ABC

EL PAÍS

15-03-2005

El Ministerio aplaza la presentación de la reforma a la espera del posible pacto educativo

Educación estudia incluir un examen oral de idioma extranjero en la selectividad

El objetivo es firmar de inmediato el acuerdo, pero las negociaciones pueden prolongarse hasta el 28 de marzo. Así, antes de fin de mes, el anteproyecto vería la luz.

MADRID. La presentación del borrador de la reforma legislativa de la enseñanza no universitaria a los consejeros autonómicos se retrasa hasta después de las vacaciones de Semana Santa, según han confirmado a ABC fuentes del Ministerio de Educación que atribuyeron el cambio de fechas a «problemas de agenda».

En principio se había fijado el próximo jueves, día 17, para que la Conferencia de Consejeros Autonómicos de Educación recibiera el anteproyecto de ley de reforma. Sin embargo, y según fuentes consultadas por ABC, la razón fundamental de ese aplazamiento podría estar en que Educación necesita que el tema del pacto quede cerrado en uno u otro sentido para orientar su reforma.

Al parecer y de acuerdo con un sentir cada vez más generalizado en la comunidad educativa, el Ministerio maneja dos textos sobre la futura reforma.Uno de ellos plasma una ley de mínimos y el otro,una de bases. La primera se utilizaría en caso de no haber pacto y dejaría en manos de las Comunidades la mayoría de las decisiones. En este sentido, algunos sectores temen que pese a ser una ley de mínimos, Educación se reservaría competencias decisivas, poniendo énfasis en cuestiones como la admisión de alumnos, la financiación de la Infantil o la escolarización de minorías. La segunda posibilidad, reservada a un escenario educativo con acuerdo, establecería las bases del sistema y dejaría mayor libertad a las Administraciones regionales en las cuestiones antes mencionadas.

Esfuerzo por alcanzar acuerdos

Las palabras de la propia titular de Educación, María Jesús San Segundo, reflejan la importancia que tiene la consecución de un pacto por parte de los agentes sociales a la hora de decidir sobre la futura ley. Ayer, en la inauguración de las primeras «Jornadas Españolas sobre Educación en Derechos Humanos» que se celebran en la Universidad Carlos III de Madrid, estimó que «se ha avanzado bastante en muchos de los temas». San Segundo reconoció que «la sociedad demanda que todos hagamos un esfuerzo por alcanzar acuerdos».

Pero mientras Educación espera con cierta impaciencia el resultado de las negociaciones respecto al pacto escolar y confía en los avances, las aguas seguían ayer revueltas entre los promotores del acuerdo. A lo largo del día, la Confederación laica de padres Ceapa, los sindicatos FETE-UGT y CC.OO., la Federación de Religiosos de la Enseñanza y Centros Católicos (FERE-CECA) y los miembros del Consejo Escolar del Estado Manuel Puelles y Agustín Dosil siguieron trabajando para lograr un pacto social por la educación con la intención, aseguran, de que más organizaciones participen en el diálogo para llegar a un pacto.

Sólo la Confederación Católica de Padres Concapa se retiró de las negociaciones tal como había anunciado hace dos semanas, por considerar que ese no es el acuerdo que piden sus afiliados. Por su parte, la Ceapa, pese a mantener el diálogo, pidió nuevamente tiempo para modular alguno de los aspectos del texto. En declaraciones a ABC, su representante en las sesiones, Isabel Marteles, se mostró casi inflexible en la exigencia de la preponderancia de la escuela pública, ya que, dijo, «el Estado es su dueño».

La postura de las asociaciones de padres ha sembrado de nuevo la inquietud sobre el futuro del pacto que, en plabras de algunos de sus impulsores, «podría llegar a suscribirse sin los padres», circunstancia que nadie desea, porque «una parte significativa de la sociedad quedaría fuera».

Entre las asociaciones que se han incorporado a la negociación destacan los sindicatos ANPE, CSIF, USO y FSIE y algunas de las asociaciones de alumnos con representación en el Consejo Escolar del Estado.

«Convidados de piedra»

No obstante, todas ellas no lo hacen como «convidados de piedra» pese a asumir que «en una negociación deben existir cesiones y concesiones». En su inmensa mayoría pedirán un reconocimiento expreso de mejores condiciones para el profesorado, de una estructura del sistema educativo y de un diseño de la organización académica a fin de evitar vaivenes cada vez que cambie el signo político del Gobierno.

Entre los grupos que rechazan incorporarse a este pacto está la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) que agrupa a centros privados y concertados. Su presidenta, Isabel Bazo, rechaza incorporarse a un proceso del que su organización fue excluida y se niega a debatir un texto que viene dado y que, además, ha sido impuesto por determinados intereses. Sólo se prestaría a participar en el proceso «si se parte de cero» y se «cuenta con todas las organizaciones educativas». Bazo denuncia que otros ámbitos de la concertada -en alusión a FERE-CECA- se han atribuido en exclusiva la representatividad de esta red. Finalmente, advierte que con este proceso «se ha querido romper la unidad del mundo educativo» y advierte que «no entrarán en este juego» y que sólo negociarán un acuerdo que se base en el artículo 27 de la Constitución y que se firme tras conocerse la reforma.

En relación con la concertada, el texto reconoce la complementariedad de las dos redes (pública y concertada), la libertad de elección de centro y el proyecto educativo propio, y promueve una distribución equitativa de alumnos de minorías, fundamentalmente inmigrantes.

Desde UGT, las esperanzas de alcanzar un pacto son escasas. Para Carlos López Cortiñas, las «nuevas incorporaciones sólo se han reafirmado en sus posturas ideológicas, y con ello es imposible alcanzar un consenso y no tiene sentido continuar con más reuniones». «Los agentes sociales hemos suspendido, espero que los políticos aprueben y logren estabilidad para el sistema educativo». Asimismo, defendió una ley de mínimos que tenga en cuenta a las Comunidades Autónomas pero que no deje flecos en temas como la financiación de la reforma.

Educación para la Ciudadanía

Y consenso será también el que se habrá de alcanzar sobre las nuevas y polémicas enseñanzas de Educación para la Ciudadanía que, según señaló la ministra, se decidirán en el desarrollo reglamentario de la futura ley, puesto que en la propia normativa no se regula «en detalle» el currículum. Además, adelantó que estas enseñanzas no se pondrán en marcha hasta dentro de dos años académicos. «Estamos hablando de la estructura del sistema educativo que, tras la aprobación de la futura ley, requerirá desarrollos legislativos por parte del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas».

La ministra insistió en que resulta «importante» preparar a los individuos para una ciudadanía activa. Por ello, Educación aboga por no descuidar los valores de vida en sociedad mediante una formación ética no sólo de forma transversal sino también con un área o materia específica.

Para que esta formación sea efectiva, María Jesús San Segundo pidió la colaboración de los centros, los profesores, los estudiantes y las propias familias. Además, cree que el clima de convivencia en las escuelas debe estar unido a los municipios, con la finalidad de impedir que los docentes lo afronten solos.

Educación estudia cambiar la selectividad para incluir un examen oral de inglés, pruebas de todas las asignaturas cursadas en segundo de bachillerato (ahora los alumnos escogen algunas) y dar más peso a las asignaturas relacionadas con la carrera elegida. Éstas son algunas propuestas que recoge el texto para la actualización de la selectividad encargado por el Ministerio de Educación a la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. La reforma se regulará por un real decreto tras aprobarse, en 2006, la norma que sustituya a la Ley de Calidad y se aplicará presumiblemente en el curso 2007-2008. Educación presentará el borrador de la nueva ley después de Semana Santa. El documento (de 91 folios) para la modificación de las pruebas de acceso a la Universidad, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha sido elaborado por nueve de los principales especialistas en acceso a la universidad de toda España. Fuentes próximas al ministerio aseguraron ayer a este periódico que el Gobierno "coincide con las líneas generales de esta propuesta". El ministerio pondrá este texto en su página web (www.mec.es).

La nueva selectividad estaría configurada alrededor de dos ejes: mantener una única prueba "corregida y mejorada" porque "permite la igualdad de oportunidades de todos los alumnos" ycorregir los defectos en el contenido y en los métodos de enseñanza del bachillerato (que dura dos años) dado que el 2º curso está muy enfocado a la superación de esta prueba.

La propuesta fue encargadael pasado julio y ha sido elaborado durante seis meses con la participación de nueve personas con una amplia experiencia en la preparación de pruebas de acceso a la Universidad. El equipo ha sido coordinado por el director de la cátedra Unesco de la Politécnica, Francisco Michavila, y forman parte del mismo, entre otros, el vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, Patricio de Blas; el pedagogo y ex vicerrector de la Universidad de Zaragoza Tomás Escudero; el ex director general de Universidades y ex consejero de Educación de Asturias, Francisco Fernández Vallina, y los pedagogos Silvia Zamorano y Javier García Delgado.

Éstos son los cambios principales propuestos para la prueba:

- Examen oral. Un examen oral de inglés o de otra lengua extranjera. Se realizaría un día distinto al resto, en los propios institutos y por un equipo externo al centro. Uno de los objetivos de que sea oral es impulsar que los profesores de secundaria enfoquen la enseñanza de este idioma de una manera más práctica y centrada en la expresión oral. La propuesta añade que sería conveniente poner en marcha experiencias piloto en algunos centros para ver la posibilidad de extender las pruebas orales a otras materias.

- El 50% de la nota final. Otro de los cambios que propone el texto es que la prueba tenga un peso del 50% en la nota final para el acceso a la Universidad. Éste es el aspecto sobre el que tiene más dudas el ministerio. La prueba cuenta ahora el 40%, mientras la media de bachillerato representa el 60% restante. Esta ponderación la cambió el Gobierno del PP, a finales de 1999, cuando Mariano Rajoy era ministro de Educación. El texto argumenta que "es importante el establecimiento de acciones de control de potenciales sesgos, sistemáticos o espurios, en las calificaciones de bachillerato de los centros".

- Pruebas de todas las materias. Los alumnos tendrían que examinarse de todas las asignaturas cursadas en 2º de bachillerato (ahora se hace un sorteo entre las optativas y se examinan de la mitad). La razón de esta medida, explica el documento, es acabar con que los centros se concentren en determinadas materias y dejen otras más de lado, en función de las que los alumnos vayan a cursar en la selectividad.

Los estudiantes se examinan ahora de seis materias en las comunidades con una sola lengua oficial y de siete, en las de dos. Pasarían a examinarse de ocho y nueve. El texto abre además la posibilidad de incorporar exámenes de algunas materias de 1º de bachillerato, con la finalidad de hacer la prueba más global.

- Asignaturas de la carrera. Para las carreras en las que haya más demanda que oferta, el texto plantea ponderar más las materias relacionadas con la carrera elegida por el estudiante. De esta forma, los alumnos tendrían varias notas, según la ponderación que se establezca para cada grupo de carreras (hay cinco grupos, según su experimentalidad, de las más técnicas a las menos).

- Calendarios unificados. El escrito asegura que deben "unificarse los calendarios de todas las universidades, incluidas las privadas", de forma que se facilite que los alumnos de toda España puedan examinarse donde quieran.

- Reforma de los contenidos. Con vistas a la convergencia de la educación superior europea, el documento recuerda que es necesario reformar los métodos de enseñanza universitarios, lo que también afectaría al acceso a la universidad y las etapas anteriores. Por ello, señala que el contenido de la prueba de selectividad debe estar más enfocado a medir habilidades y destrezas, además de conocimientos. Entre estas cuestiones estarían la capacidad de expresarse por escrito de los alumnos, la de resumir, la de hablar en público y la de combinar disciplinas, incluso con conocimientos adquiridos en otros ámbitos (como la lectura, Internet o los medios de comunicación) a la hora de hacer las pruebas.

El texto resalta además que es necesario reforzar la coordinación entre los centros de secundaria y las universidades. También se plantea que participen profesionales externos en la confección de las pruebas, con el objetivo de garantizar que midan "objetivos educativos importantes".

Una sola revisión

En los últimos cursos se han sometido cada año a la prueba de selectividad una media de 244.000 estudiantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2004 la hicieron (entre junio y septiembre) 226.000 alumnos, de los que aprobó el 79,9%. En 2003, la realizaron 240.000, superándola el 79,2% y en 2002, 242.000, con un 78,5% de aprobados.

Presumiblemente, la ley que sustituya a la Ley de Calidad sólo va a señalar (en tres o cuatro párrafos) que habrá una única prueba de acceso a la Universidad, que será regulada en un decreto posterior y que no será necesario superarla para obtener el título de bachiller.

La prueba de selectividad lleva tres décadas realizándose en España. Desde hace unos años, los alumnos tienen la posibilidad de pedir dos tipos de revisión de su prueba. El primero es una revisión normal, que no puede nunca bajar la nota, y el segundo es una doble corrección, realizada por dos profesores por separado, que puede bajar o subir la nota.

A modo de ejemplo, en el distrito universitario de Madrid (que agrupa la prueba en todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid), en los últimos años han pedido la revisión simple de alguna de las materias el 60% de los alumnos que se han examinado de la selectividad. En cambio, han solicitado la doble corrección entre un 4% y un 6% de los examinados.

Estas dos opciones configuran un sistema "confuso para los estudiantes, costoso para las universidades e insatisfactorio", señala el texto de la cátedra Unesco. Y señala que debe establecerse una única revisión, que podría bajar nota, especialmente si se aprecian errores objetivos (por ejemplo, en las correcciones aritméticas de matemáticas), según detalla.