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15/03/03 El ‘hecho religioso’ de la guerra
15/10/02

El cuento de nunca acabar. A propósito de CIEGSA

8/08/02

Precarietat laboral a l’ensenyament

6/08/02

'Queremos un marco de relaciones laborales estrictamente valenciano' Entrevista a V. Maurí

10/12/01

La respuesta a la ley orgánica de universidades

7/05/00

Per què l’Ensenyament Públic?

Iniciativa en defensa de l'Horta

Escola, comarca i adults

Sobre el professorat interí

La qualitat de l'educació pública i el desconcert de Comissions Obreres

Immigrants i educació

La enseñanza, tomada como rehén


 
 

El ‘hecho religioso’ de la guerra

Manuel Marrero Morales (Maestro)

 
    

Estoy preparando una lección ¿ocasional? sobre la paz para mis alumnos de primer ciclo de Secundaria. Los ingredientes posibles para ello son múltiples y variados; por lo que me veré obligado a seleccionar. Lógicamente -y puesto que no creo en la neutralidad científica- lo haré desde el punto de vista de una educación en valores, porque es mi obligación ciudadana y profesional, y porque yo también estoy claramente posicionado en contra de las guerras y del terrorismo.

Habrá que comenzar aclarando algunos conceptos muy al uso en los medios de comunicación: ONU, Consejo de Seguridad y derecho al veto; distintas formas de medir la obligación de cumplir resoluciones según a quien estén dirigidas (el desarme de Irak o Israel respecto a Palestina; la dictadura de Sadam o Marruecos con relación al Sahara); guerra preventiva; fundamentalismo relacionado tanto con cristianismo como con islamismo; grupos terroristas y terrorismo de Estado; guerra, justicia y legalidad; multinacionales y nuevas formas de colonización; materias primas, consumo, fuentes de energía, derecho de propiedad; armamento atómico, químico y bacteriológico; efectos colaterales, armas de destrucción masiva y bombas inteligentes (¡aplicarle este término a artefactos cargados de muerte!); objetividad y derecho a una información veraz; convivencia pacífica, diplomacia, diálogo y resolución negociada de los conflictos.

Será necesario que investiguen, oigan la radio, lean los periódicos, vean los telediarios, consulten a través de Internet varias fuentes sobre estos asuntos y luego expongan en clase lo que hayan seleccionado. Esto nos servirá para confrontar diversas ideas e ir obteniendo algunas conclusiones.

Pero aquí me surge una duda ¿cabrá esta reflexión dentro del llamado ‘hecho religioso’ que el Gobierno del PP va a imponer en los centros educativos, como alternativa a la enseñanza de la religión católica, y con un número de horas superior a la Educación Física, la Educación Plástica o las propias Ciencias Naturales? ¿Cómo les voy a explicar a los chicos y chicas que el Gobierno de este país y el Parlamento –dos de los tres poderes de la democracia (además de banqueros, obispos, militares y medios de comunicación)- han apostado por la guerra como forma de solución de los conflictos, como excusa para la rapiña y la apropiación de las riquezas del subsuelo iraquí, el segundo más rico del mundo en petróleo? ¿Cómo les voy a hablar de la Unión Europea, como organización política, económica y social? ¿Cuál es el referente para hablarles de valores de paz y democracia? ¿Cómo les voy a hablar de respeto a nuestros gobernantes, si no se hacen acreedores del mismo y, además, dicen cumplir una misión divina?

Seguramente, vamos a tener que recurrir a la voz popular expresada por millones de personas en las calles de todo el mundo, como un auténtico clamor contra la inconsciencia de algunos dirigentes. Eso nos llevará a interrogarnos sobre qué quieren decir las pancartas que aparecen en las fotos y cuyos textos rezan: ‘No más sangre por petróleo’, ‘Ninguna guerra ni es justa ni es legal’, ‘No al intervencionismo yanqui’, ‘No al imperialismo de Bush y sus acólitos Blair y Aznar’,... Es muy probable que, al final, concluyamos que tendremos que volver a salir a concentrarnos al patio del Instituto o a la plaza del pueblo, como ya hicimos hace un par de semanas, leyendo unos poemas y un manifiesto y entonando una canción.

¡Qué peligrosos son los que actúan porque dicen que tienen una ‘misión trascendental’ que cumplir, los que se creen designados por su divinidad para salvar a la humanidad!

 

 


 

El cuento de nunca acabar 
A propósito de CIEGSA

SANTIAGO ESTAÑAN
Santiago Estañán es profesor de Secundaria y delegado sindical del STEPV. El País. 15/10/02

 
    
El pasado 7 de septiembre la empresa Construcciones e Infraestructuras de la Generalitat Valenciana Sociedad Anónima (Ciegsa) presentó en el Palacio de Congresos de Valencia los resultados de sus actuaciones. El acto contó con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana. Desde el STEPV-IV consideramos que este acto sólo tiene una clara significación propagandística y que con esta actuación se está menospreciando a las Cortes Valencianas, lugar donde se tenía que haber debatido el Mapa Escolar y el estado de las infraestructuras. También se menosprecia al Consell Escolar Valencià, máximo órgano de representación de la comunidad escolar, y a las distintas mesas constituidas (de padres y madres, de alumnado y sectorial) que no han tenido la posibilidad de debatir sobre todos estos aspectos.

Por otra parte, el sindicato considera que el acto ha sido una cortina de humo, que esconde la realidad y el fracaso de la política de la Generalitat Valenciana en la construcción de las infraestructuras educativas. La LOGSE es del año 1990, el Mapa Escolar del 1996, y éste debía estar completado el curso 1997-98, es decir, en el momento de la generalización de la Educación Secundaria. No ha sido así, y seis años después de su presentación todavía faltan muchos de los centros previstos. 

El gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha intentado desde su primera legislatura (y ya llevan dos) convencernos de que somos la primera comunidad autónoma que completará el mapa de infraestructuras escolares. Pero la realidad es muy tozuda. En el primer año de gobierno (julio de 1995) desde la Consejería de Cultura y Educación se paralizaron todos los proyectos que en aquel momento estaban iniciados, incluso los que tenían la redacción del proyecto básico de construcción acabado. Así se produjo un parón en todos los proyectos previstos y sólo se ejecutaron los que ya estaban en marcha, dilatándose en algunos casos la finalización de las obras para apuntarse la inauguración de los nuevos centros como suyas.

A partir de ese momento comenzó la ingeniería administrativa. Primero fue el invento de los convenios con los ayuntamientos para que estos colaborasen en la construcción de los centros escolares necesarios en sus municipios, con una fórmula de pago diferido, es decir primero el municipio asume la construcción y después la Generalitat Valenciana paga. Como no fueron muchos los ayuntamientos que se sumaron al invento, se puso en marcha una nueva idea. Convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) con el mismo objetivo, que fuese otra institución la responsable de las obligaciones de construcción de los centros. Así las cosas, según el último informe remitido el 10 de septiembre por la Consejería de Cultura y Educación las obras terminadas según las diferentes instituciones encargadas de su construcción son las referidas en el gráfico 1.

Paralelamente en los presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana se consignaban año tras año unas cifras millonarias en el capítulo de inversiones que de haberse ejecutado eficazmente hubieran resuelto, en su momento, el problema de las construcciones escolares. En el cuadro 2 vemos la evolución de las inversiones previstas en los presupuestos de la Generalitat desde 1995 hasta el 2002.

Con todos estos ingenios administrativo-financieros el Mapa Escolar no avanzaba y llega el invento final, Ciegsa. La privatización del servicio publico de construcciones para llegar a realizar el Mapa Escolar en el año 2003. Esta empresa no ha añadido nada nuevo a los procedimientos anteriores utilizados por la Consejería de Cultura y Educación, parte de sus trabajadores ya lo eran, sus locales están en el propio recinto de la avenida de Campanar y su presupuesto es la gran incógnita. Al ser una empresa privada sus cuentas también lo son y aparecen opacas al control incluso de las Cortes Valencianas.

Tampoco ha quedado demostrado que con este ingenioso sistema de privatizar la gestión de las construcciones escolares se adelante o se ahorre dinero. Los pasos para la construcción de un colegio o de un instituto siguen siendo los mismos, dependen para su inicio de la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos y las fases en la redacción de los proyectos continúan igual. Además, ha quedado demostrado que el sistema es más caro que el anterior como se puede apreciar, como ejemplo, en el cuadro 3, donde se recogen las previsiones de los costes de construcción facilitados por la Consejería de Cultura y Educación en los listados de previsión de las construcciones educativas y el coste anunciado en las subastas de Ciegsa. 

La Generalitat Valenciana ha ido por detrás de los acontecimientos: primero con los convenios con determinados ayuntamientos, después con el Instituto Valenciano de la Vivienda, y ahora con Ciegsa. Todo eso ha motivado que las infraestructuras no estén acabadas cuando eran necesarias, que era aquello que quería el gobierno de la Generalitat Valenciana.

En este sentido hay que recordar las palabras del primer consejero de Educación, Fernando Villalonga, que ya anuncio que la enseñanza pública debía ser subsidiaria de la privada. Ésta y no otra ha sido la política que ha hecho el Partido Popular desde el momento en que asumió la Consejería de Educación. Lo demás son cuentos chinos.

 

Precarietat laboral a l’ensenyament

Vicent Maurí Genovés
Secretariat Nacional de l’STEPV-IV

 
    
 

L’ex-president Eduardo Zaplana ha acabat el seu mandat de set anys sense resoldre la precarietat en què es troben més de 25.000 interins al servei de la Generalitat. En maig de 2001, Zaplana va anunciar un pacte per reduir la precarietat que va conduir a una sèrie d’acords en els àmbits de la Mesa General de la Funció Pública i de les diferents meses sectorials. La iniciativa era oportuna i, en el cas de l’ensenyament, responia a les importants mobilitzacions del professorat interí de la primavera de 2001 convocades per l’STEPV-Iv i AFIDCV. Però les pressions de determinades organitzacions sindicals i de sectors de la pròpia Administració, especialment de les conselleries d’Educació i de Sanitat, van malbaratar la iniciativa.

L’STEPV-Iv no va subscriure l’acord d’ensenyament i el temps ens ha donat la raó. No es va voler arribar a compromisos ni a modificacions normatives que donaren solució a la precarietat laboral. Al llarg del curs que acaba, ni s’ha modificat el Reial Decret 850/93 ni tampoc la futura Llei de Qualitat arreplega les propostes de l’STEPV-Iv i d’altres sindicats per possibilitar un accés diferenciat al professorat interí. Per contra, es manté l’actual sistema de concurs-oposició i s’acorda una oferta d’ocupació pública docent per a 2002 sense el suport de la representació majoritària de la Mesa Sectorial d’Educació: no la van subscriure STEPV-Iv, UGT i CSIF.

En resum, al llarg del curs 2001-02 no s’ha encarat la negociació d’un nou sistema d’accés a la funció pública docent ni s’ha avançat en fòrmules que permenten l’estabilitat del personal interí. Tampoc no s’ha fet a d’altres sectors de la funció pública valenciana per altres raons. El grau de precarietat laboral en el sector públic ha augmentat: la precarietat és superior al 25% a l’Administració del Consell i afecta a unes 3.800 persones; a l’ensenyament voreja el 25%, unes 10.000 persones; i en sanitat són 9.340 les persones afectades, un 29%.

Aquesta precarietat és molt més que un concepte laboral, ja que té una lectura social i personal, fins i tot política, que s’ha d’incloure necessàriament en la compresió de les seues conseqüències. Els governants han usat i usen llocs de treball per controlar políticament l’Administració, especialment en determinats sectors i llocs de treball de la funció pública, com ara Sanitat i l’Administració del Consell. Aquesta és la causa principal de l’objecció manifestada pels sectors més reticents a la solució a la problemàtica dels interins en l’àmbit de l’Administració del Consell, és a dir, del personal que treballa a les diferents conselleries, serveis territorials i oficines públiques de la Generalitat.

La justa i desitjada estabilitat laboral s’ha de compatibilitzar amb els drets del personal fix a ocupar per concurs públic qualsevol lloc de treball adjudicat "digitalment" a personal interí, a la promoció interna, a la millora d’ocupació i a la mobilitat funcional i geogràfica, garanties presents al sector de l’ensenyament però no a d’altres àmbits de la funció pública, i, per tant, no hi ha picabaralles entre personal interí fix.

L’estabilitat del personal interí ha de partir d’un sistema transparent de borses de treball –com passa a l’ensenyament-, única porta d’entrada al treball, i ha d’abocar a un sistema d’accés a la condició de funcionaris de carrera que reconega l’experiència i els serveis prestats. La solució a la precarietat dels interins ha de suposar simultàniament el final d’una llarga etapa en què l’Administració l’ha estat instrumentalitzant en benefici propi. Les mesures adients per acabar amb la precarietat han de ser les que aporten estabilitat al funcionament dels serveis públics i alhora no suposen un cost personal i laboral per a qui està fent la feina des de fa anys.

Els sistemes de provisió de personal han de permetre que qui tinga un treball en precari i haja accedit de manera legal, neta i transparent hi puga romandre i consolidar el seu treball. La simple convocatòria d’oposicions –quan hi ha milers de persones que ja ocupen els llocs de treball que s’ofereixen- no és la solució, ja que suposa bescanviar unes persones per altres. Així, s’acabaria amb la precarietat dels llocs de treball a canvi d’empitjorar la de les persones que siguen foragitades del sistema.

El que cal aconseguir al capdavall és consolidar el treball existent i crear-ne de nou: que continue treballant qui ja treballa i que accedesquen als nous llocs de treball aquelles persones que encara no tenen feina.

 

'Queremos un marco de relaciones laborales estrictamente valenciano'

VICENT MAURI
DIRIGENTE DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA
Entrevista de CRISTINA VÁZQUEZ
El País 6 d'agost 2002

 
    

La Intersindical Valenciana (IV) se constituyó en mayo con la participación del STEPV ( mayoritario en el sector docente), el STA (presente en un centenar de municipios), y el PUT (representado en Ford).

Pregunta. ¿Desde cuándo se viene gestando la IV?

Respuesta. Es un proyecto que se conforma en el congreso del STEPV de 1992. Hubo colectivos que opinaban que este modelo, basado en la autonomía y el asamblearismo, era exitoso y lo podíamos exportar a otros sectores de la producción y de la función pública. Otro elemento que influyó fue el descontento en diferentes sectores de los trabajadores con el modelo de los sindicatos mayoritarios.

P. ¿Qué diferencia a la IV de las grandes centrales sindicales?

R. Nuestras señas son la participación y el asamblearismo. Vinculamos a las bases al tomar decisiones. Es un modelo difícil de administrar, pero es una cultura democrática que tenemos desde hace 25 años. Otro elemento es la autonomía; no dependemos de ninguna organización política ni de la Administración.

'La política de este Gobierno ha sido una sucesión de recortes de derechos laborales'

P. Parece que lo tienen difícil.

R. No ser correa de transmisión es a veces molesto para cualquier gobierno; para el del PP y para los anteriores. Ser independiente significa no ser controlable y el poder a veces te margina o te intenta laminar, cosa que nos ha pasado a los que integramos la Intersindical. Pero no han podido. La pluralidad es un valor para la IV, donde conviven personas de diversas sensibilidades políticas y no hay problemas. Creemos posible cerrar acuerdos y trabajar sin el sectarismo que caracteriza a determinados partidos.

P. ¿Ha habido algún contacto con la Generalitat?

R. Ninguno. No fueron al congreso constituyente, a pesar de que los invitamos. Nuestras relaciones con el poder son malas desde el punto de vista de que no hemos tenido nunca un reconocimiento público ni tan sólo una reunión formal.

P. ¿Y cómo son sus relaciones con UGT y CC OO?

R. Hay gran descontento entre los trabajadores con los sindicatos tradicionales, visible en el crecimiento de proyectos intersindicales en todo el Estado. Crecemos en Baleares, Murcia, Andalucía, Cantabria y Asturias. La intersindical canaria tiene casi el 14% de representación, y después está Ciga en Galicia, ELA en el País Vasco o la Intersindical Alternativa en Cataluña.

P. ¿El objetivo es una coordinadora estatal?

R. No nos lo hemos planteado. Nuestro proyecto apuesta por un sindicalismo nacional en el País Valenciano, que tampoco renuncia a relacionarse con otras organizaciones en temas puntuales como una huelga general o las reformas laborales. Participamos también en movimientos antiglobalizadores, pero no estamos en la línea de construir un sindicato de ámbito estatal.

P. ¿Qué reivindica la IV?

R. La reducción de la jornada a 35 horas semanales, mejora de los salarios y la contratación, la generalización de la cláusula de revisión salarial y más seguridad en el trabajo. Pero, más allá de todo esto, queremos un marco de relaciones laborales de ámbito estrictamente valenciano, con plenas competencias en materia de trabajo, salud laboral, etcétera. Ahí nos diferenciamos de las centrales sindicales, que han pactado recientemente lo contrario, que es centralizar la negociación colectiva en Madrid.

P. La IV participó en la organización de la huelga del 20-J. ¿Cómo la valoran?

R. Estamos contentos con la actitud de UGT y CC OO hacia nosotros y otros sindicatos porque pudimos llegar a acuerdos. Por primera vez se llamó a una participación en igualdad de condiciones, y eso no ha pasado en otros lugares del Estado. Fue un acierto que todos los sindicatos que se oponen a las políticas del gobierno del PP estuviéramos trabajando codo a codo. La izquierda y el mundo sindical deben dialogar y llegar a acuerdos. Esa unidad sindical fue esencial para que la huelga fuera un éxito.

P. ¿Espera un cambio en la postura del nuevo Gobierno?

R. Que Eduardo Zaplana sea ministro de Trabajo no nos aporta nada novedoso porque la política no la hace una persona sino un gobierno y el presidente es el mismo. Y la política de este Gobierno ha sido una sucesión de agresiones y recorte de derechos sociales y laborales, por eso la Intersindical defendía una política de confrontación desde hacía mucho tiempo. Creemos que continuarán las agresiones y por tanto la confrontación hasta que el Gobierno cambie de actitud.

P. ¿Qué opina la IV de la política cultural y lingüística del PP?

R. Defendemos el uso del valenciano y estamos muy alejados de la política lingüística del PP. Se está profundizando en el secesionismo lingüístico porque la Acadèmia [Valenciana de la Llengua], que podía haber zanjado un conflicto político, se creó con un handicap importante: la presencia de políticos como es el caso de su presidenta, una ex alto cargo del PP.

 

 

La respuesta a la ley orgánica de universidades

Antoni Viñas. Coord. Universitat-STEPV-Iv
El País. 10/12/01

 
    
El éxito que han conseguido las diversas convocatorias unitarias de movilización, insólitas por la participación alcanzada desde la época franquista y de la transición, en las diferentes universidades del País Valenciano y del Estado, en contra del proyecto de Ley Orgánica de Universidades, ha superado los pronósticos más optimistas. Tanto la huelga general universitaria del día 7 de noviembre, como las huelgas estudiantiles de los días 25 de octubre y 14 y 28 de noviembre, que han culminado con la marcha a Madrid del 1 de diciembre con más de 300.000 participantes llegados de todas las nacionalidades y regiones del Estado, han demostrado el talante de la comunidad universitaria de no ceder ante un proyecto de ley gravemente lesivo para la más alta institución de enseñanza e investigación de que se ha dotado nuestra sociedad. Asimismo las recientemente celebradas elecciones a claustro de la Universitat de Valencia confirman el hecho de que la mayoría del personal es claramente contrario a los contenidos substanciales de la ley.

Esta contundente respuesta es la prueba más patente del rechazo de la comunidad universitaria a un proyecto de ley impuesto unilateralmente por el gobierno, no consensuado ni con las fuerzas políticas, ni sindicales, ni con los representantes más autorizados de las universidades Es una norma que se ha hecho despreciando e incluso insultando a los distintos sectores de la comunidad universitaria. No se puede pretender, siguiendo la más elemental prudencia política, imponer una ley provocando la beligerancia de aquellos que la han de aplicar.

Al margen del procedimiento seguido para sacarla adelante, esta ley no mejora ni el funcionamiento de las universidades ni la calidad de las enseñanzas que se imparten en éstas. Carece de un plan de financiación que permita lograr los parámetros de calidad que toda la comunidad universitaria desea. Más bien por el contrario, en vez de acudir a crear y mantener las estructuras necesarias para conseguirla, el Gobierno no parece tener más interés que ingerirse en los órganos de gobierno de las universidades para controlarlas y someterlas a sus intereses partidistas, y establecer medidas sustancialmente agresivas de la calidad que dice propugnar. En esto reside el cambio que necesita la universidad española.

En contra de lo que manifiestan sus escasos defensores, esta ley es un proyecto centralista que atenta contra la autonomía universitaria al privarle, entre otros aspectos, de la parte esencial de intervención en el proceso de selección del profesorado: la evaluación de la idoneidad como personal docente e investigador, que queda en manos de la ya tristemente célebre 'habilitación nacional', volviendo al sistema de oposiciones centralizadas y controladas por los clanes y mafias profesorales que así ven recuperados sus antiguos privilegios. Las enmiendas introducidas por el PP en este apartado han empeorado notablemente la situación, porque el profesorado actualmente contratado ha visto sus expectativas de promoción truncadas por la implantación inmediata del nuevo sistema. Éste desprecia la formación lograda en los equipos de trabajo, a los que irresponsablemente desarticula, en cuyo seno se ha trabajado, estudiado e investigado, al obligar a los futuros ayudantes a desvincularse de la universidad de origen durante por lo menos dos años. ¿Es esto un parámetro de calidad?

El proyecto, de convertirse en Ley, agravará la precariedad del trabajo en la Universidad, al aumentar las figuras de contratados y al permitir hasta un 49% de profesorado no funcionario, situación absolutamente rechazable al aumentar la inestabilidad en los puestos de trabajo del profesorado. Nunca la inestabilidad ha sido un factor de calidad para la docencia y la investigación.

La elección de rector por sufragio universal, como se propone, es sólo una falsa imagen democrática, puesto que lo que se plantea en realidad es una elección corporativa y censitaria al darle el 51% de los votos a los funcionarios doctores, la influencia de los cuales sale claramente reforzada en detrimento de otros sectores del profesorado, de los estudiantes y del PAS. Tampoco puede decirse que sean estas restricciones factores de calidad, sino provocaciones a la reivindicación permanente y motivos constantes de inestabilidad. Asimismo la participación democrática en el gobierno de las universidades queda reducida considerablemente en favor de una gestión profundamente tecnocrática.

La teórica desaparición de la selectividad que contempla el proyecto de Ley queda absolutamente neutralizada por la anunciada reimplantación de una reválida al finalizar el Bachillerato -de indudable resonancia franquista- o de una prueba de ingreso en las universidades que la establezcan, lo cual fomentará la elitización de algunas universidades -naturalmente privadas- frente a la mayoría de las del sistema público.

Los mecanismos mercantilistas de financiación someterá a un proceso de privatización a la investigación que pasará a servir los intereses inmediatos de los grupos económicos que la paguen o que estén vinculados a círculos próximos al poder. La llamada interacción dinámica de la universidad y la sociedad permitirá justificar la falta de fondos para aquellas actividades docentes e investigadoras que se aparten del servicio inmediato al sistema productivo del sistema.

No debemos confiar en que durante el trámite parlamentario que resta el gobierno y el partido que le da apoyo rectifiquen. La prepotencia y la soberbia de que hacen ostentación y el compromiso con los intereses que representan no les permiten la reflexión y la rectificación que la comunidad educativa les pide. Aun así la masiva protesta continuará, como continuará la resistencia a la aplicación de los aspectos más negativos de esta funesta ley, hasta llegar al momento en que se elabore otra sobre la base de la necesaria negociación, el escrupuloso respeto a la autonomía universitaria y a los intereses generales de la sociedad.El éxito que han conseguido las diversas convocatorias unitarias de movilización, insólitas por la participación alcanzada desde la época franquista y de la transición, en las diferentes universidades del País Valenciano y del Estado, en contra del proyecto de Ley Orgánica de Universidades, ha superado los pronósticos más optimistas. Tanto la huelga general universitaria del día 7 de noviembre, como las huelgas estudiantiles de los días 25 de octubre y 14 y 28 de noviembre, que han culminado con la marcha a Madrid del 1 de diciembre con más de 300.000 participantes llegados de todas las nacionalidades y regiones del Estado, han demostrado el talante de la comunidad universitaria de no ceder ante un proyecto de ley gravemente lesivo para la más alta institución de enseñanza e investigación de que se ha dotado nuestra sociedad. Asimismo las recientemente celebradas elecciones a claustro de la Universitat de Valencia confirman el hecho de que la mayoría del personal es claramente contrario a los contenidos substanciales de la ley.

Esta contundente respuesta es la prueba más patente del rechazo de la comunidad universitaria a un proyecto de ley impuesto unilateralmente por el gobierno, no consensuado ni con las fuerzas políticas, ni sindicales, ni con los representantes más autorizados de las universidades Es una norma que se ha hecho despreciando e incluso insultando a los distintos sectores de la comunidad universitaria. No se puede pretender, siguiendo la más elemental prudencia política, imponer una ley provocando la beligerancia de aquellos que la han de aplicar.

Al margen del procedimiento seguido para sacarla adelante, esta ley no mejora ni el funcionamiento de las universidades ni la calidad de las enseñanzas que se imparten en éstas. Carece de un plan de financiación que permita lograr los parámetros de calidad que toda la comunidad universitaria desea. Más bien por el contrario, en vez de acudir a crear y mantener las estructuras necesarias para conseguirla, el Gobierno no parece tener más interés que ingerirse en los órganos de gobierno de las universidades para controlarlas y someterlas a sus intereses partidistas, y establecer medidas sustancialmente agresivas de la calidad que dice propugnar. En esto reside el cambio que necesita la universidad española.

En contra de lo que manifiestan sus escasos defensores, esta ley es un proyecto centralista que atenta contra la autonomía universitaria al privarle, entre otros aspectos, de la parte esencial de intervención en el proceso de selección del profesorado: la evaluación de la idoneidad como personal docente e investigador, que queda en manos de la ya tristemente célebre 'habilitación nacional', volviendo al sistema de oposiciones centralizadas y controladas por los clanes y mafias profesorales que así ven recuperados sus antiguos privilegios. Las enmiendas introducidas por el PP en este apartado han empeorado notablemente la situación, porque el profesorado actualmente contratado ha visto sus expectativas de promoción truncadas por la implantación inmediata del nuevo sistema. Éste desprecia la formación lograda en los equipos de trabajo, a los que irresponsablemente desarticula, en cuyo seno se ha trabajado, estudiado e investigado, al obligar a los futuros ayudantes a desvincularse de la universidad de origen durante por lo menos dos años. ¿Es esto un parámetro de calidad?

El proyecto, de convertirse en Ley, agravará la precariedad del trabajo en la Universidad, al aumentar las figuras de contratados y al permitir hasta un 49% de profesorado no funcionario, situación absolutamente rechazable al aumentar la inestabilidad en los puestos de trabajo del profesorado. Nunca la inestabilidad ha sido un factor de calidad para la docencia y la investigación.

La elección de rector por sufragio universal, como se propone, es sólo una falsa imagen democrática, puesto que lo que se plantea en realidad es una elección corporativa y censitaria al darle el 51% de los votos a los funcionarios doctores, la influencia de los cuales sale claramente reforzada en detrimento de otros sectores del profesorado, de los estudiantes y del PAS. Tampoco puede decirse que sean estas restricciones factores de calidad, sino provocaciones a la reivindicación permanente y motivos constantes de inestabilidad. Asimismo la participación democrática en el gobierno de las universidades queda reducida considerablemente en favor de una gestión profundamente tecnocrática.

La teórica desaparición de la selectividad que contempla el proyecto de Ley queda absolutamente neutralizada por la anunciada reimplantación de una reválida al finalizar el Bachillerato -de indudable resonancia franquista- o de una prueba de ingreso en las universidades que la establezcan, lo cual fomentará la elitización de algunas universidades -naturalmente privadas- frente a la mayoría de las del sistema público.

Los mecanismos mercantilistas de financiación someterá a un proceso de privatización a la investigación que pasará a servir los intereses inmediatos de los grupos económicos que la paguen o que estén vinculados a círculos próximos al poder. La llamada interacción dinámica de la universidad y la sociedad permitirá justificar la falta de fondos para aquellas actividades docentes e investigadoras que se aparten del servicio inmediato al sistema productivo del sistema.

No debemos confiar en que durante el trámite parlamentario que resta el gobierno y el partido que le da apoyo rectifiquen. La prepotencia y la soberbia de que hacen ostentación y el compromiso con los intereses que representan no les permiten la reflexión y la rectificación que la comunidad educativa les pide. Aun así la masiva protesta continuará, como continuará la resistencia a la aplicación de los aspectos más negativos de esta funesta ley, hasta llegar al momento en que se elabore otra sobre la base de la necesaria negociación, el escrupuloso respeto a la autonomía universitaria y a los intereses generales de la sociedad.

 

 Iniciativa en defensa de l'Horta

JOSEP LLUÍS MIRALLES Y ANTONIO MONTIEL 

 
   

Un reto democrático para preservar un espacio singular 

L'Horta es el espacio agrícola que envuelve a la ciudad de Valencia. Probablemente uno de los espacios más fascinantes de esta Europa del siglo XXI: un patrimonio económico, histórico, natural y cultural verdaderamente único. Configurado sobre una espesísima y milenaria red de acequias, fragmentado en un mosaico de minifundios dedicados al cultivo intensivo de frutas y hortalizas.

Es una realidad producto de la sabiduría y del esfuerzo de muchas generaciones en el trabajo de la tierra y por ello integra un conjunto armonioso de elementos: tierra, arquitectura, red hidráulica, vegetación, testimonios de elementos naturales, etc. que conforman un paisaje irrepetible y con una fuerte personalidad propia. Un paisaje tan escaso que, según el informe Dobris de la Agencia Europea del Medio Ambiente (1998), sólo presenta seis casos en toda Europa. Un paisaje que es expresión física de creaciones, conocimientos y prácticas de la cultura tradicional agrícola.

Pero además l'Horta tiene hoy día un valor añadido. Las crisis alimentarias de estos últimos años, la demanda de cultivos menos industrializados, más aceptables medioambientalmente, de productos sanos y frescos, han impulsado un cambio en la percepción social sobre las zonas agrarias más próximas a las ciudades. En todo el mundo, y en especial en numerosas ciudades de Europa y América, se están recuperando las zonas periurbanas de huerta y han reaparecido los mercados agrícolas de labradores. En el caso de l'Horta del área metropolitana de Valencia aún estamos a tiempo de seguir el ejemplo.

Desgraciadamente, las diferentes administraciones públicas estatales y valencianas (Ministerio de Fomento, Generalitat, ayuntamientos) ven la comarca de l'Horta como una gran reserva de suelo urbano, como un inmenso solar y de paso como depósito y almacén de residuos e infraestructuras urbanas (contenedores, industrias contaminantes, centros de transformación eléctrica). La expansión urbanística de Valencia y del resto de municipios de su área metropolitana, así como la ubicación de grandes infraestructuras, se han producido sin un mínimo de ordenación territorial, sin pies ni cabeza, sacrificando las tierras agrícolas. Así, desde 1960 ha desaparecido aproximadamente el 50% de l'Horta que existía y, con ella, el patrimonio arquitectónico, cultural e histórico asociado. Esta espiral de destrucción, junto a la fuerte crisis que soporta la actividad agraria, nos llevan a concluir que a l'Horta, como espacio vivo y productivo, le quedan escasos años de vida.

La adopción inmediata de medidas para detener la reclasificación progresiva de suelo agrícola, hasta que se disponga de los instrumentos normativos adecuados para la protección de l'Horta en un contexto de ordenación territorial sostenible, ha sido una reivindicación largamente demandada por muchos colectivos sociales y, por supuesto, también por numerosos ciudadanas y ciudadanos a título individual. A esas demandas se unió también el Consell Valencià de Cultura (CVC) a través de su Dictamen sobre la conservació de l'Horta de València de mayo de 2000, en el que se propone y recomienda: 'De manera inmediata, es necesario aplicar rigurosamente la legislación vigente sobre patrimonio (Ley del Patrimonio Valenciano) y la Ley de Espacios Naturales Protegidos. En segundo lugar, consideramos que las Cortes Valencianas y el Gobierno valenciano tienen la capacidad necesaria para definir y aplicar urgentemente un marco legal -con la legislación española y la europea en vigor y, si convi!
ene, con nuevas normas- para la creación de un organismo supramunicipal e interinstitucional que elabore e implemente un plan de protección de l'Horta de Valencia que nazca del máximo consenso social posible y busque garantizar la viabilidad de los usos agrícolas y derivados de este medio humano productivo'.

Es precisamente la nula disposición de las instituciones públicas a comprometerse en la ordenación y protección de l'Horta lo que hace nacer un movimiento cívico que trata de concienciar a ciudadanos y gobernantes de la situación crítica que vive este espacio natural y de la perentoriedad con que se han de tomar las medidas de regulación. Después de librar batallas parciales por su preservación y protección, las diferentes asociaciones y entidades implicadas, coordinadas en la Plataforma per un Cinturó d'Horta hemos decidido promover una campaña más consistente y global y hemos puesto en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende llevar a las Cortes una Proposició de Llei Reguladora del Procés d'Ordenació i Protecció de l'Horta com a Espai Natural Protegit.

Nuestro convencimiento de que un modelo de desarrollo diferente del actual es no sólo posible, sino necesario, nos llevó a apoyar con nuestra firma el escrito de presentación ante las Cortes de esta iniciativa legal, para canalizar así por la vía legislativa democrática las reivindicaciones ciudadanas sobre la conservación y revitalización de l'Horta, en sintonía con las conclusiones del referido dictamen del CVC. Esta Iniciativa Legislativa Popular, la primera que se ha presentado en la Comunidad, ha obtenido el importante respaldo social de 117.674 valencianas y valencianos que con su firma han expresado su apoyo a los objetivos de la ley y, además, con su ejercicio democrático, han manifestado de manera consciente y responsable el derecho a la participación ciudadana, asumiendo así un protagonismo directo en los asuntos públicos que les afectan y contribuyendo al esencial reforzamiento de nuestro sistema democrático.

Por todo esto, nos resulta preocupante la posición anunciada por el Gobierno valenciano el 5 de octubre de informar desfavorablemente el contenido de la mencionada proposición de ley. De forma contundente considera que los instrumentos de protección que recomienda la ILP son 'totalmente inadecuados a la realidad social y económica de l'Horta y de su problemática real'. Descalificación genérica que no admite matices ni diálogo, obviando altivamente la calidad y representatividad de tan importante esfuerzo cívico.

Si las Cortes Valencianas reunidas en pleno, haciéndose eco de esta posición, decidieran rechazar sin discusión esta proposición de ley, no estarían expresando solamente su opinión contraria a la necesidad de proteger l'Horta mediante una ley que ha contado con un consenso social sin precedentes en nuestra historia, sino que también estarían dando la espalda a la voluntad de participación ciudadana y contribuyendo al debilitamiento de la confianza en nuestras instituciones.

Esperamos, con tensa y serena alerta, el resultado del debate de los diputados de las Cortes Valencianas y les pedimos, con la autoridad derivada del respaldo social que nos avala, que actúen y voten en conciencia sin dejarse llevar por otros intereses diferentes a los del bienestar y la voluntad general de la ciudadanía que ha impulsado esta Iniciativa Legislativa Popular.L'Horta es el espacio agrícola que envuelve a la ciudad de Valencia. Probablemente uno de los espacios más fascinantes de esta Europa del siglo XXI: un patrimonio económico, histórico, natural y cultural verdaderamente único. Configurado sobre una espesísima y milenaria red de acequias, fragmentado en un mosaico de minifundios dedicados al cultivo intensivo de frutas y hortalizas.

Es una realidad producto de la sabiduría y del esfuerzo de muchas generaciones en el trabajo de la tierra y por ello integra un conjunto armonioso de elementos: tierra, arquitectura, red hidráulica, vegetación, testimonios de elementos naturales, etc. que conforman un paisaje irrepetible y con una fuerte personalidad propia. Un paisaje tan escaso que, según el informe Dobris de la Agencia Europea del Medio Ambiente (1998), sólo presenta seis casos en toda Europa. Un paisaje que es expresión física de creaciones, conocimientos y prácticas de la cultura tradicional agrícola.

Pero además l'Horta tiene hoy día un valor añadido. Las crisis alimentarias de estos últimos años, la demanda de cultivos menos industrializados, más aceptables medioambientalmente, de productos sanos y frescos, han impulsado un cambio en la percepción social sobre las zonas agrarias más próximas a las ciudades. En todo el mundo, y en especial en numerosas ciudades de Europa y América, se están recuperando las zonas periurbanas de huerta y han reaparecido los mercados agrícolas de labradores. En el caso de l'Horta del área metropolitana de Valencia aún estamos a tiempo de seguir el ejemplo.

Desgraciadamente, las diferentes administraciones públicas estatales y valencianas (Ministerio de Fomento, Generalitat, ayuntamientos) ven la comarca de l'Horta como una gran reserva de suelo urbano, como un inmenso solar y de paso como depósito y almacén de residuos e infraestructuras urbanas (contenedores, industrias contaminantes, centros de transformación eléctrica). La expansión urbanística de Valencia y del resto de municipios de su área metropolitana, así como la ubicación de grandes infraestructuras, se han producido sin un mínimo de ordenación territorial, sin pies ni cabeza, sacrificando las tierras agrícolas. Así, desde 1960 ha desaparecido aproximadamente el 50% de l'Horta que existía y, con ella, el patrimonio arquitectónico, cultural e histórico asociado. Esta espiral de destrucción, junto a la fuerte crisis que soporta la actividad agraria, nos llevan a concluir que a l'Horta, como espacio vivo y productivo, le quedan escasos años de vida.

La adopción inmediata de medidas para detener la reclasificación progresiva de suelo agrícola, hasta que se disponga de los instrumentos normativos adecuados para la protección de l'Horta en un contexto de ordenación territorial sostenible, ha sido una reivindicación largamente demandada por muchos colectivos sociales y, por supuesto, también por numerosos ciudadanas y ciudadanos a título individual. A esas demandas se unió también el Consell Valencià de Cultura (CVC) a través de su Dictamen sobre la conservació de l'Horta de València de mayo de 2000, en el que se propone y recomienda: 'De manera inmediata, es necesario aplicar rigurosamente la legislación vigente sobre patrimonio (Ley del Patrimonio Valenciano) y la Ley de Espacios Naturales Protegidos. En segundo lugar, consideramos que las Cortes Valencianas y el Gobierno valenciano tienen la capacidad necesaria para definir y aplicar urgentemente un marco legal -con la legislación española y la europea en vigor y, si convi!
ene, con nuevas normas- para la creación de un organismo supramunicipal e interinstitucional que elabore e implemente un plan de protección de l'Horta de Valencia que nazca del máximo consenso social posible y busque garantizar la viabilidad de los usos agrícolas y derivados de este medio humano productivo'.

Es precisamente la nula disposición de las instituciones públicas a comprometerse en la ordenación y protección de l'Horta lo que hace nacer un movimiento cívico que trata de concienciar a ciudadanos y gobernantes de la situación crítica que vive este espacio natural y de la perentoriedad con que se han de tomar las medidas de regulación. Después de librar batallas parciales por su preservación y protección, las diferentes asociaciones y entidades implicadas, coordinadas en la Plataforma per un Cinturó d'Horta hemos decidido promover una campaña más consistente y global y hemos puesto en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende llevar a las Cortes una Proposició de Llei Reguladora del Procés d'Ordenació i Protecció de l'Horta com a Espai Natural Protegit.

Nuestro convencimiento de que un modelo de desarrollo diferente del actual es no sólo posible, sino necesario, nos llevó a apoyar con nuestra firma el escrito de presentación ante las Cortes de esta iniciativa legal, para canalizar así por la vía legislativa democrática las reivindicaciones ciudadanas sobre la conservación y revitalización de l'Horta, en sintonía con las conclusiones del referido dictamen del CVC. Esta Iniciativa Legislativa Popular, la primera que se ha presentado en la Comunidad, ha obtenido el importante respaldo social de 117.674 valencianas y valencianos que con su firma han expresado su apoyo a los objetivos de la ley y, además, con su ejercicio democrático, han manifestado de manera consciente y responsable el derecho a la participación ciudadana, asumiendo así un protagonismo directo en los asuntos públicos que les afectan y contribuyendo al esencial reforzamiento de nuestro sistema democrático.

Por todo esto, nos resulta preocupante la posición anunciada por el Gobierno valenciano el 5 de octubre de informar desfavorablemente el contenido de la mencionada proposición de ley. De forma contundente considera que los instrumentos de protección que recomienda la ILP son 'totalmente inadecuados a la realidad social y económica de l'Horta y de su problemática real'. Descalificación genérica que no admite matices ni diálogo, obviando altivamente la calidad y representatividad de tan importante esfuerzo cívico.

Si las Cortes Valencianas reunidas en pleno, haciéndose eco de esta posición, decidieran rechazar sin discusión esta proposición de ley, no estarían expresando solamente su opinión contraria a la necesidad de proteger l'Horta mediante una ley que ha contado con un consenso social sin precedentes en nuestra historia, sino que también estarían dando la espalda a la voluntad de participación ciudadana y contribuyendo al debilitamiento de la confianza en nuestras instituciones.

Esperamos, con tensa y serena alerta, el resultado del debate de los diputados de las Cortes Valencianas y les pedimos, con la autoridad derivada del respaldo social que nos avala, que actúen y voten en conciencia sin dejarse llevar por otros intereses diferentes a los del bienestar y la voluntad general de la ciudadanía que ha impulsado esta Iniciativa Legislativa Popular.

 

 Escola, comarca i adults

Vicent Esteve i Montalvà

 
    

Hi ha uns altres educadors. Hi ha un altre alumnat, dones i homes que tenen les seues raons per anar a escola, a l’escola d’adults. Tenim al nostre país una magnífica llei per a la formació de les persones adultes (FPA) que a penes ha desplegat els seus efectes sobre una població que encara s’ha d’alfabetitzar, que necessita una titulació bàsica per remoure entrebancs laborals, que vol aprendre un ofici o perfeccionar el que te, que ha decidit alimentar la seua condició ciutadana. Per tot això pot servir la llei i per tot plegat treballen de valent docents i no docents, autèntics dinamitzadors socials.

Com a moltes de les comarques valencianes, a l’Alt Palància s’ha organitzat una població disposada a resistir diverses amenaces, que defensa amb passió i coneixement un projecte educatiu sòlid, arrelat a la realitat comarcal i que constitueix un referent per a aquests ensenyaments que són quasi invisibles, que no són notícia. L’Alt Palància, amb una identitat cultural de transició entre Aragó i València, manté poc més de 20.000 habitants condicionats per l’envelliment, la desaparició d’alguns pobles, l’emigració i una economia diversificada, on predomina el comerç i la construcció, mentre l’agricultura es practica sobretot com a segona ocupació. Els set ajuntaments que mantenen l’FPA — Altura, Castellnovo, Caudiel, Jérica, Segorbe, Soneja i Viver— han consolidat un vell compromís amb la constitució d’un Consorci per mancomunar i garantir per a cada localitat el servei educatiu per als seus ciutadans.

Fa temps, en aquest entorn, l’escola rural de Sot de Ferrer-Azuébar-Chóvar va ser el primer agrupament al voltant d’un projecte d’arrelament basat en la cooperació municipal que fou un referent del que hagués pogut ésser el futur de l’Escola Rural. Amb la LOGSE, es va obrir un parèntesi que es va tancar amb les disortades concentraciones escolars, tot just en el moment que començava a consolidar-se un procés invers. Ja en els anys noranta, l’Administració va planificar el mapa escolar sense comptar amb les necessitats expressades per zones com aquesta, i la comarca, com moltes altres, es va quedar esperant unes solucions que, per confuses i forçades, han provocat la inestabilidad del sistema. Las precària formació de la població adulta que caracteritzava el començament dels anys vuitanta va impulsar que els ajuntaments se sumaren, en una empresa formativa extensiva, a la novíssima Conselleria d’Educació, tot aportant recursos materials i professorat. Avui, però, molts ajuntaments han abandonat les seues responsabilitats perquè no tenen recursos, mentre han baixat les subvencions, al mateix temps que les condicions laborals i els contractes amb els professionals són cada vegada més precaris. La Conselleria ha mantingut la seua xarxa de centres de forma inestable i conjuntural, amb un alt grau d’interinitat de les plantilles i sense esforç, per inèrcia. L’FPA és ara mateix un sector que es manté actiu sobretot per un col·lectiu de persones molt convençudes del que fan. En aquest context, el protagonisme municipal és la clau de volta. Els dinamitzadors municipals són persones que viuen a la localitat, la qual coneixen perfectament, i saben respondre amb flexibilitat a les demandes socials, igual davant d’un temps de collita que obliga a ralentitzar l’activitat educativa, com per l’arribada d’una nova població immigrant que, sens dubte, és un factor de futur, per moltes preguntes que s’hi generen.

Finalment, el fet que el Consorci de l’Alt Palància siga participat per ajuntaments gobernats tant per la dreta com per l’esquerra indica que s’ha sigut capaç d’aglutinar idees i projectes sobre un mateix territori, a més d’haver aconseguit el suport de la Fundació Bancaixa, la Diputació i la Universitat Jaume I. És clar que hi ha persones en la Formació de Persones Adultes que saben fer la seua feina.

 

SOBRE EL PROFESSORAT INTERÍ

Joan V. Pérez Albero

 
   

Durant els últims dies, el sistema educatiu públic valencià està vivint moments de gran tensió motivada, entre altres causes, per la situació de precarietat del professorat interí: un col·lectiu de més de 10.000 persones - el 25 % del professorat públic no universitari- que any rere any, maleta en mà, viu l’angoixa d’on treballarà el curs següent i de si treballarà o no treballarà.

De tots és sabut que l’aplicació de la LOGSE i l’aplicació dels acords de plantilles ha significat un augment molt important de professorat interí i contractat, produint-se una excessiva inestabilitat laboral en el País Valencià així com la resta de l’Estat espanyol.

Aquest col·lectiu, davant de les diferents convocatòries d’oposicions, ha manifestat reiteradament la seua legítima preocupació per quedar desplaçat dels seus llocs de treball pels opositors que procedeixen de fora del sistema educatiu. L’STEPV-Iv ha arreplegat les justes reivindicacions d’aquest professorat manifestades en les diferents assemblees convocades a l’efecte i les ha tramés a les autoritats educatives en el lloc adient: la Mesa Sectorial d’Educació.

Una d’aquestes reivindicacions, potser la més important, és la d’aconseguir un nou sistema d’accés a la funció pública docent que permeta resoldre l’estabilitat laboral d’aquest col·lectiu, posant en marxa els mecanismes precisos per què el caràcter d’interí tinga en el futur una consideració ocasional i excepcional. Per acomplir aquest objectiu cal abordar una doble via d’accés a la funció pública docent: una, per al professorat que ja ha demostrat la seua capacitat docent i l’altra, per a la resta d’aspirants a l’ingrés en la docència.

Aquesta alternativa la contempla el Programa Electoral del PP de les eleccions autonòmiques de 1999 quan en la pàgina 50, Apartat 1, afirma: "convocará en cada uno de los cuatro años que dure la legislatura las correspondientes concursos-oposiciones tanto libres como restringidas, en las que se prime fundamentalmente la experiencia docente adquirida como funcionario interino", i en la proposta de Pacte per l'Educació feta pel Conseller Tarancón, que en l’apartat 5.19 diu: "sol·licitud de reforma de la normativa vigent perquè siga possible portar a terme la realització de proves diferenciades a les que puguen accedir els professors interins", i, a més a més, el PSOE i EUPV s’han manifestat d’acord recentment en els mitjans de comunicació.

Enguany, sense haver-se procedit a la modificació del sistema d’accés, la Conselleria ha convocat una oferta d’ocupació pública docent de més de 2800 places sabent que més del 50 % de les mateixes (segons les seues pròpies dades) seran ocupades per professorat de nou accés a la docència, desplaçant el mateix nombre de professorat interí. El col·lectiu, davant d’aquesta situació i la reiterada negativa de l’Administració per solucionar la problemàtica, manifesta el seu malestar mitjançant els mecanismes que la Constitució li confereix: el dret a la manifestació i a la vaga.

L’STEPV-Iv, arreplegant el sentir del col·lectiu, ha exigit a l’actual Govern el compliment dels seus compromisos electorals i ha condicionat l’oferta d’ocupació pública docent a la modificació del sistema d’accés demanant la moratòria de les oposicions. Mentre d’altres sindicats aposten per acabar amb la precarietat dels llocs de treball canviant les persones que els ocupen, nosaltres apostem per aconseguir que el treballadors i treballadores en precari accedesquen a un lloc de treball fixe.

 

La Qualitat de l'educació i el desconcert de CCOO

Mª ASSUMPCIÓ BOIX GUILLÓ

 
    

La qualitat de l’escola pública es basa en el treball quotidià, il·lusionat i eficaç, en la majoria dels casos, de milers i milers d’ensenyants, molts d’ells i d’elles interins i interines, i la noten les famílies que porten als seus fills i filles a centres en els que poden participar i confrontar les seues opinions amb el professorat, sentint que realment són part important d’una tasca compartida entre ells i elles i el centre

Afortunadament, i malgrat les dificultats que la falta de planificació del govern del PP suposen –falta d’aules de tres anys en centres públics, incompliment en la construcció de centres de secundaria, el primer cicle de la ESO encara està majoritàriament en els centres de primària, quan en pràcticament tota Espanya estan en els Instituts, etc... –, la confiança de les famílies en l’educació pública és alta i el nivell de satisfacció en la qualitat es pot comprovar centre a centre públic.

En aquest context, aquests dies el sistema educatiu viu moments de tensió, especialment entre el 25 % del professorat que és interí i es juga el futur per estar pendent d’unes negociacions sobre el sistema d’accés a un lloc de treball més estable (hi ha més de 1000 professors i professores que estan canviant de centre cada any des de fa més de 10 anys i en total són més de 10.000 les persones que cada estiu estan pendent d’on treballaran el curs següent i de si treballaran o no), i perquè s’ha publicat la convocatòria d’oposicions que no atén a dues sol·licituds fonamentals, tant per a l’actual col·lectiu de professorat interí com per al sistema educatiu valencià:

  • que no hi ha un sistema d’accés diferenciat per als que ja estan treballant,

  • ni es demana cap prova de cultura i llengua pròpies, com es fa en altres comunitats autònomes, com Catalunya per exemple.

Estes oposicions han estat signades amb la Conselleria per CCOO, UGT, ANPE I CSI-CSIF, i això ha suposat un rebuig absolut per part del col·lectiu d’interins i interines. L’STEPV-Iv ha recolzat aquest col·lectiu i ha legalitzat les vagues que s’han acordat, ha participat en totes les concentracions i mobilitzacions encaminades a aconseguir una eixida negociada per a tot el col·lectiu d’interins i interines, a banda de no signar amb la Conselleria cap procés d’oposicions.

Sembla com a mínim sospitós que ara en CCOO estiguen tan preocupats per que el professorat interí haja decidit fer vaga "en plena campanya de matriculació", i no s’hagen preocupat per atendre les reivindicacions del col·lectiu abans d’arribar a la campanya de matriculació, posat que si no hagueren acordat amb el govern del PP la convocatòria d’oposicions d’aquest curs - especialment en secundaria, ja que al no haver oposicions en la resta de l’estat, tindrem un augment grandíssim de persones opositores-, i hagueren esperat a que acabara la negociació d’un nou sistema d’accés, segurament no s’hauria convocat la vaga.

No serà que de tan firmar acords amb el PP ja no tenim clar qui és el responsable dels mals de l’educació pública, si el govern del PP o els interins i interines i l’STEPV-Iv. No ens posem nerviosos i no confongam, per favor; s’ha de demanar responsabilitats a qui governa i, per defensar els treballadors i treballadores cal escoltar el que ells i elles proposen.

CCOO i la resta de sindicats saben que en l’STEPV-Iv sempre estem en disposició de negociar polítiques d’actuació en comú i també de negociar amb la Conselleria, sempre que siga en defensa dels drets dels treballadors i treballadores.

I per a tranquil·litat de CCOO, les famílies que matriculen al seu fill o filla en un centre públic busquen i esperen una educació plural, crítica, on també s’aprèn que en la vida del treball hi ha dificultats, i que s’han de reivindicar les millores; que amb l’obediència i la resignació només no aconseguim canvis socials i laborals, i que les concentracions, les manifestacions i la vaga són uns dels instruments que la societat té per exigir allò que considera de justícia.

   Immigrants i educació

Vicent Esteve i Montalvà

 
    

Les millors polítiques envers la immigració són les que conjuguen el verb previndre. No serà que no estàvem advertits. L’accentuació de les diferències entre països rics i pobres ha tingut com a conseqüència l’agudització de la misèria de qui no se l’ha llevada mai del damunt. I l’empitjorament de les condicions de vida en la perifèria del capitalisme. Però pitjor que no previndre és ignorar. Si no fóra un tret de la cultura dominant l’individualisme insolidari, no caldria recordar que parlem de persones, dels seus drets fonamentals. El dret a l’educació és, quan es realitza, l’instrument més potent d’integració i socialització en un nou espai vital. Amb aquest objectiu, les autoritats i els ciutadans hem d’actuar, si més no, en tres plans. Abans que res, proporcionar unes condicions de vida dignes i practicar una igualtat de dret i de fet entre la població immigrant i l’autòctona. Al servei d’aquesta igualtat han d’estar els centres públics i els centres privats concertats. En segon lloc, tota la comunitat escolar s’ha de comprometre explícitament amb els valors de la convivència. I, finalment, ja estaria bé que allò que s’aprén i que s’ensenya contemple una pluralitat de maneres de veure el món. Però sols una actuació concertada entre l’administració educativa, de benestar social i municipal permetria l’eficàcia del que ha de ser un esforç extraordinari per redreçar una situació que ens ha desbordat. Així que ja està bé de discursos formals i polèmiques artificioses: s’ha d’empadronar els immigrants perquè són habitants de les nostres ciutats i, com a tals, tenen dret a un lloc escolar. La primera actuació en el marc educatiu ha de procurar una recepció adequada a aquesta població: cal poder establir comunicació sempre que no hi ha una llengua comuna; i el professorat precisa d’un diagnòstic previ que oriente l’ensenyament-aprenentatge. Tan segur com que cal tenir una estratègia metodològica per al centre (el projecte educatiu) i per a l’aula (el que s’aprén) és que no hi ha ni un sol paper fet al respecte. Però hem d’aprofitar l’experiència d’altres. El que si sabem sobradament és que, al costat de l’aula, ha d’haver un menjador escolar. Aprendre amb la panxa plena i en un lloc segur i agradable quan els pares i mares hi són a la feina és indispensable. El menjador és també un espai educatiu, de coneixement i de re-coneixement de la cultura de l’entorn. El Govern s’ha d’espabilar: a concertar amb d’altres països que hi vinga professorat nadiu de suport; a conveniar amb les escoles d’idiomes els serveis d’intèrprets i traductors; a formar un professorat que no en sap, d’aquests nous problemes; a proporcionar assessorament i suport legal, social i psicopedagògic als centres educatius. Fins ara no s’hi ha fet res. I estem parlant de persones.

 

La enseñanza, tomada como rehén

    Riccardo Petrella
© Le Monde diplomatique,
octubre 2000.

 
       
    
Cinco trampas tendidas a la educación

Riccardo Petrella*

Obligada a resolver ella sola el desafío de la promoción social, la enseñanza se está desacreditando progresivamente y está siendo sometida a los vaivenes del mercado de trabajo. En la "sociedad del conocimiento", donde la promoción de las nuevas tecnologías está reemplazando las funciones del pensamiento, la educación sólo es ya el instrumento de legitimación de una división social desigualitaria. Esta visión reductora olvida que la escuela es ante todo el lugar donde se construyen los vínculos sociales, donde debe elaborarse la "democracia de la vida"

La esfera educativa se enfrenta a cinco trampas importantes, como resultado de las mutaciones políticas, sociales y económicas de estos treinta últimos años que han visto centrarse el modo de vida en el hiperconsumo y la conversión generalizada en mercancías de todos los bienes y servicios, la explosión de las nuevas tecnologías y la globalización liberal.

La primera de esas trampas ha sido la creciente instrumentalización de la educación al servicio de la formación de los "recursos humanos". Esa función se ha impuesto a la educación por y para las personas. Su origen se encuentra en la reducción del trabajo a un "recurso", organizado, gestionado, evaluable, desclasificable, reciclable, y, si llega el caso, desechable, en función de su utilidad para la empresa. Como cualquier recurso material e inmaterial, los recursos humanos están considerados como una mercancía económica que debe estar disponible de manera permanente en todas partes y en todo momento (1). No se tienen en cuenta ni derechos cívicos ni otros derechos, sean políticos, sociales o culturales, siendo los únicos límites a su explotación los de naturaleza financiera (los costes). Sus derechos a la existencia y a ingresos dependen de sus resultados positivos, de su rentabilidad. Hay que demostrar que es utilizable, de ahí la sustitución del "derecho al trabajo" por una nueva obligación: demostrar su "utilizabilidad".

Algunos dirigentes lo denominan una "política social activa del trabajo". Para ellos, aunque la educación tiene que jugar un papel importante, ha de ejercerlo sobre todo en relación con esa obligación de "utilizabilidad". Y eso a lo largo de toda la vida, gracias a la formación continua, cuya función es mantener utilizables y rentables los recursos humanos del país. Pero, desde entonces, el trabajo ha dejado de ser un sujeto social.

La segunda trampa es el paso de la educación M campo de lo no mercantil al de lo mercantil. Desde el momento en que se le ha asignado como tarea fundamental preparar los recursos humanos al servicio de la empresa, no es extraño que la lógica mercantil y financiera del capital privado quiera imponer la definición de sus finalidades y de sus prioridades. La educación está siendo tratada cada vez más como un mercado (2).

En Norteamérica, se habla constantemente de "mercado de la educación" de "negocio de la educación" de "mercado de los productos y de los servicios pedagógicos", de "empresas educativas", de "mercado de profesores y alumnos". No es casual que el primer Mercado Mundial de la Educación (World Education Market) se haya celebrado del 23 al 27 de mayo de 2000 en Vancouver, en Canadá. Para la inmensa mayoría de los que intervinieron, de los sectores públicos y privados (3), la conversión generalizada de la educación en mercancía no ofrece ninguna duda, la cuestión principal es ya saber quién y qué se va a vender en el mercado mundial regido por tales reglas.

El "quién" comienza a diseñarse: se trata de los editores de productos multimedia, de los diseñadores y abastecedores de servicios en línea o de teleenseñanza, de los operadores de telecomunicaciones, de las empresas informáticas, todos esos sectores en donde fusiones, absorciones y alianzas se suceden a un ritmo frenético en estos últimos años. Esas empresas han invertido ya mucho en el "qué": muchas de ellas poseen un catálogo de programas de entrega inmediata de formaciones on line (en línea) que proponer. Las "universidades virtuales" se multiplican como setas a través de las fronteras "nacionales". Según un estudio del banco de negocios norteamericano Meryll Lynch (4), hacia el 2025 el número de jóvenes que siguen estudios superiores en el mundo alcanzará la cifra de 160 millones. Actualmente son 84 millones, de los que 40 siguen una enseñanza on line. Puede imaginarse lo que va a representar este último mercado en un cuarto de siglo.

La tendencia, en todos los países "desarrollados", empuja hacia un sistema de educación organizado sobre una base individual, a distancia (vía Internet), variable en el tiempo, a lo largo de toda la vida, y "a la carta" (5). En cuanto a la reglamentación, el fracaso de las negociaciones del Cielo del Milenio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle, en diciembre de 1999, ha impedido, de momento, que los principios del libre comercio se apliquen también a la educación: figuraba en el orden del día del Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios (AGCS). Al haberse reanudado las negociaciones sobre los servicios en la sede de la OMC en Ginebra, no hay ninguna garantía de que la liberalización y la desreglamentación del sector educativo no sean inscritas de nuevo en el orden del día. De hecho, cada vez son más numerosos los responsables políticos de los países desarrollados que están dispuestos a aceptar que el mercado decida las finalidades y la organización de la educación. Las organizaciones sindicales (especialmente la Internacional de la Educación), las organizaciones no gubernamentales y los movimientos ciudadanos tendrían que redoblar sus esfuerzos para contrarrestar esa eventualidad (6).

Una cultura de guerra

Tercera trampa: la educación se presenta como el instrumento clave de la supervivencia de cada individuo, al mismo tiempo que de cada país en la era de la competitividad mundial. De esa manera, la esfera educativa tiende a transformarse en un "lugar" donde se aprende una cultura de guerra (cada uno para sí, lograr más que los otros y en su lugar) más que una cultura de vida (vivir junto con los demás, en el interés general). Las universidades, los poderes públicos, los estudiantes, los padres e incluso muchos sindicatos han aceptado, en general, ese tipo de cultura. A pesar de los esfuerzos de una buena parte de los educadores, el sistema está llevando a privilegiar la función de selección de los mejores, más que la función de evaluación de las capacidades específicas de todos los alumnos.

Cuarta trampa: la subordinación de la educación a la tecnología. Al creer, desde los años setenta, que esta última es el principal motor de los cambios de la sociedad, los dirigentes han impuesto la tesis de su primacía y de la urgencia de adaptarla. Sea cual sea el campo de aplicación (la energía, la comunicación, la salud, el trabajo) sostienen la tendencia a considerar como inevitable e irresistible todo cambio económico y social ligado a las nuevas tecnologías, las innovaciones que entrañan a las que se reputan de contribuir al progreso del hombre y de la sociedad.

Para la inmensa mayoría de los dirigentes, la actual globalización es hija del progreso tecnológico. Oponerse a ella es insensato. El papel fundamental de la educación sería por tanto dar a las nuevas generaciones la capacidad de comprender los cambios en curso y los instrumentos para adaptarse a ellos.

Quinta trampa: la utilización del sistema educativo como medio de legitimación de las nuevas formas de división social. De creer el discurso dominante, las economías y las sociedades de los países desarrollados habrían pasado de la era industrial, basada en los recursos materiales y en los capitales físicos (la tierra, la energía, el acero, el hormigón, los raíles), a la era del conocimiento, fundada principalmente en los recursos y los capitales inmateriales (los saberes, la información, la comunicación, la digitalización). El conocimiento se habría convertido en el recurso fundamental de la "nueva economía" nacida de la revolución del multimedia, de las redes digitales, de sus derivaciones: el "e-comercio", el "e-transporte", la "e-educación", la e-empresa", el "e-trabajador" (7). En esa óptica, la empresa es vista como el sujeto y el lugar principal de la promoción, de la organización, de la producción, de la evaluación y de la difusión del "conocimiento que cuenta".

Promover la difusión de un espíritu empresarial y de creación de empresas en el medio cíentífico y en los establecirnientos secundarios y superiores, y redinamizar el sistema educativo para transformarlo en un territorio privilegiado para la construcción de la "sociedad del conocimiento" constituye una de las grandes prescripciones de las políticas públicas en la investigación y en la enseñanza. Pero esa prescripción se ha puesto en marcha cuando, en todo el mundo, se está instaurando una nueva división social entre los "cualificados" (aquellos que tienen acceso al conocimiento que cuenta") y los "no cualificados" (aquellos que están excluidos de ese acceso o no son capaces de preservarlo). Esa división viene a agravar las ya existentes, debidas, entre otras causas, a las desigualdades de acceso a la alfabetización básica. El conocimiento se está convirtiendo en el principal material de un nuevo muro (el "muro del conocimiento") entre los recursos humanos nobles (organizados en las nuevas corporaciones profesionales planetarias) y los recursos humanos del pueblo, nuevo proletariado del capital mundial.

Los europeos no se librarán ciertamente de esas cinco trampas con la opción asumida por los jefes de Estado y de Gobierno de los 15 países de la Unión Europea durante el Consejo Europeo celebrado en Lisboa, en marzo de 2000. Esa opción, convertida en Plan de Acción por el Consejo Europeo que se reunió en Feira en junio de 2000, consiste en afirmar que la mayor prioridad en los próximos quince años es la construcción de la "e-Europa", para que llegue a ser, en el 2015, la "e-economía" más competitiva del mundo. Con ese fin, el objetivo primordial es dar a todos los europeos, desde la guardería y la enseñanza primaria, el acceso a la alfabetización digital con el fin de que se puedan convertir en "recursos hurnanos", capaces de competir con los de Norteamérica que dispondrían de diez años de ventaja (8).

En ese terreno, el consenso entre los dirigentes europeos es muy grande. ¿No han comprendido todavía, después de veinte años de políticas puestas al servicio de la competitividad al capricho del mercado, que, desde esa lógica, hay poco que ganar, y eso en todos los campos, incluido el de la educación? ¿Cómo pueden ignorar que Estados Unidos, el país más "desarrollado" del mundo en las tecnologías de la información y de la comunicación, el multimedia, Internet, etcétera, tiene un nivel de instrucción especialmente deplorable según un estudio de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) (9)?

¿Por qué cierran los ojos ante el lamentable estado de la educación básica y las grandes desigualdades sociales que caracterizan actualmente al acceso a la enseñanza superior del Reino Unido? ¿Cómo pueden ignorar los resultados de años de investigaciones multidisciplinarias sobre el desarrollo de los niños, que muestran que éstos tienen una necesidad fundamental de lazos personales profundos con los adultos, y que poner el acento sobre los ordenadores en la escuela de los más jóvenes puede privarles de esos lazos esenciales? (10). No faltan las propuestas pertinentes y realistas para otra política educativa, por ejemplo, las avanzadas por Oxfam International y la Internacional de la Educación en marzo de 1999 por "Una Educación Pública de calidad para todos " ( 11 ), Aprender a saber decir buenos días al otro representa el punto de partida decisivo para "otra" educación. Eso significa que el sistema educativo se fije como función original enseñar a todo ciudadano a reconocer la existencia del otro como base fundamental de su propia existencia y del vivir juntos.

Tensiones creadoras

Dialogar directamente de persona a persona, es aprender la importancia central de la alteridad en la historia de las sociedades humanas, en medio de tensiones creadoras y conflictivas entre la unicidad y la multiplicidad, la universalidad y la especificidad, la globalidad y la localidad. Es también aprender la democracia y la vida. Es aprender la solidaridad, la capacidad de reconocer el valor de toda contribución, por poco cualificada que sea en relación con los criterios de productividad y de rentabilidad, de todo ser humano en el vivir juntos.

Partiendo de ese principio general, una política de la educación centrada en el desarrollo, la salvaguardia y el reparto de los "bienes comunes" (12), como son los conocimientos y los saberes, podría contribuir a un desarrollo mundial solídario en el plano económico, eficaz en el plano social y democrático en el plano político. Aplicada a la "e-Europa", daría prioridad a la formación de una generación de ciudadanos que posean las competencias y las cualificaciones que requieran de nuevas lógicas: las de la economía social, de la economía solidaria, de la economía local, de la economía cooperativa. Daría igualmente una importancia primordial a la cooperación con las otras comunidades, regiones y pueblos del mundo para hacer retroceder la tendencia actual a la apropiación privada de los conocimientos y para ponerlos al servicio de la promoción de un Estado de bienestar que asegure a todos el derecho a la vida.

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Riccardo Petrella es consejero de la Comisión Europea, profesor de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).
© Le Monde diplomatique, octubre 2000.

Notas:

(1) Ha llegado el momento de elaborar una crítica rigurosa del concepto y de las prácticas de los «recursos humanos" y de abandonar la utilización de ese término en las sociedades que se dicen fundadas en los derechos humanos,

(2) Para una crítica de esa evolución, léase a Gérard de Sélys, "Enseñanza, gran mercado del siglo XXI", Le Monde diplomatique, edición española, junio de 1998.

(3) Léase Le Monde del 26 de mayo de 2000.

(4) Meryli Lynch, The KnowIedge Web, 23 de mayo de 2000.

(5) Léase "Learning in cyberspace", Financial Times, Londres, 8 de marzo de 1998, así como en European Round Table of Industrialists: Investir dans la connaissance. Vintégration de la technologio dans Péducation européenne, Bruselas, febrero de 1997.

(6) A este respecto, la Internacional de la Educación (Bruselas) y la Internacional de los Servicios Públicos (París) publicaron en 1999 un excelente documento: La OMC et le cycle du millénaire: les enjeux pour l’education publique.

(7) Léase el Libro Blanco sobre la competitividad del gobierno británico, Our Competitive Future Building the Knowiedge Driven Economy, ministerio de Comercio y de Industria, Londres, 19 de diciembre de 1998, y Comisión Europea, Enseñar y aprender. Hacia la sociedad cognoscitiva, Luxemburgo, 1995. Lester C. Thurow, Building Wealth: The New Ruies For Individuals, Companies and Nations in a KnowIedge-Based Economy, Harper Collins, Nueva York, 1999.

(8) Cf. Consejo de la Unión Europea y Comisión de Comunidades Europeas, e-Europa. Una sociedad de la información para todos, Plan de Acción, Bruselas, junio de 2000.

(9) OCDE, Education at a Glance: OECD Indicators 1998, París, 1998.

(10) Diríjanse, a este respecto, a los análisis de la Alliance for Childhood (www.allianceforchiidhood.net)

(11) Léase el informé de Kevin Watkins, L’Education pour tous: brisons le cycle de la pauvreté, Oxfam International, Londres, 1999.

(12) Léase a Inge Kaul, "Biens publics globaux, un concept révolutionnaire", Le Monde diplomatique, junio de 2000.

 

 

Per què l’Ensenyament Públic?

Vicent Esteve

 

    

Moltes famílies van a decidir, per primera vegada, el centre educatiu al que assistiran els seus fills i filles. Les que els tenen a l'ESO es veuran en una situació semblant. Tot dependrà d'on és l'institut més a prop, de si té el programa bilingüe escaient, el transport assegurat, un menjador, un servei públic com cal. A molts pobles, no hi ha elecció. A les ciutats, per a molta gent, tampoc. Allà on es puga triar el model educatiu, el Govern planteja, com a objectiu, la "llibertat d’elecció". Així, ens diuen, s'anirà construint l'oferta escolar: els ciutadans trien i l'Administració finança la seua elecció. Aquesta tesi no veu antagonisme entre ensenyament públic i privat, ans al contrari: les considera xarxes amb objectius comuns, però atorga al sector públic un caràcter subsidiari respecte a la iniciativa privada des del moment que es planteja que on manca la iniciativa privada, acudeixen els poders públics. En aquest context, als defensors de l'Ensenyament Públic, se'ns acusa d’anteposar interessos corporatius als del conjunt de la societat. Res més lluny de la realitat.

Nosaltres afirmem dues coses: que les patronals no tenen els mateixos objectius que té l'Ensenyament Públic i que, en aquest debat, ens juguem el model social del futur: una societat excloent, fragmentada i insolidària o una societat integradora, solidària i amb un projecte col·lectiu. Una aposta per l'Ensenyament Públic és rendible per a la majoria social i fonamental per a un projecte polític propi. L'Ensenyament Públic té uns objectius i, per tant, unes característiques, ben diferenciades. La gestió democràtica de tots els sectors implicats, tot i els importants retrocessos legislatius i de participació, manté un camí obert que cal reafermar. No passa el mateix als centres privats, excepcions a banda, on el titular del centre és qui determina l'ideari, on la participació de pares i mares en el Consell Escolar és anecdòtica, no existeix pluralisme i, en definitiva, la gestió democràtica és inexistent.

Quan es parla d'eficàcia, cal situar aquest concepte en relació als objectius a aconseguir. Massa vegades es mesura l'eficàcia exclusivament en funció de la quantitat de coneixements adquirits, però no dels objectius educatius definits en la LOGSE: ensenyament comprensiu, desenvolupament del sentit crític, formació integral, educació en la solidaridad. L'eficàcia vindrà definida pel tipus de societat que anem construïnt: si avancem en la democràcia, la solidaritat i la inclusió social, l'educació haurà estat eficaç. Si avancem cap a una societat cada dia més competitiva i excloent haurem de qüestionar-nos l’eficàcia que ens du a aquest fracàs social. Des d'aquesta concepció, l’eficàcia és patrimoni de qui sostinga objectius socials i col·lectius.

Respecte al plantejament que el cost d’un lloc escolar en el sector privat és més barat que en el públic, convé fer algunes consideracions. Quan els poders públics inverteixen en construccions educatives de titularitat pública estan incrementant el patrimoni del conjunt de la ciutadania; quan es concedeixen subvencions per a obres en centres privats s'està donant diners públics a empreses privades que augmenten el seu patrimoni particular amb els diners de tots i totes. Així mateix, les condicions salarials i laborals dels treballadors i treballadores són discriminatòries, no sols respecte a les del sector públic, sinó totalment inadequades a la importància social del treball que realitzen, per la qual cosa no són les empreses les que ofereixen un servei igual a menor despesa, sinó a costa del salari del personal. Les millores en les instal·lacions i els recursos se "subvencionen" amb freqüència amb els diners dels pares i mares, quan no amb els avals dels treballadors. Peró, sobretot, és el sistema públic el que garanteix una extensió universal de la formació, que és una de las característiques bàsiques del nostre entom europeu. La funció de l'Ensenyament Públic en un projecte d'integració col·lectiva és central.

No hi ha projecte nacional, especialment al País Valencià, si no s'avança en un procés de normalització lingüística i cultural. Aquest projecte només serà possible des d'un model educatiu integrador, que pose els coneixements lingüístico-culturals a l'abast de tot l'alumnat, independentement del seu origen sociocultural i, per tant, des de la interculturalitat que ha de presidir les relacions humanes. Només des del sector públic és possible construir un model d’Escola Pública Popular i Valenciana. I és aquesta una responsabilitat ineludible del Govern Valencià. Tothom sap que la patronal ha fet deixadesa de contribuir a la recuperació de la llengua i cultura dels valencians.

És una preocupació pels qui defensem l'Ensenyament Públic que no sols es mantinga, sinó que augmente l’oferta actual. I per a aconseguir-ho és imprescindible un compromís de finançament que permeta desenvolupar la LOGSE de manera que el creixement del sistema per a les noves ofertes educatives i l'ampliació de l'escolaritat obligatòria estiga assegurat en la xarxa pública. Si el sector públic es redueix en les seues dimensions i la seua qualitat, caminarà cap a la marginació i la societat perdrà un dels pilars bàsics de la seua cohesió i desenvolupament equilibrat.

Vicent Esteve. STEPV-Intersindical Valenciana

 

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