Revista de Premsa

 

Levante

05-04-2005

Educación deberá garantizar la equidad al escolarizar inmigrantes

Font de Mora califica de regresiva la nueva ley de enseñanza

 

 

Educación deberá garantizar la equidad al escolarizar inmigrantes

La pública matricula al 75% de niños extranjeros

M. Ducajú, Valencia

La mesa para negociar el nuevo decreto de admisión de alumnos en la Comunidad Valenciana, prevista para esta mañana entre responsables de la Conselleria de Educación y representantes de los sindicatos docentes, ha quedado suspendida por el director general de Enseñanza, Josep Vicent Felip, ante los cambios que introduce el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) presentado la semana pasada por el Ministerio del ramo.

Sectores sindicales y de padres reclaman desde hace años que se modifique la admisión de alumnos porque, con la llegada de los niños inmigrantes, se ha demostrado que son los centros públicos los que escolarizan a este colectivo, en un 75% de los casos, frente a la matrícula de colegios concertados.

El anterior conseller de Educación, Esteban González Pons, se comprometió el curso pasado ha modificar la norma para éste. Sin embargo, la negociación ha llegado tarde para la matriculación del nuevo ejercicio, ya que está en marcha. Cualquier cambio que se lleve a cabo se tendrá que hacer de cara al 2006-07.

La conselleria había redactado un proyecto para comenzar a negociar, pero se ha suspendido la reunión ante los cambios que introduce la LOE. Esta proyecto de ley, que será de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas una vez sea aprobado en las Cortes generales, establece que se debe de «garantizar el equilibrio en la distribución del alumnado» inmigrante por lo que las Administraciones educativas «establecerán la proporción de alumnos de estas características que deban ser escolarizados en cada uno de los centros públicos o concertados». Para facilitar su incorporación una vez comenzado el curso, se «establecerá la reserva de plazas» en ambas redes.

Font de Mora califica de regresiva la nueva ley de enseñanza

El conseller asegura que recabará opiniones

Levante-EMV, Valencia

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, aseguró ayer que el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) presentado por el Gobierno central es «claramente regresivo para la educación pública, ya que recoge los principios contrarios a lo que nosotros queremos, que son el deber del estudio y la exigencia del esfuerzo del alumno» Además, aseguró que afecta negativamente a los profesores, a los que «resta autoridad», y los padres, que «ven cómo disminuye sensiblemente su libre capacidad de elección de centro».

El conseller, que realizó estas declaraciones en el encuentro de consejeros de educación populares que tuvo lugar ayer en Madrid, insistió en que «la ley de Zapatero es muy negativa para los alumnos, los profesores y los padres». En su opinión, si la norma «entra en vigor nuestros alumnos tendrán muchas menos posibilidades ya que es menos exigente y el deber de estudiar del alumnado se ve disminuido».

Font de Mora afirmó que «cuanto más estudiamos la ley más constatamos que no se ajusta a las necesidades actuales del mundo educativo».

Según recalcó que el texto legislativo rebaja los niveles de calidad y exigencia que recogía la LOCE, «ahora el alumno puede pasar con tres suspensos y desaparecen las pruebas extraordinarios de junio y septiembre que sólo se mantiene para cuarto de la ESO», indicó.

«Otro inconveniente de la futura ley -añadió- es que es muy cara de implantar y por eso debemos estudiar los mecanismo de financiación necesarios ya que no están recogidos en la ley».

La conselleria, asimismo, señala que continuará recabando la valoración y análisis de los diferentes agentes de la comunidad educativa sobre el anteproyecto. Font de Mora pretende reunirse con los representantes del Consejo Escolar Valenciano para analizar el documento, señalaron desde la Generalitat.

Según estas fuentes, en la página web abierta para conocer opiniones, el 89% los participantes respondieron con un sí a la pregunta sobre si el Estado debe financiar el coste que suponga la aplicación de la LOE.

 

 

 

 

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