Revista
de
Premsa
Los directores
piden ser "autoridad pública" dentro de los centros
J. A. A. - Madrid
EL PAÍS - 22-05-2006
Los agentes de policía son autoridades públicas.
Esa condición les confiere principio de veracidad, es decir, que su palabra
supone en sí misma una prueba, incluso en un juicio. Los directores de colegios
e institutos públicos quieren ser "autoridad pública" y contar con el principio
de veracidad dentro de sus centros, entre otras razones, para intentar combatir
los problemas de acoso o violencia que se dan en el ambiente escolar.
Además, según el presidente de la Federación de
Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi), José Antonio
Martínez, se trata "de poder ejercer la dirección con garantías, también ante
profesores y padres". "En una ocasión, un chico me tiró un petardo a los pies y
lo primero que me preguntó su madre cuando vino a verme es si tenía alguna foto
que probase que su hijo había hecho eso", relata Martínez, director del
instituto Pío Baroja, de Madrid.
Ante el inminente desarrollo de la recién aprobada
Ley Orgánica de Educación (LOE), miembros de Fedadi de las 17 comunidades
autónomas, que representan a más de 1.150 responsables de centros, se reunieron
recientemente en Santander. La intención era lanzar propuestas para los futuros
reglamentos de los centros de las comunidades.
Entre las iniciativas también figura la de crear
una ventanilla única en cada zona de escolarización que haga "un reparto
idéntico entre los centros escolares de todos los alumnos con necesidades
educativas especiales" (básicamente, hijos de inmigrantes). Esas ventanillas,
sostienen, son la única manera de asegurar un reparto equilibrado de los alumnos
con necesidades especiales, "que son los que suelen llegar a mitad de curso",
asegura Martínez. Los directores reclaman además que en los desarrollos de la
LOE se reconozca efectivamente su capacidad para gestionar el centro, tanto en
la parte pedagógica, como en la de recursos materiales y humanos, y la aparición
de nuevas figuras en la escuela, como trabajadores sociales o técnicos en nuevas
tecnologías.
El problema del acoso
escolar es que suele estar oculto"
SEBASTIÁN TOBARRA -
Barcelona
EL PAÍS - 22-05-2006
Director y catedrático de Lengua y Literatura
Catalana en el instituto Salvador Espriu de Barcelona, Carles Mata preside la
asociación catalana de directivos de centros de enseñanza secundaria AXIA,
integrada a nivel español en la Federación Fedadi.
Pregunta. Los profesores dicen que hay más
problemas de convivencia en los institutos. ¿A qué se deben?
Respuesta. Las circunstancias han cambiado.
Por un lado está la escolarización de todo el alumnado hasta los 16 años. Y, por
otro, el cambio de centro de los alumnos entre la primaria y la secundaria. En
la primaria ya se conocía a los alumnos mientras que en la secundaria eran todos
nuevos.
P. ¿Tienen las direcciones suficiente poder
para atajar los problemas de convivencia?
R. En los primeros años de la LOGSE, hace
10 años, no teníamos muchos medios ni suficiente experiencia. Había alumnos que
debían tener un tratamiento especial derivado de su mala conducta. La
experiencia nos hizo ver el camino para actuar, ya que la legislación nos
ralentizaba la actuación hasta convertirla en casi ineficiente. En 2003 cambió
el sistema de sanciones. Hasta entonces todo pasaba por el consejo escolar y
ahora pasa directamente a los directores.
P. ¿Es mejor este sistema?
R. Es más ágil y da mucha más capacidad de
respuesta inmediata. Ahora la LOE articula que la imposición de sanciones y la
convivencia en los centros sigue en manos de las direcciones, pero abre la
posibilidad de que en caso de reclamación de las familias tiene que ser el
consejo escolar quien lo revise.
P. ¿Qué problemas de convivencia son más
habituales, las agresiones físicas, las psíquicas, el bullying o
acoso...?
R. Son cosas muy diferentes. Hay que
distinguir entre las conductas inadecuadas más frecuentes en un centro escolar,
su gravedad y las causas que provocan el mal clima. Es importantísimo que se
mantenga un buen clima escolar y tener en cuenta dos derechos esenciales para
mantenerlo: por una parte, los profesores tienen que enseñar, pero son
trabajadores y eso no se puede olvidar, y por otra los alumnos tienen derecho a
recibir una educación adecuada.
P. ¿Qué hacen al detectar que un alumno
agrede o acosa a otro?
R. El problema del acoso es que suele estar
oculto y se debe destapar. A las familias les decimos que estén tranquilas y que
observen a sus hijos por si detectan cambios de carácter, aunque entre
adolescentes eso puede ocurrir en cualquier momento. El problema de detectar el
bullying es que hay que destaparlo, y eso sólo se consigue porque un
profesor lo observa o bien porque el alumno no puede más y lo cuenta. Lo que más
nos cuesta es combatir la ley del silencio. Si alguien explica que un compañero
está siendo sometido a prácticas vejatorias se le asocia erróneamente con un
chivato.
P. ¿Y cómo se actúa?
R. Primero hay que investigar a fondo. Con
el bullying es difícil. No queda claro a veces quién es acosado y quién
acosador. La mediación entre iguales en el bullying es difícil. Han de
actuar los adultos y observar las relaciones que se producen en un grupo donde
están los alumnos afectados y avanzar con pies de plomo. Se ha de discernir
quién acosa y quién es acosado, porque el acosado puede sufrir una especie de
negación de que es acosado o no tener la conciencia de que está siendo acosado
porque piensa que eso forma parte de las relaciones normales entre compañeros.
P. Pasando a un ámbito más general, ¿cómo
valora el plan de convivencia que ha presentado el ministerio?
R. Ya era hora de que hubiera iniciativas
así. Éste es un plan del ministerio, pero es sobre todo un acuerdo con los
sindicatos, porque en el fondo los dos están obligados por la ley de riesgos
laborales que protege al trabajador, es decir, al docente, de los cambios en sus
condiciones de trabajo. Estoy de acuerdo con el plan, pero no en que se enfoque
sólo desde el punto de vista del alumnado, es decir, de la convivencia alterada
por el alumno, que es básicamente cierto. Desde la asociación de directivos de
Cataluña, AXIA, pensamos que se ha de enfocar mucho desde la ley de riesgos
laborales, protegiendo al mismo tiempo el derecho a la salud del profesorado y
el derecho al aprendizaje del alumnado. Y eso significa que se debe informar
bien a los equipos directivos para que actúen correctamente, cosa que no se está
haciendo. La LOE, al igual que la Ley de Calidad, determina que los directores
son los jefes de personal de los centros, y la ley de prevención de riesgos
laborales responsabiliza a los empresarios, o sea al Ministerio de Educación y a
las comunidades autónomas, de mantener la seguridad en los centros, y a los
jefes de personal de garantizar esa seguridad laboral.
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