Revista de Premsa

 

EL PAÍS - El Periodico   02-06-2005

El Gobierno da marcha atrás en la reducción de filosofía en el bachillerato

Las comunidades ven insuficiente la financiación de la ley educativa

La consellera Cid demana retirar el pla financer educatiu

 

El Gobierno da marcha atrás en la reducción de filosofía en el bachillerato

El ministerio estudia la denominación que dará a la materia de la actual ética en 4º de ESO

 

MARTA AGUIRREGOMEZCORTA - Madrid

EL PAÍS - Sociedad - 02-06-2005

El Gobierno ha dado marcha atrás en el planteamiento de la enseñanza de la filosofía en secundaria. Ante la insistente protesta de decanos, profesores y alumnos, el Ministerio de Educación ha decidido incluir en el texto de la Ley Orgánica de Educación una nueva asignatura común en bachillerato, historia de la filosofía, materia que se imparte en la actualidad en 2º de bachillerato, pero que no aparece en el anteproyecto del Ejecutivo. El ministerio estudia también modificar la denominación de educación para la ciudadanía de 4º de ESO y de 1º de bachillerato, que incluirán, respectivamente, contenidos de la actual ética y de filosofía moral y política. Los profesores de esta materia están satisfechos con los cambios. El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, se reunió ayer con representantes de la Federación de Sociedades de Filosofía (FESOFI) para avanzar en los acuerdos sobre el tratamiento de la filosofía en la Ley Orgánica de Educación (LOE), presentada por el Ministerio de Educación hace dos meses. A la salida del encuentro, el ministerio y esta federación elaboraron un documento conjunto en el que han tratado de acercar posturas. La Asociación Andaluza de Filosofía no ha suscrito estos acuerdos.

El documento que han elaborado señala que "habrá una presencia común de la filosofía en 1º de bachillerato, con énfasis en los contenidos de filosofía social, moral y política", que además dé "continuidad" a la asignatura de Educación para la Ciudadanía de la ESO. El ministerio se ha comprometido a estudiar el nombre de esta materia, que impartirán profesores de Filosofía, según aclaró Tiana.

En segundo de bachillerato, se impartirá la asignatura Historia de la Filosofía, que será común para todos los alumnos, tal y como hasta ahora.

En 4º de ESO, el ministerio tenía previsto que los contenidos de la actual Ética quedasen incluidos en Educación para la Ciudadanía. Pero la FESOFI ha propuesto que se denomine Educación Ético-Cívica. El ministerio también se ha comprometido a estudiar este nombre.

El anteproyecto de ley de la LOE señala como materias comunes de bachillerato, entre otras, Educación para la Ciudadanía y Filosofía para la modalidad de Ciencias y Tecnología. La polémica saltó, precisamente, porque el texto no indicaba si esta asignatura sería también impartida en las modalidades de Artes y de Humanidades y Ciencias Sociales.

Asignatura de modalidad

Tiana explicó ayer a este diario que, en principio, la idea era que Filosofía fuera una asignatura de modalidad para estos dos tipos de bachillerato. Las asignaturas de modalidad -que suelen tener una carga lectiva mayor que las comunes- no aparecen nunca recogidas en las leyes de educación, si no en reales decretos posteriores.

Ahora el ministerio se compromete a corregir la redacción de la ley para aclarar que todos los estudiantes, de las tres modalidades, estudiarán Filosofía.

Precisamente ayer se hacía pública una carta dirigida a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, en la que todos los decanos de las facultades de Filosofía de todas las universidades públicas y de cuatro privadas criticaban la "drástica disminución de la Filosofía entre las materias comunes y obligatorias" en las distintas etapas de secundaria. A esta misiva se habían sumado la Sociedad Académica de Filosofía, la Sociedad de Lógica y Filosofía de la Ciencia y la Sociedad de Ética y Filosofía Política, que representan a profesores universitarios de estas áreas.

 

Las comunidades ven insuficiente la financiación de la ley educativa

Los consejeros debatirán hoy la memoria económica con el ministerio

 

A. PANTALEONI / I. ZAFRA - Barcelona / Valencia

EL PAÍS - Sociedad - 02-06-2005

Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias consideran insuficiente la financiación de la reforma educativa presentada el martes por el Ministerio de Educación. Las comunidades reclaman especialmente al Gobierno que financie las plazas de educación infantil para los niños de tres a seis años que ellos ya han implantado. La nueva ley obliga a ofrecer las plazas a todos esos alumnos, mientras que antes eso era voluntario. Los consejeros se reúnen hoy con el ministerio en la Conferencia Sectorial para tratar esta cuestión. Cataluña ya ha realizado la primera etapa del proyecto de implantación de la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años) pero, según la consejera de Educación de la Generalitat, Marta Cid, "no se ha recibido un euro para aplicarlo" por parte de la Administración central, que tiene la competencia exclusiva para regular esta obligación.

El despliegue de la gratuidad de esta etapa educativa -cuya obligatoriedad estableció el Gobierno del PP con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y es una de las medidas de esta norma que no fue paralizada por el Gobierno socialista- costará en Cataluña 135 millones de euros en 2006, cifra que, según Cid, el Gobierno español debería asumir. En cambio, la Administración central sólo aportará 25 millones, según la memoria económica de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) que el martes dio a conocer el ministerio. Cid reclama 1.520 millones de euros para poner al día las cuentas del sistema educativo en Cataluña.

El consejero madrileño de Educación, Luis Peral, del PP, denunció que, según esa memoria, los fondos del Gobierno central para garantizar la gratuidad de la educación infantil de 3 a 6 años se van a destinar a las comunidades que "no hacen los deberes", informa Efe. Peral dedujo "graves incumplimientos" al comparar el programa electoral del PSOE con la inversión adicional para la LOE propuesta por la ministra de Educación, María Jesús San Segundo.

No va a llegar nada del "dinero de todos" a Madrid para la gratuidad de los 3 a 6 años, pues esta comunidad ha hecho ya el esfuerzo de alcanzar el objetivo con un coste anual de 314 millones de euros anuales, según Peral. La consejera de Educación andaluza, Cándida Martínez, del PSOE, destacó que el ministerio ha "cumplido su promesa" de presentar la memoria económica para la aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) durante los próximos cinco años, si bien, señaló que, aunque no ha analizado el texto con profundidad, no sabe "si será suficiente o no" con la cantidad anunciada, "si tendrán que ser más y, en vez de 6.000, tienen que ser 10.000 millones" u otra cifra, informa Europa Press.

En cambio, el consejero de Educación de la Generalitat valenciana, Alejandro Font de Mora, del PP, lamentó en un comunicado la "falta de consideración" hacia las comunidades autónomas que ha demostrado el ministerio al no haber consensuado el documento, "de marcado cariz técnico", en la Comisión General de Educación, a la que asisten directores generales y secretarios autonómicos. Font de Mora aseguró que los primeros análisis de su departamento han detectado "insuficiencias importantes en lo que se refiere a la Comunidad Valenciana".

"Muchas de las propuestas se aplican en Canarias desde hace años", matizó el viceconsejero de Educación en las islas, Fernando Hernández Guasch, quien advirtió de que algunas medidas presentadas como novedades "no lo son tanto" y tienen poco de reforma, como "la jubilación anticipada, Internet en las aulas, gratuidad en el segundo ciclo de Infantil y el incremento en becas", informa Juan Manuel Pardellas. "La jubilación anticipada viene desde 1990, la implantación de Internet en las aulas desde hace cinco años, la gratuidad desde la LOCE de 2002 y el incremento de becas siempre se ha producido en todos los presupuestos generales del Estado", indicó Hernández Guasch.

Según el consejero, de acuerdo con la memoria económica del ministerio, a Canarias le correspondería el 5% (unos 300 millones de euros, de los que e 150 los aportaría el Ejecutivo canario), en correspondencia a tener en su territorio el 5% del alumnado total en el Estado. Hernández Guasch apuntó que esta cantidad prorrateada en cinco años supondría un "incremento razonable" del gasto en Educación de esta comunidad (1.250 millones de euros anuales).

 

La consellera Cid demana retirar el pla financer educatiu

• Afirma que reclamarà a la ministra San Segundo que es refaci la memòria

JORDI CASABELLA

BARCELONA

La consellera d'Educació, Marta Cid, demanarà avui a la ministra María Jesús San Segundo la retirada del projecte de memòria econòmica destinada a finançar la implantació de la llei orgànica d'educació (LOE) si en la reunió de la Conferència Sectorial d'Educació d'aquest matí, un fòrum que reuneix el Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes, manté la proposta donada a conèixer dimarts. Cid creu que el pla del Govern central, que destina més de 6.000 milions d'euros addicionals fins al 2010 al finançament del sistema educatiu, és "unilateral, incomplet i insuficient".

Fonts d'Educació van explicar que la consellera mantindrà que la memòria ha d'incloure "tots els conceptes que són de competència estatal" i que és necessari revaloritzar "a l'alça" totes les partides si es vol donar resposta a les necessitats que té plantejades el sistema educatiu. "No es pot tornar a repetir el que va passar amb la LOGSE, que hi va haver consens sobre la llei però no hi va haver diners", van subratllar aquestes fonts.

Cid ha insistit que per recolzar la reforma educativa que impulsa el Govern socialista cal que estigui "ben finançada" per afrontar amb garanties la creixent escolarització d'alumnes immigrants --el seu percentatge s'aproxima al 10% del total--, entre altres prioritats. La consellera confiava a tenir avui el suport de responsables educatius de comunitats socialistes, als quals tampoc satisfà l'oferta de San Segundo.

VEUS CRÍTIQUES

La portaveu en matèria educativa del Grup d'Izquierda Unida-ICV al Congrés, Carme Garcia, també es va mostrar decebuda per l'anunci del Govern central i va assegurar que es requerien entre 15.000 i 18.000 milions per fer front a les mancances educatives. El sindicat STES va qualificar l'oferta governamental d'"inacceptable".

 

 

 

 

 

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