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LA LLEI DE QUALITAT DE L'EDUCACIÓ (3)
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LEY
ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (L.O.C.E.)
Comparecencia de la confederación de
STEs ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados
Agradecer, en primer lugar, al Presidente de la Comisión
la invitación realizada a la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y
Trabajadoras de la Enseñanza (STEs) para poder expresar ante las personas
componentes de la misma la valoración que realizamos sobre el proyecto de
Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Quiero valorar lo que
supone la invitación realizada, pues si mal no recuerdo es la primera vez
que se invita a la Confederación de STEs a esta Comisión, y eso que los
STEs somos la segunda fuerza sindical en el ámbito de la enseñanza
pública en el conjunto del Estado. Por esta Comisión creo que van a pasar,
que estamos pasando, muy distintas organizaciones sindicales y sociales, por
lo que me atrevo a señalar que no todas las opiniones valen lo mismo, pues
no todas tienen el mismo respaldo expresado en número de votos.
Desde el punto de vista de la Confederación de STEs la
LOCE ni es una ley necesaria, ni contempla las medidas que necesita nuestro
sistema educativo para mejorar.
Es evidente que tras doce años de la promulgación de la
LOGSE son necesarios cambios, pues hay problemas. Muchos de los retos a los
que trató de responder esta ley siguen estando pendientes al día de hoy.
Por esto hay que hacer un poco de memoria; en el momento de aprobación de
la LOGSE, los STEs y otras voces progresistas, denunciamos sus deficiencias.
La LOGSE no abordó todos los aspectos necesarios para mejorar la calidad de
la educación. Se dieron por supuestas condiciones en los centros y en el
profesorado que no existían y, pese a los retrasos en su implantación, no
se fueron creando las condiciones suficientes a medida que se implantaba
para asegurar su éxito. Cuando denunciamos que la LOGSE nacería muerta si
no iba acompañada de la financiación adecuada, y no sólo de una memoria
económica, sabíamos, como se vio más tarde, que este déficit impediría
elementos esenciales para su desarrollo: construcciones, recursos materiales
y humanos para la atención a la diversidad, programas realistas para
capacitar al profesorado ante los nuevos retos educativos, tanto en su
formación inicial como permanente, mejoras laborales que lo posibilitaran,
inclusión de nuevos profesionales en las plantillas de los Institutos, etc.
La situación ahora es compleja, aunque las estadísticas
oficiales nos dicen que el fracaso escolar ha disminuido, pasando de un 37%
en 1989, a un 23’6% en el año 1999, y ahora puede rondar, según los
expertos, en torno al 20%, como la media de la OCDE; estos datos deberían
hacer que todos los que estamos inmersos en el mundo de la enseñanza, pero
sobre todo la administración educativa, tuviéramos un moderado optimismo
ante el futuro, pero parece que políticamente esto no interesa al partido
gobernante, por lo que se ha trasladado a la opinión pública los fracasos
y no los éxitos, lo que ha generado un ambiente, especialmente en torno a
la Educación Secundaria que no es el mejor ni para que el profesorado pueda
realizar su trabajo, ni tampoco para el correcto funcionamiento de nuestro
sistema educativo. También queremos indicar que no se puede atribuir
gratuitamente a la ampliación de la escolaridad obligatoria ni a la
implantación de un currículum comprensivo los problemas de fracaso, de
abandono o de indisciplina que se detectan en nuestros centros educativos.
Ensayar nuevas reformas o, mejor, realizar una contrarreforma sin haber
analizado previamente y con seriedad las causas del mal funcionamiento, que
no del fracaso, de las anteriores, llevará a que los problemas se
mantengan, se reproduzcan y se multipliquen, pues sus causas son de fondo y
continuarán también con la nueva ley.
El proceso de elaboración del proyecto de ley se puede
calificar de cualquier cosa menos de democrático. Unas propuestas del MEC
fueron apareciendo a lo largo del curso pasado a través de ambigüedades e
imprecisiones y mezcladas con descalificaciones al sistema actual; otras,
como las de los "itinerarios" vienen de hace unos años, de la
época en que el Sr. Nasarre, Presidente de esta Comisión era Secretario
General de Educación del MEC.
El "Documento de bases para una ley de calidad de la
educación" presentado por el MEC en marzo de este año y el debate
realizado sobre el mismo se podría calificar simplemente de
"broma" si no fuera porque es la base en la que se sustenta este
importante proyecto de ley.
El anteproyecto no ha sido realmente discutido por los
sectores sociales implicados en la educación, ni con las distintas
organizaciones de la comunidad educativa. El MEC se ha limitado a realizar
consultas con algunas entidades, la mayoría no representativas, a convocar
jornadas propagandísticas con invitados a la carta y a utilizar los medios
de comunicación para justificar su proceso de reforma y haciendo, repito,
una descalificación del funcionamiento de la enseñanza.
Hay que señalar que pese a que la ley afecta en gran
medida al profesorado y a sus condiciones de trabajo, el MEC no ha pasado el
anteproyecto ni el proyecto por la Mesa Sectorial de Educación, donde
estamos las organizaciones verdaderamente representativas del profesorado,
como entendemos que es preceptivo y, por si esto fuera poco, también hay
que señalar que a algunas personas y organizaciones, como a los STEs, se
nos impidió expresar en el Consejo Escolar del Estado nuestra opinión
sobre el anteproyecto.
Para la Confederación de STEs la política neoliberal
que el gobierno del PP está desarrollando en los distintos ámbitos
sociales y económicos, se concreta en el terreno educativo en tres leyes,
la LOU y la Ley de FP, ya aprobadas, y la mal llamada "ley de
calidad". El objetivo último de estas leyes, en línea con el
neoliberalismo, aspira a poner la enseñanza y el dinero público destinado
a la misma en los Presupuestos Generales del Estado y en los de cada
Comunidad Autónoma al servicio de las empresas de enseñanza, empresas
entre las que destaca la Iglesia Católica, dentro de una política general
de privatización de los servicios públicos, política que pasa por
descalificarlos y deteriorarlos primero y privatizarlos después.
El proyecto de ley plantea un cambio en profundidad del
sistema educativo, utilizando como aval interpretaciones sesgadas de
informes comparativos de sistemas educativos e instrumentalizando el
malestar del profesorado, haciendo recaer sobre el modelo comprensivo la
responsabilidad exclusiva de los males educativos de este país; males a los
que durante los seis años que lleva el gobierno del PP gestionando la
política educativa no sólo no ha querido poner remedio, sino que ha
contribuido a agravar disminuyendo los recursos, pues se ha pasado de
invertir el 4’9% del PIB en el año 1993 al 4’5% en el 1.998, cifra que
se mantiene actualmente; esta disminución de 0’4 puntos supone que se
dedican a la enseñanza tres mil millones de euros menos cada año y,
mientras tanto, van aumentando las subvenciones a la enseñanza privada.
El proyecto de ley se plantea con un nombre altamente
pretencioso, "ley orgánica de calidad de la educación", como si
la enseñanza, la educación actual no fuera de calidad, infravalorando al
mismo tiempo a todo el sistema educativo y el trabajo del profesorado. Se
habla de calidad y lo hacen partiendo de unos principios cuyos enunciados
pueden parecer asépticos, pero que en realidad esconden la filosofía de
una política conservadora que pretende acabar con la línea pedagógica que
marca nuestra sistema educativo y que no es otra que la línea de la
igualdad de todos y todas en el acceso a la educación, igualdad de
posibilidades en el desarrollo de sus capacidades, y en la apuesta por la
compensación de desigualdades; el proyecto nos marca otra línea, nos habla
de selección y de clasificación, lo que quiere decir segregación y
privilegios para unos pocos.
El proyecto de ley nos habla de "educación
preescolar", de educación asistencial, rompiendo el marco actual que
considera toda la etapa educativa de 0 a 6 años como una etapa educativa.
El proyecto nos vuelve así al pasado, cuando lo que en realidad se necesita
es que sea norma básica para todo el Estado el que toda la etapa se regule
y se gestione desde las Consejerías de Educación. El gobierno, sin
aumentar los presupuestos, quiere hacer obligatoria la financiación de la
Ed. Infantil en todas las comunidades, aspecto que rechazamos de manera
absoluta pues es una etapa no obligatoria y el presupuesto que se quiere
destinar a este fin debería destinarse a la creación de plazas públicas
en el tramos 0-3, a la mejora de las infraestructuras en el 3-6 y para hacer
efectivo el principio constitucional de que la enseñanza básica es
gratuita. Consideramos, en definitiva, que es necesario que el dinero
público se dedique a la escuela pública para su mejora.
Cuando se habla de "itinerarios" el proyecto de
ley dice en su art. 25.4 una cosa, "los centros sostenidos con fondos
públicos deberán ofrecer todos los itinerarios", y después se dice
su contraria, que este principio general se podrá adecuar a las
"necesidades generales y de demanda" y, por si esto no fuera
suficiente, se contempla la creación de "centros con especialización
curricular". Para la Confederación de STEs esto quiere decir que los
centros educativos podrán impartir los itinerarios que quieran; pero,
claro, habrá que ofertar todos los itinerarios posibles en función del
alumnado existente en cada localidad. Ante esto nos podemos preguntar
¿quién se especializará en los itinerarios que conducen al Bachillerato?,
¿quién ofertará el itinerario peor?, ¿quién ofertará los Programas de
Iniciación Profesional?; y nos podemos contestar: está claro, la
enseñanza privada, en virtud de la "libertad de enseñanza" y en
la posibilidad que esta ley le dará de creación de "centros con
especialización curricular", ofertará los itinerarios que quiera y la
enseñanza pública, que debe atender a todo el alumnado, deberá ofertar
todos los itinerarios y, lógicamente, los Programas de Iniciación
Profesional, programas que de hecho se convierten en un cuarto itinerario al
que destacados pedagogos no han dudado en calificar como el "basurero
del sistema".
Los centros educativos podrán también tener un
"ideario propio", ideario que habrá de ser aceptado si se elige
dicho centro
Las tres medidas que acabo de señalar, la posibilidad de
no ofertar todos los itinerarios, la de ser centro de especialización
curricular y la de tener que aceptar el ideario, tienen un objetivo claro y
explicito: que la enseñanza privada pueda seleccionar a su alumnado,
consiguiendo trasvasar al alumnado "bueno", dicho entre comillas,
de la enseñanza pública a la enseñanza privada concertada, e impedir que
el "malo", dicho también entre comillas, permanezca o llegue a la
enseñanza privada concertada.
En definitiva, que para los STEs la segregación del
alumnado en itinerarios que está siendo presentada por la administración y
por algunos defensores de esta ley como la panacea a los problemas
existentes, no solucionará los problemas actuales sino que los acrecentará
y se establecerá una clara división entre los centros y los problemas se
concentrarán en determinados grupos, itinerarios y centros públicos, pues
los privados se "desprenderán" del alumnado problemático. La
segregación traerá más problemas y conflictos a los centros públicos y
dificultará, cuando no impedirá, el trabajo del profesorado en los centros
que, sin duda, se convertirán en "guetos".
Para la Confederación de STEs la enseñanza obligatoria
es aquella que garantiza el derecho de todas y todos a una educación que
desarrolle sus capacidades en igualdad de condiciones, aquella que dote a
todo el alumnado de una formación sólida que le capacite para afrontar los
cambios a los que habrá de enfrentarse en la vida, especialmente en un
sistema laboral en que las competencias necesarias se renuevan rápidamente.
En esta dirección, hay motivos para estar preocupados por el cumplimiento
de este derecho, especialmente cuando es sabido que las desigualdades
socioeconómicas y culturales de procedencia familiar de los estudiantes se
manifiestan en mayores dificultades para éstos. Es preocupante cualquier
medida que restrinja las posibilidades del alumnado de permanecer
escolarizado o que segregue al alumnado con menor rendimiento, lo que supone
reproducir y agravar las diferencias sociales.
La enseñanza obligatoria debe tener unos objetivos
propios y un sentido en sí misma. Esta enseñanza será eficaz si logra sus
metas, y no en función de niveles posteriores. En la enseñanza obligatoria
no es tolerable ni la selección previa ni la interna, y se deben realizar
todos los esfuerzos para evitar su abandono.
Los itinerarios demuestran claramente las intenciones del gobierno, dado que
tratan de seleccionar lo antes posible al alumnado en función de su destino
final. Con ello, el alumnado de familias acomodadas y con ciertas
aspiraciones irá colocándose desde los primeros años en aquellos centros
de Primaria de "mayor nivel" y mejor relacionados con los de
Secundaria con ciertas optativas, que le permitan a su vez cursar un
Bachillerato de calidad y optar a carreras universitarias de primera
categoría, todo ello con todos los apoyos necesarios en forma de clases
particulares o de otros medios. Al grupo de centros de "nivel
superior", sobre la base de criterios de eficacia y rentabilidad, no
podrán acceder más que unos pocos centros públicos, el resto serán
privados concertados.
Los famosos "niveles", la calidad del sistema y
la reducción del fracaso escolar no tienen nada que ver con unas pruebas
finales por muy amenazadoras que se quieran presentar. La calidad y la
reducción del fracaso escolar sólo se obtienen mediante una intervención
en cada una de las etapas, ciclos, niveles y cursos con las medidas
pedagógicas y didácticas adecuadas, así como con la aportación de los
recursos materiales y humanos necesarios para tratar la complejidad que
tienen las diferentes situaciones de diversidad de alumnado. Aquí hay que
señalar que nos resulta muy llamativa la ausencia de medidas de apoyo y
refuerzo al alumnado con problemas en Ed. Primaria.
La reválida que se pretende justificar desde argumentos
tan vagos como que es necesario un mayor nivel de exigencia en los estudios
actuales, nivel que se alcanzará al superarla, atenta frontalmente,
además, contra la evaluación continua que el profesorado realiza día a
día sobre su alumnado. Se trata sin duda de una prueba de desconfianza de
la administración sobre profesorado y alumnado, que en una sola prueba han
de ser examinados de lo que ya han superado a través de la evaluación
continua.
La reválida en el Bachillerato también significa la
reintroducción fraudulenta de la selectividad. La superación de esta
reválida es el requisito para el acceso a la Universidad, pero se da la
paradoja de que, según la LOU, también ésta puede establecer una prueba
cuando la demanda supere la oferta establecida. De este modo, el alumnado
deberá superar en un sólo año tres exámenes decisivos para su futuro: el
de Bachillerato, exigido conjuntamente por el Estado y la Comunidad
Autónoma, la Reválida, exigida por el Estado para la obtención del
Título, y la prueba o pruebas de acceso, exigidas por las Universidades.
Los STEs defendemos que la etapa de la escolaridad
obligatoria debe ser una etapa de convivencia entre los niños y niñas y
los jóvenes de distinta procedencia y distinta extracción social, de
convivencia entre personas de distintas creencias y razas, de convivencia
con "el otro", con el que es distinto, pues la etapa de
escolarización debe ser una etapa que sirva para el reconocimiento mutuo,
para la valoración mutua entre los que son distintos, para contribuir con
esta convivencia al mejor desarrollo democrático de una sociedad que cada
día es más diversa, más múltiple, más plural. La segregación en
itinerarios, la especialización curricular, los idearios, no contribuyen,
al contrario, dificultan lo que debe ser una convivencia democrática en los
centros escolares, como base a la necesaria convivencia democrática en la
sociedad.
En paralelo con esta apuesta por la interculturalidad en
los centros educativos, hay que señalar también que los países de la OCDE
que tienen sistemas comprensivos (Finlandia, Japón, Corea, Reino Unido...)
logran un elevado nivel educativo global, según el informe Pisa; por el
contrario, los sistemas educativos segregadores (como el alemán) no
aumentan los niveles. En España, con un sistema que es comprensivo sólo en
el papel, no se consiguen los niveles de los países con este tipo de
sistemas por tener un sistema educativo rígido y uniforme, que carece de
los recursos humanos y económicos necesarios para atender a la
hetereogenidad del alumnado.
Del profesorado se habla poco en este proyecto de ley y
lo que se habla no nos gusta a los STEs y creemos que tampoco le gusta a la
mayoría del profesorado. No se reconoce que el trabajo en las aulas se ha
venido complicando un poco más cada día como resultado de una sociedad en
continuo cambio, de una sociedad cada vez más compleja y, también hay que
señalarlo, con la aplicación de la reforma educativa, ya que la
administración no ha tomado las medidas adecuadas para solventar estas
complicaciones y hacer que la enseñanza mejore, pues lleva seis años
descalificando el sistema y, por tanto, al profesorado.
El proyecto de ley habla de formación inicial y
permanente del profesorado, pero para dejarlo tal y como está. No se cita
la formación inicial de los maestros y maestras, pues se mantiene igual que
está, por debajo de la media de la OCDE, fomentando la idea de que para
educar a los más pequeños se necesita menos formación y cualificación
que para hacerlo con los mayores; los STEs seguimos reivindicando el Cuerpo
Único de Enseñantes. Sobre la formación permanente la ley no se atreve a
valorar el fracaso que ha supuesto la aplicación de los sexenios y lo poco
que éstos han contribuido a mejorar la formación permanente del
profesorado, por más cifras que se quieran presentar de cursos realizados;
los STEs consideramos que la formación permanente debe basarse en la
reflexión conjunta de los Equipos de Ciclos, de los Departamentos, de los
Claustros sobre la práctica docente, huyendo de la burocracia que supone la
continúa repetición de cursos; es necesario que se reconozca el derecho a
la formación en horario lectivo y que para que ésta pueda darse deben
crearse en los centros las condiciones humanas y materiales necesarias.
El acceso a la función pública docente se también
mantiene como está. La LOGSE, pese a intentarlo, no consiguió acabar con
el problema del profesorado interino, pues en la actualidad hay un número
muy parecido al que había cuando se aprobó esta ley. Desde los STEs
consideramos que hay que acabar con la injusticia histórica que pesa sobre
este colectivo y que debe modificarse el acceso, que deben modificarse las
pruebas y que hay que reconocer en esta Ley el buen trabajo que viene
realizando la inmensa mayoría del profesorado interino; hay que permitir su
permanencia en el sistema con la aplicación de un "acceso
diferenciado", regulando el acceso del profesorado interino a modo y
manera de como se ha realizado con los facultativos del Insalud hace poco
tiempo, por medio de una ley aprobada en este Congreso.
El aumento de los controles, pruebas y reválidas como
forma de mejorar el sistema que se contempla en el proyecto de ley se
traslada también al profesorado y así se plantea hacer la evaluación del
profesorado como forma de mejorar su práctica docente y se le quiere
recompensar por ello, llegando a una nueva jerarquización del mismo, lo que
hará más difícil el necesario trabajo en equipo de Claustros y Equipos
docentes; al profesorado, sin embargo, no se le posibilita participar en la
evaluación de la administración educativa ni en como ésta influye en la
marcha de su centro.
La restauración de los viejos cuerpos de catedráticos y
directores supone una vuelta al pasado, que en nada va a mejorar el sistema;
la administración, si considera que los catedráticos son los mejores
profesores y profesoras debería encargarles como una de sus funciones el
enseñar al alumnado más problemático, como la mejor forma de mejorar
nivel y preparación.
Sobre el profesorado de privada concertada valoramos
positivamente que se indique en la ley que sus retribuciones tienen que ser
como las del profesorado de pública, pero lamentamos que esta medida no se
temporalice y lamentamos también que aunque este profesorado cobre con
dinero público no se regule que su acceso debe tener también control
público. Los STEs proponemos, por tanto, que se temporalice la
equiparación salarial y que, al mismo tiempo, se regule el control público
del acceso de este profesorado a los centros privados concertados.
Para la Confederación de STEs la no consideración del
Claustro y del Consejo Escolar como órganos de gobierno de los centros
docentes es un claro retroceso democrático que no tiene justificación,
pues reducirá la autonomía real de los centros educativos y no
contribuirá a mejorar ni la convivencia en los centros ni el trabajo en
equipo del profesorado. Tenemos la impresión de que al
"profesionalizar" la función directiva se pretende por parte de
la administración el tener un equipo directivo con un talante mucho más
"comprensivo" con sus medidas y con sus fallos y el tener un
elemento controlador y fiscalizador. La ausencia de candidaturas a la
dirección de los centros en el porcentaje actual no significa que la
comunidad de cada centro, ni el profesorado como parte de la misma, deseen
el sistema de directores profesionales. Los STEs, pese a los problemas,
seguimos defendiendo que los órganos unipersonales de los centros sean
elegidos por éstos, como parte de la cultura democrática y participativa
que existe en la enseñanza.
El gobierno, la Sra. Ministra habla de motivar al
profesorado, pero las medidas que se proponen y que acabo de citar tienden a
jerarquizarlo e infravalorarlo y algunas suponen un retroceso con lo que ya
existe en algunas comunidades, me refiero en concreto a la disminución en
horario lectivo a los mayores de 55 años con disminución de sus
retribuciones
La nueva asignatura "Sociedad, cultura y
religión" nos pone grotescamente de manifiesto que la aconfesionalidad
del Estado recogida claramente en la Constitución, sigue siendo una
asignatura pendiente. Las dos opciones de esta asignatura como evaluables y
computables para la nota media nos vuelven a llevar a lo que ya parecía que
había quedado claro y resuelto con la sentencia del tribunal Supremos de
1.994, que si lo que se enseña y evalúa en la opción no confesional es
necesario para la formación integral del alumnado, no se puede privar de
estos conocimientos al alumnado que elige la opción confesional, pues
sería una discriminación. Imaginamos que los tribunales tendrán que
volver a actuar y a poner las cosas en su sitio. Los poderes públicos,
desde el punto de vista de los STEs, puede garantizar el derecho
constitucional de los padres a que sus hijos e hijas reciban formación
religiosa sin que esta forme parte del currículun y sin que esta quite
horas de formación necesarias para otras asignaturas; las confesiones
religiosas pueden y deberían dar la formación religiosa fuera del horario
escolar.
También habría que hablar sobre la falta de una ley de
financiación, pero como hay poco tiempo, únicamente decir que cualquier
medida legislativa que pretenda ampliar los servicios educativos y no cuente
con la necesaria financiación, está destina al fracaso.
Para ir terminando quiero decir que esta ley se puede
calificar de sexista, pues se olvida e ignora en su articulado a las
alumnas, a las profesoras, a las madres... El proyecto de ley ha estado
redactado por personas con un lenguaje sexista, no coeducado, pese al
trabajo realizado y el dinero empleado por el propio MEC y por la Dirección
General de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en estos
últimos años para que el lenguaje refleje la realidad de nuestra sociedad.
Quiero terminar diciendo que el profesorado y el resto de
la ciudadanía que defiende la enseñanza pública, como enseñanza
democrática, igualitaria y de calidad para todos y todas, no vamos a
permanecer al margen de la tramitación de esta ley, que vamos a
movilizarnos, pues estamos convencidos de que es necesario salvar la
enseñanza pública, de que es necesario impedir que se llegue a lo que
parece que quiere llevarnos el gobierno, a que la enseñanza pública sea
subsidiaria de la enseñanza privada. Sabemos, y la historia nos lo enseña,
que calidad para unos pocos es privilegio, y sabemos que la enseñanza
pública es la única que puede garantizar que la calidad sea para todos y
todas.
Augusto Serrano Olmedo
Secretariado de la Confederación de STEs
Madrid, a 7 de octubre de 2.002
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Estimado/a Señor/a:
Somos una Comisión de Equipos Directivos de
Conservatorios Profesionales de Música y AMPAS de Conservatorios
Profesionales de Música y mandamos esta circular para comunicarte que
nos hemos puesto a reflexionar sobre el papel que las enseñanzas musicales
van a tener en el ámbito de la nueva Ley de Calidad de la Enseñanza.
De esta reflexión ha surgido el escrito que te
remitimos, con el título:
"LAS ENSEÑANZAS MUSICALES REGLADAS
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: UN DEBATE ABIERTO." (Página 2)
Te pedimos que lo leas y, si estás de acuerdo, que
mandes tu adhesión, tus sugerencias o ambas cosas al número de fax 961732723
del Conservatorio Profesional de Música de Cullera.
Gracias y saludos.
A continuación te presento la lista de adhesiones:
Conservatorio Profesional de Música de Alicante.
Conservatorio de Música Ruperto Chapí (Elda).
Conservatorio Profesional de Música de la Vall d’Uixó.
Conservatorio Profesional de Música de Catarroja.
Conservatorio Profesional de Música de Cullera y sus Centros Adscritos:
Centro Autorizado de Enseñanzas Musicales de Grado Profesional José
Serrano (Sueca).
Centro Autorizado de Enseñanzas Musicales de Grado Profesional Vicent
Vera (Sueca).
Centro Autorizado de Enseñanzas Musicales de Grado Profesional Maestro
Valdovín (Gandía).
Centro Autorizado de Enseñanzas Musicales de Grado Profesional Santa
Cecilia (Cullera).
Centro Autorizado de Enseñanzas Musicales de Grado Profesional L’Alcudia.
Conservatorio Profesional de Música de Oliva.
Conservatorio Profesional de Música de Ontinyent.
Conservatorio Profesional de Música Mariano Pérez Sánchez (Requena).
Conservatorio Profesional de Música de Torrent y sus Centro Adscrito:
Centro Profesional Autorizado de Enseñanza Musical de Grado Medio Luis
Sanjaime (Montroi).
Conservatorio Profesional de Música Núm. 2 de Valencia.
- Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos:
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Alicante.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música Ruperto Chapí (Elda).
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de la Vall d’Uixó.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Catarroja.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Cullera.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Oliva.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Ontinyent.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música Mariano Pérez Sánchez
(Requena).
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Torrent.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música Núm. 2 de Valencia.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música José Iturbi (Valencia).
- Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.
- Escuela de Música "Ad Libitum" de Ontinyent.
LAS ENSEÑANZAS MUSICALES REGLADAS EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA: UN DEBATE ABIERTO.
INFORME DE LA COMISIÓN DE
EQUIPOS DIRECTIVOS Y ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE CONSERVATORIOS
PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
1. INTRODUCCIÓN
En noviembre de este año, se cumplirán tres
años de la creación de la Comisión de Equipos Directivos de los
Conservatorios Profesionales de Música de la Comunidad Valenciana. Durante
todo este tiempo, representantes de la gran mayoría de todos los
Conservatorios han mantenido reuniones de trabajo, con una periodicidad
bimensual, para analizar y reflexionar sobre el presente y el futuro de las
enseñanzas musicales, conscientes de los graves problemas que nos afectan.
Sin embargo, ante los múltiples esfuerzos de transmitir
estas inquietudes y reflexiones a la Consellería de Educación y Cultura,
la respuesta recibida ha sido similar a la gran desatención que nuestras
enseñanzas sufren de las distintas Administraciones Públicas. El clima de
cansancio y descontento generalizado embarga a todos los sectores
implicados, y por este motivo, las Asociaciones de Madres y Padres de los
Conservatorios se han unido a los Equipos Directivos para exigir soluciones
definitivas, ya que transcurridos doce años de la promulgación de la
L.O.G.S.E., persisten los problemas de ordenación y de incardinación de
nuestras enseñanzas dentro del sistema educativo. Y para añadir más
confusión, el anteproyecto de la futura Ley de la Calidad empeora
sustancialmente la situación de las enseñanzas artísticas pues ni
siquiera aparecemos, sumiéndonos de nuevo, en una eterna incertidumbre.
Las enseñanzas artísticas han experimentado una
espectacular demanda social y constituyen un valor crucial dentro de los
sistemas educativos de todos los países de la Unión Europea. Tienen como
finalidad contribuir a la formación integral de los individuos y garantizar
la cualificación de futuros profesionales, por esto se convierten en un
excelente indicador para medir el nivel de desarrollo y bienestar de un
país.
En un contexto cultural-musical como la Comunidad
Valenciana, todavía parece más incomprensible esta situación. De todos es
sabido la especial trascendencia cultural y social que tiene la música
entre nuestros conciudadanos. Nuestros compositores, intérpretes y
directores están presentes en la Historia de la Música destacando por sus
valiosas aportaciones. Desde el siglo pasado, asociaciones musicales y
corporaciones locales han procurado que la música se extienda hasta el
último rincón de la geografía valenciana, y en la actualidad los músicos
valencianos están presentes en la práctica totalidad de Orquestas, Bandas
y Conservatorios de todo el territorio español, convirtiéndose en
auténticos embajadores de la cultura valenciana. A todo ello, nuestras
instituciones educativas han contribuido de manera excepcional. El
Conservatorio de Música de Valencia es uno de los más antiguos y
prestigiosos del país y los nuevos Conservatorios creados más
recientemente, se consolidan con fuerza en todo el territorio.
Así pues, ante el padecimiento continúo de profesores,
alumnos y padres/madres hemos decidido la redacción de este documento para
transmitirlo a los agentes sociales: Administración, Partidos Políticos,
Sindicatos, etc. con la esperanza de concienciar a los responsables de la
necesidad de abordar definitivamente estos problemas. Nuestra intención es
efectuar una reflexión serena sobre las enseñanzas musicales,
identificando sus áreas de mejora, con la finalidad de potenciar acciones
conjuntas de las Administraciones Educativas y los poderes públicos. Y para
ello, nos ofrecemos nuevamente para colaborar en este proceso y transmitir
nuestras reflexiones y experiencias al conjunto de la Sociedad.
- EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
Aunque todavía es pronto para valorar la futura ley, el
anteproyecto de Ley de la Calidad Educativa está provocando una honda
preocupación dentro de los Conservatorios y centros de enseñanzas
artísticas ya que las referencias a las enseñanzas musicales son mínimas.
De hecho, dentro de las enseñanzas escolares de régimen especial
únicamente aparecen desarrolladas las Enseñanzas de Idiomas. Con este
lamentable "olvido" la Administración Educativa desatiende las
enseñanzas musicales y los graves problemas que padecemos, sumiéndonos en
una nueva indefinición al obviar los desajustes de ordenación existentes
en la actualidad.
Estamos convencidos, que esta nueva ley orgánica podría
ser una magnífica oportunidad para corregir algunos de los graves problemas
que padecemos. Sin embargo con esta actitud la Administración vuelve a
desatender las enseñanzas artísticas.
También observamos con preocupación, la reducción de
la asignatura de Música dentro de las enseñanzas obligatorias. En el
citado anteproyecto, el área de Música desaparece de la enseñanza
primaria. Con esta medida las enseñanzas artísticas vuelven a
desvalorizarse y perder peso en el conjunto del Sistema Educativo.
La regulación del Bachillerato en la futura Ley de la
Calidad, sería una magnífica oportunidad a nuestro entender, para la
consolidación definitiva de una modalidad de "Bachillerato
Musical" que posibilitara la conexión de las enseñanzas musicales con
las generales y garantizará el acceso a los estudios universitarios al
equiparar esta nueva modalidad con las restantes. Sin embargo no es así,
más bien al contrario, ahora se añaden nuevas dudas e interrogantes. La
inclusión de la Prueba General de Bachillerato (reválida) introduce
elementos de confusión para aquellos alumnos nuestros que se acojan al
Bachillerato musical regulado en la LOGSE. Dicha prueba constará de una
parte común y una específica. Parece ser que la prueba específica
versará sobre las asignaturas de las diferentes modalidades. Como el
bachillerato musical no aparece como una modalidad, ¿Cómo será la prueba
de la parte específica? ¿Incluirá contenidos que los alumnos habrán
cursado en los Conservatorios de Grado Medio?, o como nos tememos,
¿obligará a nuestros alumnos a examinarse de asignaturas que no han
cursado, lo que supondrá la puntilla definitiva a este tipo de
bachillerato?, pues las dificultades actuales que padecen nuestros alumnos
en la selectividad se adelantarán para la obtención del Bachillerato.
Otro aspecto a considerar es el de las futuras
convalidaciones. Creadas para mitigar el exceso de carga lectiva que sufren
nuestros alumnos, desconocemos como se articularán en la nueva ordenación,
si serán posibles y que incidencia real tendrán en la práctica.
Para finalizar este apartado nos gustaría reflexionar
sobre "la cultura del esfuerzo" que la futura ley persigue
recuperar. Todos somos conscientes que nuestros alumnos están ya inmersos
en esta cultura del esfuerzo desde el primer día que acuden a los
Conservatorios, con la nueva Ley se endurecen los criterios de promoción y
las condiciones de la enseñanza obligatoria y el Bachillerato. Si no se
adoptan medidas en este sentido existe un problema real de inviabilidad de
este tipo de enseñanzas, ya que a los alumnos les resulta prácticamente
imposible cursar las enseñanzas obligatorias con las enseñanzas de
música. Esperamos que la nueva ordenación no suponga más dificultades y
hacemos un llamamiento a las Autoridades Educativas para la solución
definitiva de su incardinación en el Sistema Educativo. No queremos perder
otra oportunidad.
3. EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD.
El Real Decreto 990/2000 de 2 de junio de 2000 que
modifica y completa el Real Decreto 1640/1999 de 22 de octubre de 1999,
que regula las pruebas de selectividad a los estudios universitarios
supone un serio obstáculo para los alumnos que tienen el llamado
Bachiller Musical, y es uno de los motivos por el que muchos no se acogen
a esta "modalidad". No existe una vía especifica de acceso,
forzando a nuestros alumnos a examinarse, en el segundo ejercicio de la
citada selectividad, de áreas que no han sido cursadas por ellos.
Después de una serie de reivindicaciones hemos contemplado con
frustración que la llamada VÍA MÚSICA no ha prosperado, lo que
ha supuesto un serio revés a las expectativas profesionales. Para añadir
más confusión, la promulgación de la LOU (Ley de Universidades) no nos
aclara la situación. Esta ley ha modificado la prueba de selectividad, y
en estos momentos no sabemos como afectará a nuestros alumnos. Parece ser
que cada Universidad e incluso cada Facultad establecerá los
procedimientos de admisión que considere oportunos, desconociendo cual
será la incidencia de esta medida para los alumnos de enseñanzas
musicales.
- EL DESARROLLO INCOMPLETO DE LA LOGSE.
La promulgación de la LOGSE supuso un importante
avance en la articulación de las enseñanzas musicales dentro del sistema
educativo, sin embargo doce años después todavía existen aspectos no
desarrollados que impiden una normalización completa. Nos referimos a la
creación de los Centros Integrados de enseñanzas musicales de Grado
Medio y enseñanzas generales. En la actualidad las Administraciones
Públicas no han regulado estos tipos de centros. Solo existen algunas
experiencias de iniciativa privada. Con estos centros asistiríamos a la
solución definitiva de los problemas de excesos de carga lectiva que
padecen los alumnos. Hasta el momento los repetidos intentos de
concienciar a los responsables por parte de esta Comisión han resultado
infructuosos.
Además de lo citado anteriormente, estamos esperando
de la Administración Autonómica el Reglamento Orgánico y Funcional de
Conservatorios Elementales y Profesionales, la regulación de la normativa
para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas,
el mapa escolar de Conservatorios de la Comunidad Valenciana, un mayor
esfuerzo en la construcción de infraestructuras y dotación de
Conservatorios, regularización de las plantillas orgánicas de
profesorado a las exigencias reales para acabar con la inestabilidad de
los Claustros, convocatorias de oposiciones con más asiduidad,
ordenación coherente de pruebas extraordinarias y pruebas de acceso, etc.
- EL GRADO SUPERIOR DE MÚSICA.
En este sentido apoyamos a nuestros compañeros del
Grado Superior para que, de una vez por todas, los Conservatorios
Superiores se incorporen al sistema universitario, corrigiendo una de las
situaciones más injustas e incomprensibles.
También creemos que es necesario organizar los
estudios superiores en dos ciclos correspondientes a Diplomatura y
Licenciatura y garantizar los suficientes puestos escolares en los
Conservatorios Superiores para la promoción de los alumnos que acaben los
estudios en los Conservatorios Profesionales y superen las pruebas de
acceso a dichos estudios superiores.
Respecto a las pruebas de acceso a los Conservatorios
Superiores, es necesaria su regulación garantizando la excepcionalidad de
la vía extraordinaria (alumnos que no reúnen los requisitos de
titulación) para dignificar y valorar la labor de formación musical
realizada en los Conservatorios Profesionales y en los Institutos de
Secundaria.
- CONCLUSIONES.
Por todo lo expuesto con anterioridad, creemos
firmemente, que la Administración y los Poderes Públicos deben
garantizar la enseñanza profesional de la Música como un servicio
público de primera magnitud.
Actualmente nos encontramos en un proceso de
redefinición del Sistema Educativo, un buen momento para abordar y subsanar
los problemas que venimos padeciendo durante estos últimos años. Por este
motivo la nueva Ley Orgánica no puede hacer oídos sordos a esta
situación.
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PROPUESTA
al Pleno del Consejo Escolar del Estado ante el "Informe de la
Comisión Permanente al Anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de
Educación":
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CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Augusto Serrano Olmedo y José Luis
López Belmonte, Consejeros en representación de la Confederación de
Sindicatos de Trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza (STEs),
realizan la siguiente
PROPUESTA al Pleno del Consejo
Escolar del Estado ante el "Informe de la Comisión Permanente al
Anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de Educación":
DEVOLUCIÓN del citado Informe a la
Comisión Permanente y convocatoria de una Ponencia especial que redacte
un nuevo Informe.
Consideramos que en la Ponencia
especial deberán estar representadas todas las organizaciones presentes
en el Consejo Escolar del Estado y que debería reelaborar completamente
el Informe que ahora rechazamos de tal forma que el Consejo Escolar
remita al Gobierno propuestas que verdaderamente den solución a los
problemas que tiene planteados la enseñanza.
BREVE JUSTIFICACIÓN DE LA
PROPUESTA
Los Consejeros que estamos aquí
representando a la Confederación de STEs rechazamos el Informe de la
Comisión Permanente sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de
la Educación. Con este rechazo queremos significar que el anteproyecto
debe volver al gobierno, al MEC y que debe iniciarse un autentico proceso
negociador para concluir en un proyecto que de respuesta a los problemas
que tiene hoy día la enseñanza, respuesta que, estamos seguros, con este
anteproyecto no se da, sino que, al contrario, se agravarán los problemas
actuales y se beneficiará la enseñanza privada. Vamos a explicar, aunque
no muy pormenorizadamente, las razones por las que rechazamos este Informe
y pedimos su devolución.
Hay, dentro de la comunidad educativa
que defiende la educación pública, quien ha calificado la ley de calidad
del PP como su última batalla contra la enseñanza pública; en la
Confederación de STEs creemos, sin embargo, que esta batalla está siendo
una más dentro de la guerra que el neoliberalismo le tiene declarada a
los servicios públicos en general y a la enseñanza en particular.
Este curso está transcurriendo con
retrocesos en el servicio público de la educación y ahora estamos
sufriendo un fuerte ataque al concepto de enseñanza que defendemos
distintas organizaciones y que se ha expresado aquí en numerosas
ocasiones. Este Consejo ha demostrado tener poca voluntad de negociación
y consenso y lo demostró claramente en la reunión de la Comisión
Permanente del día 28, lo que nos decidió a no presentar enmiendas al
anteproyecto de ley de calidad, pues en esa reunión se ha demostrado que
el PP, el gobierno, cuenta con mayoría absoluta también en este Consejo.
Pero vayamos por partes.
La Ley Orgánica de Universidades y la
de Formación Profesional van a suponer en su desarrollo, al margen de
otras consideraciones negativas, la progresión en la privatización de
estas enseñanzas. La LOU favorece el auge de universidades privadas,
sobre todo de la iglesia católica, que no tendrán que cumplir las mismas
condiciones para su creación que el resto; la prepotencia del gobierno le
llevó a su aprobación contra la opinión inmensamente mayoritaria de la
comunidad universitaria. Ahora algunos de sus contenidos están en el
Tribunal Constitucional.
La Ley de FP se ha aprobado con
prácticamente la única oposición del Sindicato de Estudiantes y de los
STEs, con la complicidad de algunos sindicatos y entre las distracciones
para la comunidad educativa que suponían los globos sonda de la Sra.
Ministra con pistas sobre su ley de calidad. Esperamos que algunos de sus
contenidos acaben también en el Tribunal Constitucional.
El anteproyecto de "Ley de
Calidad" que estamos aquí rechazando clara y rotundamente en nombre
de la Confederación de STEs, forma parte, al igual que la LOU y la ley de
FP, de la política educativa europea que aspira a poner la escuela
pública y el dinero de los Presupuestos Generales del Estado y de cada
Comunidad al servicio de las empresas de enseñanza. Hace años que
venimos denunciamos esbozos de esa política mercantilizadora, lo hicimos
en la LODE, en la LOGSE y en la LOPEGCE, pero el gobierno del Sr. Aznar
quiere ir en primera fila de lo que los STEs consideramos un falso
europeísmo, quiere profundizar y acelerar el proceso mercantilizador en
España en cumplimiento de los acuerdos de la cumbre de Lisboa del año
2000; y quiere hacerlo empezando por utilizar para intereses privados los
fondos que se deberían dedicar a la enseñanza pública.
Y en la Ley de calidad lo constatamos:
hay un aumento de privatización del sistema con el impulso que se da a
los conciertos educativos. Éstos, también bajo la forma de
"convenios", ven mejoradas su dotación económica y sus
condiciones de acceso, incluidos niveles no obligatorios (Infantil, FP,
Bachilleratos, Adultos) y en la Memoria económica que ha filtrado la Sra.
Ministra vemos que de cada 10 euros previstos 8 van a la enseñanza
privada.
La mercantilización que denunciamos
lleva a esta ley a implantar en el sistema educativo la llamada
"lógica" del mercado, lógica que desde los STEs vemos bastante
ilógica, por cierto. Y en la Ley del PP se pretende implantar esta
lógica con la armonización de la "autonomía", la
"dirección" y la "carrera docente" en torno a los
"estándares de calidad", mecanismos pensados todos ellos para
una progresiva disminución de la financiación de la escuela pública,
como se lleva haciendo desde el año 1996, con el objetivo de que
disminuya, al mismo tiempo, su calidad.
La "autonomía", que
experimenta un gran avance desde la óptica neoliberal con la creación de
los "centros de especialización curricular", busca en
definitiva la deshomologación de centros: cada cliente, el cliente que
tiene medios para costearse los extras, escoge el centro más acorde con
sus preferencias de consumo; y así, con una competitividad comercial
impropia de lo que debe ser la enseñanza, se irá dando paso a la
supremacía de centros privados, lo que a su vez les atraerá más
clientes. Quede claro que no hablamos de autonomía curricular o
pedagógica, duramente cercenadas. Algunos centros públicos también
entrarán en este juego competitivo, la administración les animará y
ellos lo harán como forma de mantener sus puestos de trabajo, aunque para
eso tengan que conseguir fondos extra para complementar los escasos que
les vengan de la administración educativa; serán centros ubicados en
determinadas zonas de las ciudades y dirigidos a determinada clientela.
Y así pasamos al tema del profesorado
y a la dirección de los centros, que este modelo LOCE, necesita ser
asumida por un director gerente nombrado por la administración.
Éste, volcado preferentemente hacia sus clientes, será el encargado de
tenerlos satisfechos para que su negocio siga boyante. En esa tarea
no escatimará esfuerzos para buscar socios capitalistas, dar preferencia
a unas materias en detrimento de otras o seleccionar a su alumnado. En la
cuneta queda cualquier aspecto socioeducativo. Pero, leyendo la ley nos
preguntábamos ¿cómo conseguirá todas las atribuciones de un empresario
modelo respecto a sus trabajadores y trabajadoras para mejor exprimir toda
su productividad....?, y aquí nos aparece la "carrera
docente" es la respuesta que Dª Pilar del Castillo nos ofrece en la
LOCE.
Menos retribuciones básicas para el
común del profesorado y un monto limitado que la administración
repartirá entre quienes demuestren que han asimilado mejor "la
cultura del esfuerzo". El director, y aquí es donde cuadra el
círculo, tendrá un papel preeminente en la valoración de ese esfuerzo.
Mientras se engaña al profesorado con el perfume de la libertad de
elección de su suerte retributiva, se pretenden conseguir trabajadores y
trabajadoras dóciles y quebrar la cooperación como método de trabajo
crítico en los colegios e institutos.
En cuanto a los "estándares de
calidad", si alguien aún cree que van a tener un valor meramente
orientativo e informativo es que desconoce las prácticas de países que
ya han iniciado el camino de la mercantilización de la enseñanza, como
EEUU o la Gran Bretaña.
La publicación periódica del hit
parade de la calidad tendrá la virtud de castigar a los puestos más
bajos del ranking:; castigará a los centros (con recortes de
plantillas y de fondos, incluso el cierre, o la venta, que todo se
andará) y castigará al profesorado (itinerarios basura, congelación de
sueldo, traslado o incluso despido). Lo que se evalúa es la parte
cuantitativa del final del proceso (a veces por agencias o auditoras
privadas, en estos países), al margen de la situación de inicio y de los
recursos disponibles, haciendo caer la responsabilidad en exclusividad
sobre el profesorado del centro. Y sólo en esta dimensión mercantilista
podemos encontrar el sentido al término "excelencia" en esta
ley, nunca ligado a la mejora de la escuela pública y a la atención a la
diversidad de la misma.
Habría otros muchos temas que tratar
y por los que también rechazamos este anteproyecto de ley, como el
retroceso que supone el llamar "preescolar" al primer ciclo de
la Ed. Infantil dándole carácter de asistencial; la práctica
desaparición de la Tecnología; el engaño de las repeticiones; la
infravaloración del profesorado y el sobreesfuerzo para el alumnado que
supone la reválida; la recreación del cuerpo de catedráticos y el ya
demostrado ilegal trato que se pretende para la religión católica, tras
haber cedido a las presiones de sus jerarcas; al hablar de religión e
iglesia católica no podemos dejar de mencionar que en la exposición de
motivos de la ley se le reconoce su tarea educadora –y adoctrinadora,
diríamos nosotros- en el siglo pasado y, sin embargo no se menciona para
nada la labor realizada por la II República, momento en que, nadie puede
negarlo, se produjo el mayor avance en la enseñanza pública de todo el
siglo, aunque el franquismo se dedicara después a borrar esta labor.
Con respecto al profesorado hay que
señalar claramente que este Anteproyecto, si llega a ser ley, nos empeora
nuestras condiciones de trabajo y dejará parte de nuestras retribuciones
complementarias a la arbitrariedad de la administración educativa, vamos
que la revalorización de la tarea de enseñar y la dignificación de la
figura del profesorado no se contempla en absoluto en esta ley, sino que,
repetimos, se destruye un poco más.
Hay que señalar también que el
diálogo previo a este anteproyecto no ha existido, diga lo que diga la
Sra. Ministra en los medios de comunicación. Del documento que presentó
a debate al actual hay demasiado trecho y no hemos tenido ninguna reunión
con la administración; aunque eso sí, la Sra. Ministra puede presumir de
haberse reunido con las más inverosímiles asociaciones del profesorado,
asociaciones que no representan a nadie, pues la legalidad en cuanto a la
representación del profesorado nos la da la presencia en la Mesa
Sectorial del MEC, Mesa que, por cierto, no se ha reunido para opinar
sobre este anteproyecto, aspecto que entendemos que es obligatorio según
la legislación vigente.
Por estas razones y por otras más, la
respuesta de los sectores de la comunidad educativa y del resto de la
sociedad que defendemos una enseñanza pública de calidad estará a la
altura del envite que nos ha presentado el gobierno con su incorrectamente
llamada ley de calidad. Pero que de ninguna manera nadie de los y las que
apoyan la ley y al gobierno que la quiere imponer se planteen que la
batalla la tienen ganada porque el PP tenga mayoría absoluta; pues deben
tener muy claro que la única batalla que se pierde es la que se abandona,
y millones de personas estamos dispuestos a luchar por otra enseñanza,
porque luchar por otra enseñanza es luchar por otra sociedad donde las
personas sean consideradas más allá de su "dimensión
productiva", porque estamos seguros de que otro mundo es posible y de
que otra sociedad es necesaria.
Madrid, 30 de Mayo de 2.002
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documento
sobre la ley de calidad de las jornadas de la Permanente Estatal de directores
y directoras de IES celebradas a Teruel los días 10, 11 y 12 de mayo - 2002
La Comisión Permanente Estatal de
Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria, reunida en
Teruel los días 10, 11 y 12 de mayo, una vez analizado el documento de
bases y el texto articulado del Proyecto de Ley de Calidad de la Educación
propuestos por el MECD quiere pronunciarse, en una primera lectura, sobre
los siguientes aspectos:
1.- ITINERARIOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En el artículo 24 se establecen
itinerarios en los cursos 3º y 4º con el fin de atender a la pluralidad de
necesidades e intereses del alumnado. Creemos que esto por sí solo no
resuelve este problema. El llamado "fracaso escolar" se inicia en
edades más tempranas, tiene causas diversas y es entonces cuando hay que
intensificar las medidas correctoras y de apoyo.
Los itinerarios que se definen en dicho
artículo no son la única medida ni la más importante de las que se puedan
aplicar en los centros, ni tienen que limitar ni suprimir otras posibles
medidas de atención a la diversidad. En este momento, existen modelos
funcionando en algunas Comunidades Autónomas que han demostrado su
eficacia, fundamentados en la autonomía de gestión pedagógica de los
centros.
Dicha autonomía en la aplicación de
las medidas de atención a la diversidad es fundamental e imprescindible
para el logro de resultados satisfactorios. Las Administraciones educativas
están obligadas a proporcionar a los centros los medios y recursos
suficientes para su aplicación. Los itinerarios han de entenderse, pues,
como una medida más de atención a la diversidad y no como una mera
organización del curriculum.
Valoramos la posibilidad que el Proyecto
de Ley plantea de anticipar a los 15 años la incorporación a Programas de
Iniciación Profesional para el alumnado que lo requiera. Asimismo pensamos
que esta anticipación debe hacerse extensiva a los Programas de
Diversificación Curricular, que están demostrando su eficacia.
2.- EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO.
El Proyecto de Ley trata estos aspectos
en los artículos 28 y 29. A este respecto la repetición de curso ha de ser
contemplada como un recurso más de atención a la diversidad; en ningún
caso debe entenderse como una medida punitiva.
La decisión sobre la promoción de
curso debe tomarla el equipo docente teniendo en cuenta las circunstancias
individuales de cada alumno y considerando lo mas adecuado para la correcta
evolución en su aprendizaje.
El mismo criterio debe regir para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
3.- PRUEBA GENERAL DE BACHILLERATO.
El artículo 37 del Proyecto de Ley
establece la necesidad de superar una Prueba General de Bachillerato para la
obtención del título.
Consideramos necesaria una prueba
externa al finalizar el Bachillerato que cumpla un doble fin:
- Homologar el conjunto del sistema
educativo, ante la existencia de una doble red de centros docentes.
- Regular el acceso a la Universidad mediante una prueba
única que garantice una verdadera igualdad de oportunidades.
La obtención del título de Bachiller
no debe estar subordinada a la superación de esta prueba.
La PGB debe respetar la especificidad
curricular de las diferentes Comunidades Autónomas.
4.- DE LA FUNCIÓN DOCENTE.
El título IV del Proyecto de Ley y otras Disposiciones
Adicionales abordan los aspectos relativos a la función docente.
Consideramos que la carrera docente, sin
entrar en cuestiones de índole laboral que pertenecen al ámbito sindical,
debe estar vinculada a la valoración del ejercicio profesional en la
práctica docente. Por tanto, nos parece contradictorio que la Disposición
Adicional duodécima establezca la posibilidad de acceso directo a la
Cátedra por personas sin ninguna experiencia en el aula.
5.- DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
El artículo 77 establece las
atribuciones del Consejo Escolar. En el marco de la demandada autonomía de
gestión de los centros educativos, nos parece improcedente la merma de
competencias del mismo.
6.- DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.
El artículo 88 del Proyecto de Ley
establece un nuevo procedimiento para la designación de los directores de
los centros públicos.
Reconociendo que el sistema actual es
mejorable, consideramos imprescindible que el director sea elegido por la
Comunidad Educativa y no que la decisión sobre su elección recaiga
mayoritariamente en la Administración educativa.
En todo caso la crisis del modelo actual
se debe a otros factores no suficientemente contemplados en el Proyecto de
Ley y que afectan a todos los miembros del equipo directivo, como son:
- Falta de competencias reales en la gestión de
recursos humanos.
- Escasa capacidad en la adopción de medidas disciplinarias.
- Falta de apoyo y reconocimiento de su labor por parte de la
Administración.
- Sobrecarga de trabajo.
- Ausencia de medidas que prevean una adecuada
reincorporación a la actividad ordinaria al finalizar el mandato.
- Retribución económica inadecuada a las responsabilidades derivadas
del ejercicio del cargo.
7.- CENTROS DOCENTES CON ESPECIALIZACIÓN CURRICULAR.
Mostramos nuestra preocupación ante la
posibilidad de existencia de este nuevo tipo de centros previstos en el
Artículo 73 del Proyecto, dada la indefinición de los mismos y su
repercusión en el proceso de admisión del alumnado.
8.- ORGANIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE
ESO Y BACHILLERATO.
De acuerdo con los artículos 22 y 35
que establecen las asignaturas comunes en la ESO y el Bachillerato, las
Comunidades Autónomas con lenguas propias deberán incluirlas en sus
currículos.
Asimismo mostramos nuestro desacuerdo
por la supresión del Bachillerato Tecnológico ya que alguno de sus
itinerarios es el más adecuado para el acceso a determinados ciclos
formativos de grado superior.
Por último:
Consideramos imprescindible que se
produzca un debate sereno y reposado que permita llegar a un consenso
político y social para dotar al sistema educativo de una necesaria
estabilidad que evite que los grandes ejes del mismo estén a merced de los
cambios de mayoría parlamentaria.
- Cualquier proyecto de ley de calidad
debe priorizar, dentro del sistema educativo, los objetivos de igualdad de
oportunidades que solo pueden alcanzarse si In red pública es el eje
vertebrador de la oferta educativa. Por tanto es imprescindible que la
legislación garantice que en la práctica se produzca un reparto
equilibrado de alumnos con necesidades educativas específicas entre todos
los centros sostenidos con fondos públicos, evitando de esta forma que la
red pública se convierta en subsidiaria de la privada.
- Parece evidente que cualquier reforma
educativa que no vaya acompañada de la correspondiente Ley de Financiación
está condenada de antemano al fracaso.
- Al plantear un Proyecto de Ley de
Calidad no pueden olvidarse, entre otros, los factores de carácter
socio-familiar que inciden de forma directa en la educación: falta de
colaboración de muchas familias; carencia de valores como respeto y
esfuerzo, cuya generación y fomento deben ser previos al acceso a los
centros educativos; predominio de la "cultura de la imagen", que
obstaculiza los procesos de comprensión-expresión y razonamiento lógico;
proyección de contravalores en los medios de comunicación y los crecientes
flujos migratorios no integrados socioeconómicamente.
Reiteramos una vez más nuestra
disposición a colaborar con las autoridades educativas en cualquier tarea
que se oriente a mejorar la calidad de nuestro sistema educativo.
Teruel, a 12 de mayo de 2002.
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Manifiesto de protesta
contra el punto 1 de la Adicional Decimotercera del Anteproyecto de Ley de
Calidad de la Enseñanza.
Los abajo firmantes, profesores de
Enseñanza Secundaria, ante la Disposición Adicional Decimotercera del
Anteproyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza, manifiestan su más
enérgica protesta y rechazo por la creación de divisiones profundamente
discriminatorias y vejatorias entre los actuales profesionales de este nivel
no universitario.
Consideran inadmisible, así como
desestabilizador y perjudicial para la convivencia en los Centros de
Secundaria, la concesión de una prebenda para el nuevo Cuerpo de
Catedráticos el impartir "preferentemente" los cursos de
Bachillerato.
Consideran, asimismo, esa Adicional, un
privilegio arbitrario sin fundamentos académicos ni argumentos
pedagógicos, cuando, además, aparte de que nuestro ingreso en la carrera
docente por oposición, nos capacita a todos los profesores de Enseñanza
Secundaria para impartir el Bachillerato, son muchos los miembros de los
actuales Departamentos Didácticos los que ingresaron en esta carrera
docente por oposición al Cuerpo de Profesores de Bachillerato.
Así, no hay razón, ni profesional ni
laboral, para que los catedráticos tengan preferencia para impartir el
Bachillerato sobre el resto del profesorado. ¿Por qué los diferentes
catedráticos miembros de los Departamentos tendrán siempre esa
preferencia?. ¿Por qué se nos descalifica ahora para impartir Bachillerato
y recluirnos únicamente en la Enseñanza Obligatoria?. ¿Desde cuando, en
un Estado de Derecho, se cercenan derechos legalmente adquiridos?.
Trabajar en las aulas con nuestros
jóvenes es, a veces, poco reconocido por la Sociedad y nuestro desaliento
se acentúa cuando se conculcan, como en este caso, unos derechos legalmente
adquiridos por oposición.
Es por todo ello por lo que exigimos la
retirada de esta Adicional Decimotercera del citado Anteproyecto de Ley.
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