalmente con tres; que la religión será de oferta obligatoria y que quienes no quieran estudiar religión en la escuela ya veremos qué hacen entre tanto; que la frontera entre el derecho de los padres a la elección de centro y la pretensión de los centros de seleccionar a su alumnado no es siempre fácilmente discernible.
Estas cuatro cuestiones son las que han dominado hasta ahora el debate educativo previo a la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Educación. Quizá ha llegado el momento de plantear el debate en otro ámbito no menos importante: el de los contenidos que se van a prescribir para los cursos de la educación obligatoria, pues son éstos los que han de aproximarnos -o no- a la consecución de unos determinados objetivos. Lo verdaderamente relevante no es tanto quién va a fijar los contenidos -Gobierno central o comunidades autónomas- sino en función de qué modelo de ciudadanía y de sociedad se van a perfilar, y si los contenidos seleccionados van a ser coherentes con esos objetivos. Lo verdaderamente relevante es determinar, de una vez por todas, qué saberes son imprescindibles para formar personas autónomas, críticas, responsables, solidarias y justas, esto es, qué saberes deben vertebrar la enseñanza obligatoria, y cuáles son secundarios.
Vayamos con un ejemplo. Recordemos las preguntas elegidas por el departamento de marketing de EL PAÍS para promocionar la venta de los volúmenes de lengua y literatura de la Enciclopedia del estudiante: "¿Qué es un sintagma?" "¿Qué es un soneto?" Una y otra recogen, es cierto, el tipo de contenidos que determinados grupos sociales vinculan a la educación lingüística y literaria. Ahora bien, ¿son estos contenidos -qué es un sintagma, cuál es el esquema métrico de un soneto- los que han de conducirnos a esos objetivos en los que aparentemente estamos todos de acuerdo? Si es verdad que queremos formar chicos y chicas que sepan desenvolverse de manera adecuada en las diferentes situaciones comunicativas, que comprendan lo que leen y sepan interpretarlo críticamente, que utilicen el lenguaje como herramienta para una convivencia más cordial y respetuosa, que se aficionen de por vida a la literatura, ¿es éste el mejor camino para conseguirlo?
Mientras los programas escolares desplieguen listados y listados de contenidos por asignatura y curso, sin que lleguen a debatirse previamente los criterios que conducen a la selección de unos y no de otros, tres vértices esenciales del sistema educativo -objetivos, profesorado, alumnado- quedan relegados a un segundo plano. Veamos por qué.
En primer lugar, los objetivos. Hace años que muchos docentes hemos de hacer verdaderos ejercicios de funambulismo en las aulas para desarrollar, con honestidad y sentido de la responsabilidad, unos currículos que encierran a menudo una abierta contradicción entre objetivos pretendidos y contenidos prescritos. Y si ello ocurre con los objetivos específicos de cada área de conocimiento, qué decir de esos otros objetivos generales del sistema educativo de los que a la hora de la verdad nadie parece responsabilizarse. Puro papel mojado.
En segundo lugar, el profesorado. Si de verdad apostamos por un profesorado comprometido y convencido del sentido de lo que hace, habituado a la reflexión y al análisis, implicado en proyectos colectivos, es imprescindible confiar en él y dejarle un cierto margen de autonomía. La prescripción enciclopédica de contenidos no hace sino invitar al individualismo más extremo, al ejercicio puramente rutinario del oficio. Es hora de que el profesorado vuelva a tomar la palabra y participe en las decisiones pedagógicamente relevantes. Es indispensable además que el desarrollo de los currículos favorezca -o al menos no entorpezca- la coordinación entre quienes pertenecen a un mismo departamento, entre quienes dan clase a un mismo grupo, entre quienes, desde un ámbito u otro, han de corresponsabilizarse de la educación formal de los más jóvenes. Necesitamos derribar muros y apostar por formas de aprendizaje más integradoras.
Y en tercer lugar, el alumnado. Porque digámoslo sin paños calientes: los actuales currículos se forjaron en unas coordenadas determinadas, para unos fines precisos y en función de los intereses de unos grupos sociales concretos, y mientras estos currículos sigan siendo en lo esencial idénticos a sí mismos continuarán abocando al fracaso a los grupos sociales excluidos de su diseño. Entiéndaseme bien. No estoy hablando en absoluto de esa demagógica "bajada de niveles" con que algunos pretenden descalificar de antemano cualquier análisis crítico de los currículos académicos. Estoy reclamando unos contenidos a la altura de los tiempos, pensados en función de los chicos y chicas reales que tenemos en las aulas y del mundo que soñamos para ellos, para todos ellos.
Sigamos con el ejemplo: mientras las pizarras de las clases de lengua de la secundaria obligatoria continúen llenándose, por prescripción ineludible (o por inercias nunca puestas en cuestión), de fonemas y morfemas, de sintagmas y sinalefas, no nos lamentemos luego de que mil y un informes PISA constaten que nuestros adolescentes no saben leer: es que no les estamos enseñando a leer, es que no nos queda tiempo para hacerlo. (Bueno, sí, pero aventurándonos siempre por las costuras de la ley y exponiéndonos no pocas veces a la incomprensión y a la crítica de quienes nos recuerdan, un día tras otro, que al fin y al cabo las pruebas de acceso a la universidad examinarán de los valores del "se", con lo que "nuestros" alumnos saldrán gravemente perjudicados. Los "suyos", claro, saldrán airosos, pero de lo que no quedará constancia será de la cantidad de chicos y chicas que han ido quedándose excluidos del sistema cuando entre tanto complemento y suplemento jamás conseguían aprender a leer y escribir mejor).
Y es que los aprendizajes escolares no parecen tener a veces otra utilidad que el valor de cambio por un boletín de calificaciones que permite seguir escalando peldaños de curso en curso. De este modo, quien ya por cuna pertenece al gremio de los lectores podrá seguir teniendo acceso a los libros y a la lectura, mientras que quien nunca dispuso de un libro en su hogar seguirá alejado de la letra impresa. Y lo que es peor, ni unos ni otros aprenderán en las aulas la compleja urdimbre de la comunicación. No, no se trata de "bajar" niveles: se trata de replantearnos con honestidad para qué estamos educando.
Por todo ello, ahora que ha llegado el momento de concretar los currículos de la educación obligatoria, vaya este ruego a los legisladores y esta invitación a cuantos colegas se sientan interpelados: deslindemos con nitidez los aprendizajes necesarios -necesarios para mejorar el mundo y tomar parte activa en su transformación- de los que no lo son; procuremos una coherencia entre objetivos y contenidos; miremos por encima de las bardas de cada una de las asignaturas y fijemos unos pocos núcleos de contenidos estrechamente vinculados a las competencias básicas, a unas cuantas cuestiones esenciales; dejemos un cierto margen de autonomía a los centros docentes. Me atrevería a decir que sólo así construiremos una escuela verdaderamente inclusiva, y no una escuela meramente reproductora de las enormes desigualdades que, ésas sí, dividen y fragmentan, cada vez más, nuestras sociedades.