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Levante-EMV, Valencia
La Federación Valenciana de Estudiantes (Faavem) manifestó ayer que
«echa de menos saber qué aportaciones de la comunidad educativa se han
tenido en cuenta» en la redacción del anteproyecto de Ley Orgánica de
Educación y pidió «consenso social y político» para «no sufrir en
las aulas cada cambio de Gobierno».
Sobre las medidas previstas en el texto, la federación consideró
positiva la eliminación de la prueba de bachillerato y que en la
elección de los directores de centro tenga más peso el consejo escolar.
También se manifestaron a favor de que la asignatura de Religión sea de
oferta obligatoria y curso optativo, así como que sea evaluable pero no
computable. Sin embargo, criticaron que el anteproyecto no contemple la
memoria económica ni la financiación.
Desde la Federación de Centros Católicos (FERE) en la Comunidad
Valenciana se rechazó que el texto «no haya surgido de un pacto global o
de un consenso» y destacaron que la asignatura de Religión y la
financiación de los centros quedan sin resolver.
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El PSPV asegura que las comunidades y el
Gobierno costearán la reforma educativa
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Soler
propondrá al ministerio que «no haya una asignatura alternativa a la
religión»
Maite Ducajú, Valencia
El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora afirmó ayer que el
anteproyecto de Ley Orgánica de la Educación (LOE), presentado el
miércoles por el ministerio, «introduce inestabilidad» y supone una
«pérdida de calidad porque reproduce los aspectos más negativos de la
Logse». Al contrario, el secretario de Educación del PSPV, Miguel Soler,
subrayó que el texto es «una reforma muy progresista» y «un intento
por recuperar el protagonismo de la escuela pública después de unos
años de gobierno del PP en que se había perdido».
Soler explicó que los costes y la financiación de la aplicación de la
futura ley, prevista para 2006-07, serán establecidos «de forma
compartida» en los próximos meses entre el ministerio y las comunidades
autónomas, que, como en el caso de la Valenciana, ya han reclamado una
memoria económica ante la reforma.
El portavoz del PSPV expresó que «cualquier mejora de la calidad
educativa y de reducción del fracaso escolar requiere más y mejores
inversiones, pero no puede ser sólo desde el Estado, tiene que haber un
compromiso de las comunidades autónomas. Habrá que llegar a acuerdos
para ver los aspectos añadidos, las novedades que suponen un incremento
adicional». Y afirmó que la memoria económica de la LOE se presentará
cuando la ley se debata en el Congreso de los Diputados e irá acompañada
de un trabajo en el que se establezcan «los objetivos prioritarios» en
cada Comunidad.
El responsable socialista en materia educativa dijo estar «contento» de
que Font de Mora pida financiación al Gobierno pues recordó que cuando
el PP aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) el
entonces conseller de Educación, Esteban González Pons, aseguró que no
era necesaria una financiación adicional. «Espero que la petición no
dependa de cual sea el partido que gobierna» comentó.
Tras indicar que el proyecto ministerial incluía muchas de las peticiones
realizadas desde el PSPV, después de varios meses de debates y 30
consultas, Miguel Soler explicó la intención de su partido en la
Comunidad Valenciana de presentar en 2006 una Ley Integral de Formación
autonómica que permita implicar al conjunto de la sociedad en la
educación.
También, el partido en la Comunidad propondrá, en el proceso de debate
de la LOE que ahora se abre, que «no exista una alternativa a la
asignatura de Religión» porque «los padres que quieren que se estudie
esta asignatura ya tienen reconocido ese derecho; ahora queremos que se
reconozca el de aquellos que no desean que se curse ningún tipo de
religión» explicó Soler.
En su opinión, la decisión de una distribución equitativa del alumnado
inmigrante se puede hacer ya cambiando la normativa de admisión y dotando
de más recursos a los centros que escolarizan estudiantes con necesidades
educativas por estar en determinadas zonas.
De la futura ley Soler destacó el cambio a favor de la representación de
la comunidad educativa en la selección de directores de centros; que las
dos pruebas de nivel no puntuables servirán para conocer el sistema
educativo en el conjunto del país y que se mantienen los mínimos del
curriculares, de los que el ministerio fijará el 55% y el 45% las
comunidades autónomas con lengua propia.
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