Revista de Premsa

15 JUNY 06

 

 

Sobre la evaluación de 6º de primaria DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA DE  MADRID

 

La realización de la prueba de evaluación a los alumnos de 6º de Primaria en los centros educativos de la Comunidad de Madrid sigue mostrando la auténtica cara de quien dirige su Consejería de Educación, aunque ahora por otras circunstancias.

 Hubo siete centros que no la hicieron, todos ellos de titularidad pública, a los que, por ello, se les está haciendo un “inspección excepcional”, supuestamente en aplicación del Art. 28 del Reglamento Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, para investigar las causas de por qué no hicieron la mencionada prueba. En la práctica, al menos en la realizada en el CEIP de TRABENCO, el primero de los inspeccionados “excepcionalmente”, ha sido un auténtico interrogatorio “cuasi policial”. Éste se ha seguido con un procedimiento de intimidación que consideramos de dudosa legalidad y que pretende imputar a la Dirección  la responsabilidad de que no se haya realizado la prueba, cuando realmente ha sido la contestación comprometida de la comunidad escolar y muy especialmente de las familias que se han negado a someter a sus hijos a una prueba que consideran, además de otras cosas, innecesaria.

En seis meses tendrán la respuesta de esta inspección.

 

Queda claro, para toda la Comunidad Educativa, que la Consejería trata de que no se extienda la contestación a la misma desde los centros educativos.

 

Todo esto nos muestra varias cosas:

-         El miedo de la Consejería de Educación a que, en el futuro, aumente la contestación a esta prueba desde los centros educativos.

-         El carácter intimidatorio y represor de esta inspección extraordinaria contra quienes se han opuesto realmente a la prueba de evaluación de 6º.

-         La necesidad que tiene el Consejero de dar un escarmiento y asustar a quienes se han opuesto activa y críticamente a las descabelladas órdenes de la Consejería.

-         Que no les preocupa que sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, organizaciones de orientadores e inspectores, asociaciones de padres... se hayan opuesto previamente a la prueba y la hayan criticado desde diferentes perspectivas y desde el primer momento en que se propuso.

-         Que la Consejería de Educación no sólo no está dispuesta a ceder en su política represora sino que pretende endurecerla cada vez más en contra de la Escuela Pública y de quienes la apoyan.

 

Como Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica seguimos poniendo en cuestión la legalidad de la propia prueba en sí, como hemos argumentado en documentos anteriores, tanto por su contenido como por la forma de llevarla a cabo, así como  por sus objetivos implícitos y explícitos.

 

Por todo ello queremos denunciar los hechos y mostrar todo nuestro apoyo al CEIP Trabenco, así como al resto de los centros y profesorado que no hicieron esta prueba. Y hacemos un llamamiento general, muy especialmente a las organizaciones educativas, para que se produzca una respuesta contundente y unitaria a estas prácticas represoras de la Consejería de Educación.

           

Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid

Madrid a 12 de junio de 2006

 

 

 

Los obispos irán al Supremo si se cambia el estatus de sus docentes de religión y moral

JUAN G. BEDOYA  -  Madrid

 

EL PAÍS  -  Sociedad - 15-06-2006

 

El Gobierno y los obispos siguen sin encontrar una solución al conflicto de los profesores de religión y moral católica en la escuela pública.

 

Ayer se escenificó el conflicto con cruce de declaraciones contradictorias. Por la mañana, el cardenal Antonio Cañizares, vicepresidente de la Conferencia Episcopal y primado de Toledo, anunció que el episcopado había llegado a una "base de acuerdo" con el Ministerio de Educación para aplazar por un año, hasta el curso 2007, la aplicación de la disposición adicional 3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que mejora el estatus laboral del profesorado de catolicismo, y por la tarde el anuncio del prelado fue rechazado por el subsecretario del ministerio, Fernando Gurrea.

 

"No hay ningún tipo de acuerdo de demorar o de aplazar nada. Las leyes entran en vigor a los 20 días de su publicación. Eso quiere decir que esa norma entró en vigor el 24 de mayo", dijo Gurrea. Más tarde fue la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, quien recordó, en declaraciones a EFE, que la disposición adicional 3 de la LOE recoge una serie de compromisos con los profesores de religión que "forman parte de la ley", es decir, que son ya irreversibles. Sin embargo, la ministra dijo que existe "un margen de búsqueda de acuerdos que sigue abierto".

 

Puntos de convergencia
El cardenal Cañizares había dicho que la Iglesia católica está dispuesta a recurrir al Tribunal Supremo si no se respetan los acuerdos de 1979 entre el Estado y el Vaticano. La ministra Cabrera, que comparecía en la Comisión de Educación del Senado, precisó que su departamento va a tratar "por todos los medios de encontrar puntos de convergencia con el máximo respeto" a todas las disposiciones de la LOE. El diálogo con los obispos continuará en una reunión a finales de junio y otra en julio, dijo.

 

Cañizares hizo sus declaraciones en una conferencia sobre Familia, educación y vida desde la fe en España, en el curso de verano de la Universidad CEU-San Pablo y la Fundación García Morente. La disposición adicional 3 de la LOE, que establece el régimen laboral de los docentes de religión, sostiene que su remoción se deberá ajustar a Derecho (básicamente, Estatuto de los Trabajadores), mientras que los acuerdos con el Vaticano delegan en los obispos la potestad de contratarlos o despedirlos, sin necesidad de motivar sus decisiones. Cientos de sentencias han condenado a la Administración y al episcopado por despidos sin causa, o justificados en que un docente se casó por lo civil, otro participó en huelgas legales o alguno ejerce la política en partidos de izquierda.

 

Otro motivo de conflicto es la asignatura alternativa a la religión. Cañizares dijo que el proyecto del Gobierno -Educación para la Ciudadanía, se llamará- "está inmerso en una ideología de género, en una ideología feminista", y que va "en contra del carácter de los centros católicos".

 

 

Valencia. Las Provincias

Los obispos irán al Supremo si no hay acuerdo con el Gobierno en materia de enseñanza

 

Cabrera cree que hay margen para llegar a acuerdos con la Conferencia Episcopal

 

RAFAEL HERRERO/ MADRID

Los obispos han amenazado con recurrir ante el Tribunal Supremo si no alcanzan un acuerdo definitivo con el Gobierno en materia de enseñanza. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Toledo, cardenal Antonio Cañizares, anunció ayer que la Iglesia católica está dispuesta a “acudir a los tribunales” si no se respetan los Acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede en su vertiente educativa.

El número dos de la cúpula eclesiástica evidenciaba de esta manera el bloqueo en las negociaciones que mantienen los obispos con el Ministerio de Educación para alcanzar un acuerdo sobre el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en relación con la clase de Religión y el estatus laboral de su profesorado. Cañizares encabezó la delegación del Episcopado que se reunió el pasado 25 de mayo con la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, en el marco de la comisión mixta Iglesia-Estado en materia de educación y ambas partes se dieron un plazo prudencial de tiempo para alcanzar algún punto de encuentro sobre ambos aspectos.

Contratación de profesores
El cardenal Cañizares, que abrió ayer el curso de verano “Catolicismo y España”, organizado por la Fundación García Morente y la Universidad San Pablo CEU, dejó claro que la Iglesia no parece dispuesta a cejar en su intención de que los criterios de contratación y renovación de los profesores de Religión sean de su competencia exclusiva, uno de los principales puntos de desencuentro con Educación. Los obispos entienden que así lo contemplan los vigentes Acuerdos Iglesia-Estado, mientras que el departamento dirigido por Cabrera mantiene que la disposición adicional tercera de la LOE contempla que el régimen laboral de estos docentes debe regir “en conformidad con el Estatuto de los Trabajadores”.

La ministra, sin embargo, intentó rebajar horas después el supuesto desacuerdo y manifestó que todavía hay margen suficiente de tiempo para el entendimiento. Mercedes Cabrera anunció que a finales del presente mes se convocará una nueva reunión con los obispos y no descartó llegar a un acercamiento de posturas. “Hay margen para la búsqueda de acuerdos y el debate sigue abierto”, dijo.

 

 

El cardenal Cañizares amenaza con llevar al Supremo la LOE

 

http://www.lavanguardia.es/premium/epaper/20060615/51273606540.html

 

Los obispos se enfrentan al Gobierno por la obligación de justificar la rescisiones de contrato a los profesores de religión

 

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ - MADRID

 

El Ministerio de Educación sostiene que la nueva ley subsana un mal sistema que ha costado más de 300 millones

 

- Se reabre la polémica de la ley orgánica de Educación (LOE). El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, afirmó ayer que están dispuestos a acudir al Tribunal Supremo si el Ministerio de Educación se desentiende del acercamiento que aseguran haber logrado en el desarrollo normativo de la LOE sobre los profesores de religión y acaba por no respetar los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.

Durante la inauguración del curso de verano de la Universidad CEU-San Pablo sobre Catolicismo y

España,Cañizares avanzó que habían llegado a una "base de acuerdo" con el Ministerio de Educación sobre la renovación contractual de los profesores de religión. "Si no se cumple, sería recurrido inmediatamente ante el Tribunal Supremo", advirtió. Sin embargo, desde el departamento de Mercedes Cabera puntualizaron que en las negociaciones con la jerarquía católica únicamente reconocieron por escrito, a petición de la Conferencia Episcopal, que "el derecho español reconoce los términos que se expresan en los tratados internacionales", como los acuerdos con el Vaticano. Además, recuerdan que la ley está en vigor desde finales de mayo y, por tanto, todos los aspectos que tienen que ver con derechos de los ciudadanos y los trabajadores.

En todo caso, el subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Gurrea, que ha participado en la negociación, aclaró que el próximo curso, el 2006-2007, todos los profesores de religión verán renovado automáticamente su contrato. En el caso de que haya algún impedimento para ello, los obispos - como el resto de las confesiones- "deberán justificar de manera razonada" dicha decisión. Para Gurrea, la modificación introducida en la LOE viene a subsanar una regulación "deficiente", fijada en 1998, y que ha supuesto para las arcas del estado un desembolso de más de 300 millones de euros, para hacer frente a los procesos judiciales por despido improcedente de profesores de religión.

El arzobispo de Toledo aprovechó su intervención para criticar duramente no sólo la política educativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero sino, en general, todas sus políticas sociales. "Hoy en España la familia padece graves males", afirmó. En especial, destacó la amenaza que supone la aprobación de los matrimonios gays, que, en su opinión, pone en riesgo la estabilidad de la sociedad. "Me hieren los oídos - admitió- cuando hay voces que hablan de progreso con aspectos que van en contra de la familia. Que no se diga que es progreso social".

Cañizares concluyó que la familia es la "verdadera grandeza de una nación" y la institución más importante como "camino de humanidad" y de formación. En defensa de sus argumentos, llegó a equiparar el aborto con la guerra de Iraq y la violencia machista: "¿Cómo se puede decir no a la guerra y sí al aborto? ¿Cómo condenar la violencia en el hogar y no hacerlo con el aborto?".

 

 

 

polémica educativa respecto a la religión

Profesores piden que se retiren todos los símbolos religiosos de los colegios

 

Hasta la fecha, ningún centro ha pedido esta medida, si bien la Junta de Personal Docente no Universitario afirma que los directores "no se atreven"

 

El Día. Córdoba

LOURDES CHAPARRO
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Fuera crucifijos e imágenes de la Virgen, así como cualquier otro elemento o símbolo religioso, de las instalaciones educativas de carácter público. Ésta es la reivindicación que ayer planteó la Junta de Personal Docente no Universitario, integrada por siete sindicatos y que representa a alrededor de 10.000 profesores de Córdoba, tras la celebración del último pleno del curso escolar. En su resolución, adoptada por mayoría de los miembros, las organizaciones "exigen a la Delegación de Educación adoptar las medidas necesarias para retirar la simbología religiosa de los centros docentes públicos".

El presidente de la Junta de Personal Docente no Universitario, Eduardo Latorre, explicó que la razón de su petición se basa en el artículo 16 de la Constitución española, en el que "se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley". En el texto también se apunta que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias" y que "ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

La ley orgánica 7/80 y un informe del Defensor del Pueblo Andaluz del 6 de agosto de 2001 son los otros fundamentos con los que se argumenta la demanda, apuntó el también profesor del instituto de Educación Secundaria Alhaken, centro en el que no existe ningún tipo de elemento religioso.

Latorre reconoció que hasta la fecha no ha habido ninguna petición por parte de los colegios e institutos de Córdoba para que se retiren los iconos, si bien hizo hincapié en que "algunos directores no se atreven a solicitar que desaparezcan los elementos religiosos". El profesor añadió que, "en la actualidad, no hay ninguna oficina, ni edificio público en el que haya elementos de este tipo".

Fuentes consultadas por este periódico reconocieron ayer que algunos profesores de Religión de la provincia sí tienen problemas a la hora de impartir su clase, ya que en algunos centros ya no hay símbolos religiosos. Esta situación obliga a los responsables de esta materia a llevar, por ejemplo, un crucifijo a la hora de desarrollar sus programas.

Se trata de la primera petición formal que se registra en Córdoba, que, además, surge después de que la Delegación de Educación de la Administración autonómica en Jaén emitiese una orden para que se retirasen los símbolos cristianos de las aulas del colegio público San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén), tras la solicitud que realizaron varios padres. La orden llegó tras las quejas recibidas desde la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, quien se hizo eco de la denuncia de un padre del centro que se negó a que sus hijos fueran a una clase en la que había símbolos cristianos.

La decisión provocó las críticas del Obispado jienense, desde donde se mostró la extrañeza de que la Junta de Andalucía acatase la propuesta y que "se basara en una legislación que no existe" y que "incumple los acuerdos Iglesia-Estado".

Este periódico se puso en contacto ayer con el Obispado de Córdoba para conocer la opinión del prelado, Juan José Asenjo, aunque no hubo pronunciamiento alguno acerca de la petición realizada por la Junta de Personal Docente no Universitario

 

 

 

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