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16-10-2004

Los obispos movilizan contra la reforma educativa a párrocos y docentes de religió

Zapatero recuerda a los obispos que la reforma educativa se apoya en las urnas

carta semanal del arzobispo   AGUSTÍN GARCÍA-GASCO/ 

 

La Iglesia recoge firmas y facilita un 'argumentario' favorable a la Ley de Calidad del PP
 

La Iglesia ha decidido poner todos sus resortes en marcha para evitar que prospere la reforma educativa que propone el Gobierno en la enseñanza de religión. Las diócesis han convocado a los profesores de religión (pagados por la Administración y elegidos cada curso por los obispos) para que firmen un documento a favor de la paralizada Ley de Calidad del PP. Además se les ha pedido que cada uno remita al Ministerio de Educación un argumentario, ya elaborado por la Conferencia Episcopal, que establece que "el Estado no es competente" en materia de formación religiosa. Los obispos también han enviado a los párrocos una circular para que, al acabar la misa, repartan este mismo documento y recojan firmas. Hace días, los delegados diocesanos de enseñanza de toda España se reunieron en la comisión episcopal de Enseñanza y acordaron distintas acciones para evitar que le enseñanza de la religión salga de las escuelas, y las respuestas que los feligreses debían dar a las cuestiones sobre la enseñanza de la religión que el Ministerio de Educación plantea en el debate en Internet sobre su reforma. La comisión acordó impulsar la creación de una plataforma que recogiera el mayor número de firmas entre sus fieles. Estas firmas se las entregarán a la Concapa para que ésta se las presente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta ahora se han recabado más de medio millón de adhesiones, según esta organización.

La archidiócesis de Madrid, de la que es titular el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Antonio María Rouco, arrancó el jueves la movilización de los profesores de Religión. En una ceremonia de inicio de curso, el delegado diocesano de Enseñanza, Avelino Revilla, repartió a 400 docentes de esta materia dos hojas. Una, para que los docentes se pudieran adherir "a la defensa del derecho de los padres a la formación religiosa de sus hijos según sus convicciones". En la otra hoja aparecen tres respuestas a tres de las preguntas del cuestionario que el Ministerio de Educación ha colgado en Internet para conocer la opinión ciudadana sobre la reforma que prepara. En ella, se indica que se envíen estas respuestas a la web del ministerio.

 

Elegir libremente
El texto encomienda a los docentes que contesten que "no es adecuado" que se incorpore la enseñanza no confesional de la religión dentro de las asignaturas de historia, filosofía y educación para la ciudadanía, "porque el Estado no es competente en esta materia formativa". En otra de las preguntas les dice que respondan que "no están de acuerdo" con que Educación eleve una consulta al consejo de Estado sobre si las familias que lo soliciten puedan renunciar a actividades alternativas a la enseñanza de la religión. Para que "la enseñanza religiosa confesional sea libremente elegida es necesario que los alumnos que no opten por ella tengan una alternativa en igualdad de condiciones", señala el texto.

 

En la última pregunta, les requiere que contesten que "no es necesario" que las condiciones laborales de los profesores de las enseñanzas confesionales se adecúen al Estatuto del Trabajador, "porque ya están adecuadas, según numerosas sentencias al respecto". "Es necesario un nuevo estatuto jurídico del profesor de religión que mejore su situación actual respetando sus peculiaridades", añade.

 

Actualmente, 13.000 profesores de religión imparten clase en la escuela pública. A todos ellos los eligen los obispos cada año pero los contratan y los paga el Estado.

 

El delegado diocesano de Enseñanza de la archidiócesis de Madrid, Avelino Revilla, explicó ayer el por qué de este aleccionamiento: "Lo que quise es animar a los profesores a que entren en el debate propuesto por el ministerio en su página web, porque creo que se está arrinconando la asignatura de religión al desaparecer la alternativa no confesional". "Lo que queremos es manifestar nuestra oposición a estas propuestas del ministerio. Queremos hacer oír nuestras voces como ciudadanos. No es una revancha, sino que tomamos la palabra que nos han cedido".

 

Educación quiere eliminar el área de Sociedad, Cultura y Religión, que establece la Ley de Calidad. Este área tenía dos opciones, una confesional (cuyos contenidos los ponía la Iglesia) y otra llamada Hecho Religioso. Estas dos asignaturas contaban a todos los efectos en las etapas educativas obligatorias, incluso para repetir curso, como una asignatura más. Con la reforma del Gobierno socialista, la asignatura de religión confesional seguirá siendo de oferta obligatoria por parte de los centros educativos, pero voluntaria para aquellos alumnos que lo soliciten. Su calificación no computará a efectos académicos de cálculo de nota media de acceso a la Universidad ni para la concesión de becas.

 

Mentalización
En Oviedo, también el arzobispado ha pedido a las parroquias que recojan firmas, informa Javier Cuartas. La vicaría general ha dirigido una circular a todos los párrocos de Asturias en la que les piden que "informen y mentalicen" a sus feligreses en defensa de la enseñanza de la religión católica. En el escrito se pide a los párrocos que inviten a sus fieles a participar activamente en el debate abierto por el ministerio. "Hagamos valer nuestros derechos como ciudadanos y reclamemos lo que pertenece a derechos tan fundamentales como la libertad religiosa, de pensamiento y de enseñanza", señala la nota de la Iglesia asturiana.

 

En otras ciudades también se están movilizando. En Valencia se constituyó en marzo pasado la Plataforma Nacional contra el acoso de la Religión, que coordina también la Concapa, informa Neus Caballer. Hasta la fecha ha recogido 325.000 firmas, de los que unos 12.500 son profesores de Religión, aseguró su presidente, Alejandro Quintana

 

El repique de campanas episcopal contra las reformas educativas del Gobierno lo anunció el cardenal Antonio María Rouco apenas una semana después de la victoria electoral socialista. Pero es un repique que viene de lejos: cada año, los obispos llaman a rebato a sus 14.000 docentes de catolicismo -contratados y pagados por el Estado, pero escogidos cada curso por la jerarquía eclesiástica- como punta de lanza en defensa de una clase de religión que ningún Gobierno piensa suprimir. La Unión Sindical Independiente de Trabajadores ve en esa actitud "un mar de confusión". "Lo sangrante es que nadie debate sobre la situación en que viven 14.000 profesores. No importan las personas", dice.

Más contundente fue ayer la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa, que tachó de "cruzada indecente" la campaña, acusó a los obispos de aplastar derechos fundamentales de sus docentes negándoles el amparo del Estatuto de Trabajadores, y calificó de "difamación" el que digan que va a desaparecer la asignatura. Este sindicato reprocha al Gobierno que no acelere las reformas para amparar derechos laborales de un colectivo sometido "al capricho anual" de sus contratadores.

Zapatero recuerda a los obispos que la reforma educativa se apoya en las urnas

 

el pp acusa al psoe de "manía persecutoria" hacia la iglesia

La Conferencia Episcopal insiste en que los católicos pueden llegar a movilizarse

 

 

Zapatero comentó la reforma durante la rueda de prensa con el presidente checo, Vaclav jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que no tiene ninguna previsión de cambio en los acuerdos básicos existentes entre el Estado y la Iglesia católica y subrayó que algunas modificaciones legales contestadas por la Iglesia responden "estrictamente" al deseo de los ciudadanos.

Zapatero hizo estas consideraciones en una conferencia de prensa junto al presidente de la República Checa, Vaclav Klaus, al ser preguntado por la posibilidad de que el Ejecutivo aborde una modificación en las relaciones con la Iglesia.

El presidente expresó su "profundo respeto" por las opiniones de la jerarquía eclesiástica aunque sean muy críticas con el Gobierno. Garantizó que no va a haber "reciprocidad" en esas críticas y subrayó que en un país libre y democrático los parlamentarios dictan las leyes en representación de los ciudadanos.

derechos civiles Al hilo de ello, señaló que el Gobierno se está limitando a cumplir su programa electoral con la presentación de diversos proyectos de ley que amplían los derechos civiles de los ciudadanos y modifican el sistema educativo.

"Los ciudadanos han votado un proyecto electoral y lo que el Gobierno está llevando al Parlamento es estrictamente el contenido de lo que ha obtenido respaldo en las urnas", agregó. Por ello, insistió en que son los ciudadanos, y no el Ejecutivo, los que han dicho que querían ampliar el espacio de libertades civiles y los que quieren reformar el sistema educativo".

En esta línea, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró que el Gobierno mantiene "una buena relación" con la Iglesia Católica, aunque admitió que algunas decisiones del Ejecutivo "pueden no haber gustado". "Nosotros respondemos ante los ciudadanos, la Iglesia responde ante sus fieles", continuó la vicepresidenta primera quien subrayó la intención del Gobierno de mantener "el máximo diálogo en todos los temas" e insistió en que "no hay ningún tipo de confrontación".

Por el contrario, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, aseguró que los cambios educativos planteados por el Gobierno de Zapatero sólo obedecen a una "ofensiva o ataque" del Ejecutivo socialista contra la Iglesia católica, en una actitud que llegó a calificar de "manía persecutoria".

Asimismo, el coordinador del Comunicación del partido, José María Michavila, aseguró que la iniciativa del Gobierno, en especial en lo que afecta a la religión, muestra que el PSOE está "en manos de minorías radicales".

Un portavoz de la Conferencia Episcopal dijo ayer que la opinión de los obispos acerca del proyecto de reforma de la LOCE presentado ayer por la ministra es "la misma" que ya se expresó en rueda de prensa el pasado jueves.

En aquella ocasión, Juan Martínez Camino, secretario y portavoz de la Conferencia, admitió la posibilidad de que los católicos puedan manifestarse en contra de la política del Gobierno en relación con la asignatura de Religión, entre otros asuntos, aunque negó que los obispos lo estén alentando. >D.N.

 

"Un coladero para la ideología del Estado"

 

El presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, José Sánchez, expresó ayer su temor porque la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía prime sobre la de Religión y pueda convertirse en un instrumento "para colar la ideología del Estado". "No se si la ministra tuvo el lunes la gracia de poder hablar con claridad como para que todo el mundo la hayamos entendido", precisó. El prelado manifestó que tiene serias dudas de que la reforma del Gobierno "vaya a garantizar una enseñanza religiosa digna y seria al que la pida". En este sentido, desea que los autores del proyecto "no lleguen hasta donde algunos han anunciado" y agregó que lo que más le preocupa es que la enseñanza de un profesor de Religión en horas no centrales "se neutralice" por la que imparta el profesor de Derecho Religioso o Historia de las Religiones. Sánchez justificó esta preocupación en que la Religión será optativa, mientras que la nueva asignatura va a ser obligatoria, y también porque la religión católica, la islámica o la ortodoxa queden como optativas en tanto que "se camufla una obligación de participar todos en un formación llamada en valores por donde puede colarse la ideología del Gobierno".

Alianza Evangélica Española
Los protestantes españoles englobados en la Alianza Evangélica Española señalaron que están de acuerdo con la "separación entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas" y que, por lo tanto, "la escuela pública no debería impartir ningún tipo de enseñanza religiosa confesional".
 

carta semanal del arzobispoA GUSTÍN GARCÍA-GASCO/  Las Provincias

El nacional-laicismo

Durante los últimos meses observo con preocupación en España el crecimiento de una planificada corriente de opinión antirreligiosa, el laicismo intolerante contra los cristianos: el nacional-laicismo.

La aconfesionalidad y la separación de la Iglesia y el Estado cuentan con el apoyo de los católicos. No así el laicismo intolerante que es algo muy distinto. La aconfesionalidad proclamada en la Constitución Española contempla las distintas opciones religiosas como un derecho legítimo de los ciudadanos que merece protección, al menos, como otros derechos, tales como el acceso a la cultura, a la política, al desarrollo libre de la personalidad o a la libertad de expresión. El respeto a la libertad religiosa se encuentra en la base de la convivencia democrática.

Por el contrario, el laicismo es intolerante. Es como una caricatura de la legítima aconfesionalidad del Estado. Se trata de un prejuicio antirreligioso. El laicismo no es democrático.

La mentalidad del laicismo es simple: las creencias religiosas vendrían a ser supersticiones de gente inculta. Trata la religión como si fuese una afición privada que no debe tener manifestaciones públicas, ni relevancia jurídica o social. Primero quieren expulsar la religión de la esfera social y luego, en una segunda fase, eliminarla en el hombre, para que los principios religiosos acaben desapareciendo de la conciencia humana.

Por ello, cualquier dato que desprestigie a los cristianos y a la Iglesia merece ser exagerado y repetido hasta la saciedad. En cambio, los numerosos hechos que benefician al sentido religioso, a la cultura cristiana o al pueblo católico, resultan minimizados o silenciados.

Este modo de actuar es claramente injusto y sectario, y, a veces desgraciadamente, procede de resentimientos y frustraciones personales. Atenta contra la decencia y la rectitud moral. Sin embargo, y de modo paradójico, quienes emprenden la militancia laicista suelen autodenominarse como tolerantes y progresistas .

Son ellos los que dictan lo que debe tolerarse y lo que no. Queriendo situarse más allá del bien y del mal, y con el apoyo de grupos de presión, buscan convencer a la opinión pública de que siguen siendo tolerantes cuando tratan injustamente a otras personas, a las que previamente descalifican. La primera víctima de esta actitud es la libertad religiosa reconocida en la Constitución Española.

En los últimos meses abundan muestras de laicismo confesante y militante . Sin noción de la mesura se habla de hoja de ruta contra la Iglesia y se aprovecha para atacar a la comunidad católica.

La intolerancia laicista deforma la realidad hasta amoldarla a sus propios dogmas y obsesiones. Se manipula la fe católica y se desea ofrecer una imagen de la Iglesia retorcida y esperpéntica.

Los ataques a la religión, al cristianismo o a la Iglesia, no quedan en meras abstracciones: esas falsedades acaban dañando a personas concretas, a grupos humanos reconocibles, merecedores de consideración y respeto.

Ante esta situación los católicos no hemos de tener miedo. Hemos de hacer uso de nuestra libertad de expresión y abandonar complejos y cómodos silencios. Somos la mayoría de este país, no la minoría, y el cristianismo impregna nuestra cultura y nos da esperanza para afrontar el futuro. El cristiano congruente no puede avergonzarse ni mirar a otro lado ante la intolerancia laicista que tratan de propagar.

Superar el laicismo y toda clase de intolerancia es necesario para una cultura de la paz.

Los católicos no queremos privilegios pero como ciudadanos congruentes exigimos nuestros derechos y cumplimos con nuestros deberes. Respetar a la Iglesia católica y sus miembros, al cristianismo y a las demás religiones descubre quiénes son los verdaderos defensores de la libertad y de la democracia.

Con mi bendición y afecto.

 

 

 

 

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