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30/09/2006 Las cuentas del catolicismo español
20-09-2006 El Gobierno quiere
financiar las universidades según su calidad
El ministerio tendrá una propuesta definitiva de
reforma de las titulaciones en noviembre
13-09-06 Una generación que no ha pisado un aula de ladrillo
30/09/2006 El
STEPV denuncia que el curso de adultos se abre sin suficiente personal para los
50.000 matriculados
El lunes comienza el curso para los más de 50.000 adultos matriculados en alguno de los 209 centros de formación de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, según el sindicato de enseñanza STEPV, la plantilla actual -con 806 profesores contratados entre la Consejería de Educación, los Ayuntamientos o la Diputación-, así como el déficit endémico de personal administrativo para atender a toda la matrícula, son "carencias que condicionan y dificultan" el funcionamiento de los centros que imparten esta formación, clave para la inserción laboral de las personas mayores sin graduar. El sindicato sostiene que -cuando se cumplen 11 años de la aprobación autonómica de la Llei de Formació de Persones Adultes (FPA)- todavía falta por desarrollar un plan de construcciones, adecuación y dignificación de los centros donde se imparte, a fin de garantizar la posibilidad de ofrecer toda la etapa formativa de la FPA, que abarca desde la alfabetización pura y dura hasta la enseñanza del graduado en educación secundaria. Tampoco se ha aprobado aún, añade el sindicato, la normativa que regule y promocione los denominados Planes Territoriales de FPA, con la participación de todos los sectores implicados (sindicatos, diputaciones, ayuntamientos y Ejecutivo autonómico), ni se han creado los correspondientes Consejos Territoriales de Formación de Personas Adultas Pero, sobre todo, el STEPV cuestiona el actual sistema de plantillas -tanto docentes como de dotación de personal de administración y servicios- que deja a los centros de formación adulta en verdadera desventaja. "Para darnos una idea de estas necesidades, sólo hace falta hacer una comparación: un instituto de 700 a 900 alumnos dispone de sólo 3 administrativos; mientras que hay muchos centros de formación de personas adultas que matriculan a más de 1.000 alumnos y no disponen de ningún administrativo", puntualiza el STEPV.
Quejas ante el Síndic La respuesta todos estos años de la Dirección General de Personal al Síndic ha sido que "ya se ha iniciado el procedimiento para dotar de personal de administración y servicios a los centros más grandes". Puntualiza el STEPV que, "a fecha de hoy el personal de administración sigue sin formar parte de la plantilla de estos centros de formación". Por lo cual, según el sindicato, "la Consejería de Educación inclumple una vez más sus promesas". A los problemas burocráticos se añade, según el sindicato, el retraso en la aplicación de la parte de la ley que propone que "cada centro cuente con equipos multiprofesionales adecuados para cooperar en la orientación y promoción de la formación integral de las personas adultas, a lo largo de toda su vida, y su inserción en proyectos socioculturales". Por su parte, la Consejería de Educación informó de que ha resuelto tranformar 15 programas muncipales de formación de adultos (pero que no imparten secundaria) en centros docentes y autrorizar hasta 141 programas formativos.
30/09/2006
Las cuentas del catolicismo español
JUAN G. BEDOYA - Madrid
Se suele fijar la atención en el fracaso del llamado impuesto religioso de 1987 para ponderar la tacañería del católico español para con su iglesia, indiscutible si se mira sólo a la asignación tributaria, pero relativa cuando se refiere al Estado, es decir, al conjunto de los españoles, sean religiosos o ateos, católicos o de otras religiones. Así, a través de la administración central, autonómica y municipal, el Estado aporta cada año en torno a 5.057 millones a la Iglesia católica en sus varias manifestaciones, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. Es un dinero que sale de varios ministerios -Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales- y de las entidades autonómicas y locales equivalentes. La cifra de 5.057 millones incluye el ahorro que supone el paraíso fiscal en que se desarrolla la casi totalidad de sus actividades, calculado por expertos de Hacienda en unos 750 millones de euros. Es en el campo de la enseñanza y en la asistencia social y de caridad donde las organizaciones católicas reciben más dinero. Por ejemplo, en sueldos para unos 33.440 profesores de catolicismo, de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios públicos (517 millones de euros), o para pagar el sistema de conciertos educativos (3.200 millones, según datos oficiales). Con motivo de la manifestación de noviembre pasado contra la ley Orgánica de Educación (LOE), apoyada por los obispos con el argumento de que esa norma atentaba contra la enseñanza religiosa, el Gobierno cifró en 3.000 millones esas subvenciones [ver EL PAÍS del 12 de noviembre de 2005]. En los conciertos educativos se incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. La actividad educativa de la Iglesia se resume en 2.376 centros concertados (el 80% del total de privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y 80.959 profesores. Respecto a la actividad social y caritativa del catolicismo, además de la diaconía Cáritas Española, sus 67 delegaciones diocesanas y otras 10 Cáritas autonómicas, destacan ONG como Manos Unidas, o entidades como las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Importante fuente de financiación son también los centros hospitalarios concertados (107); centros sociales como ambulatorios y dispensarios (128); casas de ancianos o discapacitados (876); orfanatos (937); guarderías (321); centros especiales de reeducación (365) y "otros centros de caridad y sociales" (717). Los obispos dicen, con mucha razón, que el Estado gastaría mucho más si tuviera que atender por su cuenta a estas obligaciones educativas o asistencias, aunque los conciertos educativos les dan la posibilidad de difundir su ideario. El Estado paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial), de los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división. Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia para el sostenimiento de su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Las administraciones públicas gastaron el año pasado 200 millones de euros para obras de conservación o reforma. Varias organizaciones son propietarias, además, de siete universidades (Deusto, de los jesuitas; Navarra, del Opus; CEU , de la Asociación de Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de Murcia y Ávila), y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores. Este poder social y económico, medido en fieles, curas y monjas, obispos y otras jerarquías; en dinero, o en patrimonio inmobiliario; y en servicios educativos, sanitarios y de caridad, es incontable porque se nutre de complicados mecanismos de ingresos privados y de financiaciones públicas. Los obispos sostienen que la asignación tributaria que reciben del Estado cada año no alcanza el 9% del presupuesto de su iglesia. Aluden sólo a la financiación directa fijada en los Presupuestos Generales del Estado -150 millones de euros el próximo año-, e ingresada por el Ministerio de Hacienda en una cuenta de la Conferencia Episcopal para salarios de prelados y clero. Hasta ahora, Hacienda recauda una parte de la asignación tributaria a través del IRPF de los declarantes católicos, y el resto lo entrega como dotación extraordinaria graciosa. Este sistema data de 1988 y era transitorio, mientras los obispos encontraban en tres años (antes de 1991) mecanismos de autofinanciación. En cambio, el Gobierno socialista acordó la semana pasada elevar a definitivo el viejo sistema de asignación tributaria, no sin antes incrementar por encima del 34% el porcentaje de dicha asignación (ahora, el 0,5239; en el futuro el 0,70% de la cuota íntegra de cada IRPF asignado a esa iglesia). A este sistema se le llama impropiamente impuesto religioso. La realidad es que el católico no añade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, a petición de un creyente que, con ese mecanismo, aporta el 99,3% de su cuota fiscal, no el 100% como el resto de los españoles. Estos dineros apenas suponen el chocolate del loro de todo lo que el Estado aporta a esta poderosísima potencia religiosa, que lo es también económica, educativa e, incluso, inmobiliaria, por delante, con creces, de cualquier otra organización, si exceptuamos al Estado.además un ingente patrimonio inmobiliario.
Protestas por falta de aulas y personal en colegios e institutos. EL PAÍS - 21-09-2006 La "normalidad" que predica la Consejería de Educación sigue sin llegar a todos los centros, una semana después de iniciar el curso. La falta de plazas de Infantil en Buñol y Burjassot y de Secundaria en tres institutos públicos del distrito Marítimo de Valencia, así como las protestas de 900 alumnos del IES Serpis de la capital y de los padres de alumnos de Piles por falta de bedeles y profesores de compensatoria complica la vuelta al cole. Las 14 familias de los niños de 3 años que tenían que haber comenzado el curso hace dos semanas y siguen sin tener plaza en uno de los dos colegios públicos que hay en Buñol están literalmente "hartas" de la Administración educativa, según reconocieron ayer representantes del AMPA del CP Cervantes, que sostienen que "la lucha por una línea más viene de años, y es lógico que los padres se nieguen a llevar a los pequeños a un centro que está a 2 kilómetros". La negativa de Educación a habilitar un aula más, pero, sobre todo, el abroncamiento del director general de Enseñanza, Josep Lluis Felip, -que amenazó a estas familias con llevarlas a la Fiscalía de Menores si no llevaban a sus hijos al colegio asignado- obtuvo ayer la repulsa de toda la comunidad educativa de Buñol, en especial de los 300 profesores y alumnos del Cervantes que pararon las clases en protesta por la actitud de Felip. Las recriminaciones del director general choca aún más en este caso por tratarse de un área que "según el Mapa Escolar tiene derecho a habilitar dos líneas de infantil en cada uno de los dos colegios públicos", remató EU. El partido emplazó a Felip a recordar que "el Cervantes se distingue por ser un centro de calidad contrastada, lo que le valió el segundo Premio Nacional de Educación". EU anunció una proposición no de ley en las Cortes y coincidió con el STEPV en la actitud "numantina" y "maleducada" del director general. En Burjassot ayer los padres del CP San Juan de la Ribera advirtieron a Educación que "si persisten los problemas de infraestructuras en los barracones de Infantil, en octubre dejarán de llevar a los niños". El colegio lleva "más de ocho años demandando la construcción de un nuevo centro", y los actuales "barracones tienen averías y son inadecuados", reprochan. En algunos institutos las cosas tampoco acaban de marchar sobre ruedas. Los 900 alumnos del IES Serpis de Valencia protestaron por la falta de conserjes necesarios para las funciones administrativas, de control y seguridad. Desde hace años, UGT, STEPV y CC OO denuncian la escasez de plantillas de PAS y los plazos en cubrir las bajas. La peor parte se la lleva el Cabanyal donde 15 jóvenes que fueron admitidos en el IES Sorolla, y otros tanto en el Marítimo y en el Villena siguen sin saber dónde se escolarizarán por falta de plazas públicas. En mejor sentido camina la gestión para autorizar el viernes un profesor más de compensatoria en el CP José Pedrós de Piles. El Gobierno quiere
financiar las universidades según su calidad
J. A. AUNIÓN - Madrid .EL PAÍS - Sociedad - 20-09-2006 El Gobierno quiere dar un giro a la financiación de las universidades y hacerla depender de los resultados docentes e investigadores. Lo dijo ayer la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, en la reunión del Consejo de Coordinación Universitaria. El ministerio presentará en diciembre el documento que servirá de punto de partida para definir el nuevo modelo, y junto a las autonomías y los rectores decidirá qué se evaluará y quién lo hará. "Primero hay que asegurar la financiación básica para hablar de la vinculada a objetivos", dijo Juan Vázquez, presidente de los rectores. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, lo ha repetido desde que llegó al cargo en abril: pretende dar más autonomía a la universidad (ese es el objetivo de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades que se está tramitando), pero los campus, a cambio, tendrán que rendir cuentas a la sociedad. Y las rendirá de tal manera, que de ello dependerán los recursos que les otorguen cada año las administraciones. Estarán en función de "evaluaciones de la actuación de las universidades y de evaluación de los resultados, tanto el ámbito de la docencia como de la investigación", aseguró Cabrera durante el Pleno del Consejo de Coordinación Universitaria celebrado ayer en Zaragoza. "Se trata de impulsar la calidad de la docencia y de la investigación, y también de adecuar la respuesta de la universidad a las necesidades sociales", añadió el secretario general del Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. En estos momentos, ya están generalizados en la mayoría de las comunidades autónomas (que son las administraciones que principalmente sostienen los presupuestos de los campus) los contratos-programa. Éstos vinculan una parte de la financiación a objetivos concretos, como puede ser la mejora de la calidad de la docencia o la reducción del número de repetidores. "Lo que pretendemos es que la vinculación a resultados tenga un papel central en la financiación", explicó a este periódico García Lausín. "Una vez que tengamos cubierta las necesidades básicas, con recursos suficientes, que nos permitan un funcionamiento normal, podremos hablar de la financiación vinculada a objetivos", aseguró el presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Juan Vázquez. "Conceptualmente no hay ningún problema, pero ahora mismo, no es más que una frase", añadió, aunque supondría un giro total al sistema actual. La propuesta no concreta aún si será la Agencia de Evaluación y Calidad (Aneca), que se convierte en organismo público con la reforma de la ley universitaria, quien evalúe esos resultados, o si lo harán las agencias autonómicas u otras. Tampoco concretaron qué será exactamente lo que se mida y cómo se llevará a cabo ese delicado proceso que condicionará los recursos de los campus. Vázquez pide concreción, que se presenten cuanto antes los resultados de la comisión del Consejo de Coordinación Universitaria que estudia esta reforma y que el ministerio presentará en diciembre. "Entonces, lo más importante será acordar una cofinanciación entre el Gobierno, las comunidades y los recursos privados que podemos conseguir las universidades", aseguró Vázquez. El debate que comenzará en diciembre y que resolverá todas las incógnitas no tiene fecha límite de culminación, "y, desde luego, no es algo que se resuelva en unos meses", añadió García Lausín.
Convergencia europea Tanto esta revisión de la financiación, como de las metodologías docentes (cuyas propuestas se presentaron en el Consejo de Coordinación Universitaria de ayer) tienen la vista puesta en ese objetivo. "El proceso de construcción del Espacio Europeo no puede quedarse en una mera reconversión de la estructura y contenido de los estudios, sino que debe implicar la interacción de profesores y estudiantes para la generación de aprendizaje" aseguró el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Angel Quintanilla. Así, propuso un plan para que prepare a los profesores para superar el método de las clases magistrales y fomentar "la participación del estudiante, otorgándole un mayor protagonismo", dijo.
El ministerio tendrá una propuesta definitiva de
reforma de las titulaciones en noviembre
J. A. A. - Madrid Han sido más de dos años de debates, discusiones, avances y parones, pero por fin, "a finales de octubre o principios de noviembre", el Ministerio de Educación presentará su propuesta definitiva de reforma de las carreras universitarias para su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Así lo anunció ayer en Zaragoza la ministra Mercedes Cabrera. Los detalles de la reforma se han ido dando con cuentagotas hasta llegar a la reunión de ayer del Consejo de Coordinación Universitaria, en la que se dieron a conocer las cinco áreas de conocimiento en las que se dividirán los títulos de Grado (de cuatro años de duración, que sustituyen a las actuales licenciaturas y diplomaturas): Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura. El primer curso de las carreras que se reúnan bajo cada uno de estos epígrafes será común o, al menos, equiparable, de tal manera que los alumnos puedan cambiarse de titulación dentro de la misma rama sin renunciar a ningún aprobado. Esta medida pretende, explicó Cabrera, que los universitarios puedan "cambiar su opción inicial sin problemas", lo cual reducirá, aseguró, "la tasa de abandono prematuro" de la enseñanza superior. El texto con las directrices que tendrán que cumplir las distintas ramas (incluido en la propuesta global de reforma de las titulaciones) se enviará la semana que viene a los miembros del Consejo de Coordinación Universitaria y habrá un proyecto definitivo en noviembre, dijo Cabrera. El ministerio espera aprobar esas directrices "lo antes posible", coincidiendo con la aprobación en Congreso de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, probablemente a principios del año próximo. A partir de ese momento, los campus serán quienes diseñen los planes de estudio de las carreras que quieren ofrecer, de acuerdo con las directrices de cada rama. Aprobados esos planes por el Gobierno y las comunidades autónomas, pasarán a formar parte del Registro Oficial de Titulaciones. Estas nuevas carreras empezarán a ofrecerse en 2007-2008, según el ministerio o en 2008-2009, según la previsión de los rectores.
Una
generación que no ha pisado un aula de ladrillo EL PAÍS - 13-09-2006 Para FETE-UGT el resultado de la política del PP en la Generalitat es "una generación de estudiantes que no ha pisado un aula de ladrillo". Para el STEPV, es una larga lista de grandes poblaciones como Vila-real, donde "se han tenido que improvisar y desdoblar líneas para atender a los 90 inmigrantes más matriculados en septiembre en el colegio público Angelina Abad"-; o como Vistabella, donde "se ha dado marcha atrás a la supresión de unidades de infantil del año pasado"; o en Onda, Nules, Segorbe, Torreblanca, Peñíscola o Vinaròs, donde "la falta de planificación ha hecho que la demanda supere la oferta de plazas públicas" en infantil y primaria. Desde CC OO emplazan a la Administración "a negociar con los agentes sociales y sindicales el desarrollo de la nueva ley educativa, que por primera vez, tendrá financiación estatal", para evitar esta cadena de "improvisaciones y falta de planificación año con año". Educación aceptó que "este curso hay 800 aulas prefabricadas (120 de ellas son crónicas), que albergarán a más de 27.000 alumnos. La causa, no obstante, se debe a "la velocidad de construcción de nuevos centros". Según el Consell, "desde 2000, se han puesto en marcha 218 nuevos centros, 28 este curso". Pero para Miguel Soler, del PSPV, los datos "remitidos al Ministerio de Educación en el último quinquenio por la Generalitat muestran que en el curso 1999-2000 había 1.424 centros públicos y ahora 1.459, es decir 35 más y no 218, como dice".
El curso arranca con normalidad aunque un
millar de alumnos de zonas masificadas se queda sin clase
EL PAÍS - 12-09-2006 El curso empezó con "normalidad" para la mayoría de los 411.899 niños de infantil y primaria que estrenaron curso, salvo para un millar de alumnos de Orihuela, Gandia, Ibi o Piles que no asistieron a clase por problemas logísticos de infraestructuras o falta de profesorado. El presidente Francisco Camps escogió Benidorm -núcleo turístico por excelencia- para lanzar el mensaje de que las infraestructuras escolares están "en óptimo estado" y el "sistema funciona". Camps recordó que "ésta es tierra de acogida" de inmigrantes, lo que ilustró con los 45.226 niños extranjeros matriculados en estos niveles. Camps recordó que hace diez años, siendo él consejero de Educación, la cifra de alumnos decrecía, mientras que ahora se ha invertido la curva gracias a que el PP ha convertido la Comunidad Valenciana en "tierra de acogida" para inmigrantes y en "un proyecto de oportunidades". El curso que comenzó ayer cuenta con 411.899 alumnos de infantil y primaria, lo que supone unos 12.000 más que el anterior. De hecho, el número de alumnos extranjeros en estos niveles es el que más incide en el crecimiento con 11.752 niños en infantil y 33.474 en primaria. Según Camps, la apuesta por la educación ha permitido que "casi 100.000 alumnos estrenen este curso nuevos centros o asistirán a otros colegios que han sido reformados en su totalidad", ya que cifró en 218 los nuevos centros construidos en su mandato. Según la Consejería de Educación, el inicio de curso en las etapas de infantil y primaria se desarrolló ayer "con total normalidad", dada la "casi inexistencia de incidencias que ha afectado a 403 alumnos, lo que supone un 0,09% de alumnos del total". Por provincias, Educación reconoce que en Alicante se han visto afectados 264 alumnos del colegio público Virgen del Pilar de Los Montesinos. En Valencia, la instalación en breve de dos aulas prefabricadas en el Miguel Hernández de Torrent permitirá iniciar el curso a los 40 estudiantes que ayer no pudieron entrar a sus aulas. Mientras, en la provincia de Castellón no se registró ninguna incidencia. En el colegio de educación especial Ruiz Jiménez, faltó el transporte, lo que impidió que otros 84 alumnos iniciaran el curso. Otras incidencias de la jornada de ayer elevan la cifra de escolares sin clase a cerca de un millar. Así, mientras la gran mayoría de los 411.889 niños de infantil y primaria reemprendían la vuelta al colegio con normalidad, los alumnos del centro público Miguel Hernández, en Orihuela, también acudieron, aunque de forma muy diferente. Sólo 13 de los 362 niños matriculados fueron a clase; el resto se concentró con sus padres ante las puertas del centro para exigir su reforma, portando pancartas con críticas. La presidenta del AMPA, Rosa Martínez, explicó que el centro, levantado hace más de dos décadas, no solamente no se ha adecuado (carece de biblioteca, de gimnasio y de aula de música) sino que además está masificado. Desde 2004, 100 niños reciben las clases en barracones. De la misma forma, en el colegio público de Benalúa en Alicante, por séptimo año consecutivo, todos los alumnos recibirán clase en barracones. Su construcción se incluye dentro del plan urbanístico del barrio sur, bloqueado por contenciosos administrativos. Con éste, se elevan a cinco los distritos donde sus colegios están muy masificados y requieren con urgencia la ampliación o construcción de nuevos centros, alerta CC OO. En La Safor, los padres de los 88 alumnos de infantil del colegio público José Pedrós de Piles se concentraron frente a las puertas para denunciar la saturación de esta escuela. El AMPA decidió que los menores no acudirán a clase hasta que la consejería responda a su demanda de desdoblar al menos una de las dos clases de infantil, que este año superan el ratio legal. Los padres esperan, además, que concrete los plazos del nuevo colegio. En Gandia, 36 escolares que formalizaron la matrícula a partir del 1 de septiembre estaban pendientes ayer de que se les adjudicara un centro y no pudieron iniciar las clases. Los responsables municipales de Educación informaron, además, de que el Ayuntamiento no autorizará la contratación de la electricidad en las aulas prefabricadas del colegio público Botànic Cavanilles, hasta que la empresa adjudicataria de los barracones finalice la instalación de un sistema eléctrico. A pesar de ello, los alumnos de este centro acudieron ayer a clase. El concejal Marcel·lí Giner advirtió que el Ayuntamiento acusó al Consell de "falta de planificación" y le advirtió de que no está dispuesto a ceder más terrenos municipales para la instalación de aulas prefabricadas, que lo único que hacen es "desprestigiar" la educación pública. Gandia exige la construcción de dos nuevos centros, ante el incremento de alumnos. El STEPV en La Safor reclama nuevos colegios públicos para las localidades de Piles, Ador, Gandia, Oliva, Xeraco y la Font d'En Carròs. Los alumnos y sus padres del Colegio Rural Agrupado (CRA) Riu Albaida de Palomar cortaron ayer la N-340 a su paso por la localidad para protestar sobre las condiciones en las que se encuentra el centro, de más de 50 años de antigüedad. Unos 30 niños, según el consejo escolar, se ven afectados por goteras, falta de calefacción y espacio, además de la falta de material escolar prometido por la consejería. Desde el mismo consejo se ha explicado que la Generalitat contempla la construcción de un nuevo centro a través del programa Crea Escola, pero que no se levantará hasta el año 2010, por lo que pidieron "celeridad" en la tramitación del proyecto, ya que se tienen trabajos adelantados como la cesión del suelo que debe realizar el Ayuntamiento. Todos los colegios públicos de Ibi secundaron ayer la protesta convocada por el AMPA del colegio público Miguel Hernández para exigir un compromiso de la consejería y el Ayuntamiento, a fin de que el centro sea reformado. Más de 100 personas protestaron ante las puertas del colegio, que este curso cumplirá 72 años, tiempo en el que no se ha llevado a cabo ninguna reforma.
La
educación valenciana registra el mayor fracaso escolar de España en los últimos
años EL PAÍS - 09-09-2006 La realidad es la que es. Y la Comunidad Vañlenciana es la autonomía española que lidera el mayor aumento de fracaso escolar en los últimos cuatro años, según pusieron ayer sobre la mesa el portavoz de la Ejecutiva socialista, Miguel Soler, y su homóloga en las Cortes, Ana Noguera. Con los datos del Ministerio de Educación y del INE, el fracaso en los colegios valencianos se ha disparado 8,2 puntos en cuatro cursos, pasando del quinto puesto nacional al último de la cola. Si en 2000 la tasa de jóvenes de 18 años sin título de ESO fue 25,9%, en 2004 abarcó al 34,1%. En septiembre de 2000 la Comunidad Valenciana ocupaba el quinto lugar por arriba entre las comunidades con menor fracaso escolar, con un 25,9% de jóvenes de 18 años que abandonaban la ESO sin graduarse. Cuatro años, después ha caído en picado hasta el último puesto en la comparativa de autonomías que no sólo no ha reducido su fracaso escolar (como el País Vasco que encabeza la reducción con -4,3 puntos menos y Galicia con -3,3), sino que lidera la mayor subida de España con 8,2 puntos más de fracaso al término de 2004. En un cuatrienio que -como subrayó Soler- "coincide con el del impacto de la reforma educativa que hizo el Gobierno del PP". Se trató de una batería de reformas impulsadas, precisamente, con el "objetivo expreso" de acabar con el fracaso escolar en España y la gran brecha que había entre la media nacional (un 27,1% en 2000) y la de los países de la Unión Europea. Un reto, que ni tan siquiera se ha cumplido a nivel nacional, según Soler, ya que "la media nacional de fracaso escolar ha crecido en 2,5 puntos hasta el 29,6%, gracias al espectacular crecimiento de 8,2 puntos liderado por la Comunidad en ese periodo", remató. "Se puede decir que bajo el Gobierno popular y el de Francisco Camps, casi 4 de cada 10 alumnos valencianos no han obtenido el título de graduado de ESO". Casi el doble en cuatro cursos. Pero, además, observó Soler, el fracaso escolar tiene un impacto negativo directo sobre otra de las prioridades europeas -que pretende que en 2010 el 90% de los jóvenes entre 18 a 24 años tenga la titulación de estudios postobligatorios - claves para obtener empleo cualificado y aumentar la competitividad de la región. Si España ya está a cola de los países de la UE con un promedio de sólo 62,5% de jóvenes en esa franja de edad en posesión de un título Bachillerato o FP Superior; la Comunidad Valenciana también se lleva la palma situándose "a nada más y nada menos que 26 puntos del objetivo", sentenció Soler. "El problema, como se ha visto, no está en hacer más exámenes o repetir curso con los mismos contenidos de la misma forma como proponían las reformas del PP, sino en ofertar una educación infantil de calidad, una primaria que permita adoptar fórmulas para trabajar con los alumnos con más dificultades, y distribuir a los inmigrantes y alumnos más desfavorecidos de manera equitativa entre centros públicos y privados". Una variable, ésta última, donde los datos también son testarudos. Según la Federación de Enseñanza de UGT, en la provincia de Castellón "los colegios concertados sólo escolarizan al 6% de alumnos extranjeros", cuya matrícula total ronda los 10.000. En el resto de provincias el porcentaje de imigrantes en la red pública no baja del 80%, según constatan también CC OO y el STEPV, disparándose incluso al 90% en ciertas zonas de Alicante. El curso que inicia el lunes, según la diputada Noguera, "arranca mal". Pero sin grandes novedades. "Estos resultados se veían venir. No es casual", espetó. "El fracaso escolar se debe a la irresponsabilidad, incompetencia e indecencia del Gobierno de Camps". Una "irresponsabilidad" que comienza por "la falta de previsión de la Consejería de Educación, que no tiene una planificación seria y va apagando fuegos según de dónde vengan las presiones". Ejemplo de ello es el "retraso acumulado en las construcciones y reformas educativas", que han dejado un paisaje "plagado de barracones, aunque según el Consell no existen". "Ya está bien de frases de titular, que no resuelven los problemas", alertó Noguera. "La Comunidad Valenciana está 6 puntos por debajo de la media nacional en plazas públicas de 0 a 3 años, además de que la ratio por aula sigue aumentando". El sindicato STEPV coincidió ayer con UGT en las "carencias" a las que se enfrentan los escolares en este curso. UGT cifró el número de barracones sólo en la provincia de Castellón en 256. Cifra similar a la del STEPV que calcula 250 prefabricados para escolarizar a 6.000 alumnos. En cuanto al proceso de matriculación, el STEPV aseguró que el crecimiento de la demanda de plazas públicas debido al aumento demográfico, fundamentalmente por la llegada de alumnos inmigrantes, "no está siendo atendida adecuadamente, la consejería ha optado por aumentar la ratio en las aulas de infantil".
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