SOLIDARITAT ACTIVA
NO A LA LLEI D'EXTRANGERIA
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Declaración del Pleno Confederal de STEs
CONTRA LA LEY DE EXTRANJERÍA, EL RACISMO Y LA EXPLOTACIÓN
La situación por la que pasan las condiciones de vida en los numerosos países que no pertenecen al llamado primer mundo está empujando a muchas personas hacia la aventura de la emigración.
En los últimos años se ha producido un aumento notable de personas inmigrantes en nuestro suelo. En la agricultura sobre todo, pero también en la construcción, en el servicio doméstico, la hostelería, la venta ambulante, etc.
Con unas condiciones de trabajo medievales, estas personas han sido las protagonistas del milagro económico de comarcas agrícolas como las del sureste peninsular.
Al mismo tiempo están siendo protagonistas de otros sucesos lamentables. La explosión racista de El Ejido o el accidente de Lorca no son más que botones de muestra de la situación en la que viven y trabajan las personas inmigrantes en el Estado Español.
A esto se le ha unido una legislación que complica aún más la situación de estas personas. La actual Ley de Extranjería ha venido a limitar más, si cabe, los derechos de los y las inmigrantes.
La última reforma (L.O. 8/2000), tras una campaña de intoxicación con el "efecto llamada", supone:
La prepotencia y el autoritarismo con el que se está aplicando la legislación hace inviable una situación transitoria que, al menos, posibilitara la regulación de las personas inmigrantes que ya se encuentran en nuestro territorio. Después de numerosos encierros y huelgas de hambre el Gobierno no se ha movido ni un ápice de sus posiciones iniciales.
Propuestas tan sencillas de llevar a cabo, incluso en el marco legal actual, como la posibilidad de solicitar el visado en las embajadas o el permiso de estancia por motivos humanitarios han sido denegadas una y otra vez por la Administración del P.P.
La situación a la que se está llegando es desesperada. Mientras se miraba para otro lado con el trabajo ilegal de las personas inmigrantes el problema era mucho menos visible, la economía iba bien (de los empresarios, los comercios o los dueños de chabolas y pisos-ruina en alquiler) y se podía enviar dinero a los países de procedencia que aliviaban el hambre y las deudas contraídas.
A partir del accidente de Lorca y de la reforma de la Ley, las inspecciones tuvieron que dejar de hacer la vista gorda y los empresarios empezaron a no contratar inmigrantes sin papeles. Esto está produciendo una auténtica situación de emergencia entre miles de personas que ya han sido expulsadas de su vivienda por no pagar el alquiler y que no tienen que comer. Esta situación se está trasladando a los países de origen donde las mafias y los bancos (usureros) amenazan a las familias con la expropiación de bienes o la propia vida.
La inmigración es un fenómeno estructural, que va a ir en aumento por las propias necesidades de las economías de los países enriquecidos. Debemos luchar por que esta realidad sea tratada desde una perspectiva abierta, democrática, integradora y solidaria.
Hay que denunciar por hipócrita a esta Administración que, con declaraciones en la que niega que vaya a echarlas, en el fondo permite trabajar a personas inmigrantes en condiciones infrahumanas, pero les niega los más elementales derechos.
Desde los STEs, compartimos las movilizaciones unitarias que se están dando en los diversos territorios del Estado Español contra la Ley de Extranjería. Asimismo apoyamos las luchas específicas de las personas inmigrantes, atendiéndolas y ofreciendo nuestra cobertura.
Nos declaramos insumisos a la Ley de Extranjería y a favor de los Derechos Humanos. Afiliaremos, reuniremos, asesoraremos y esconderemos a las personas inmigrantes sin diferenciar entre las que tengan papeles y las que no los tengan.
Exigimos al Gobierno que legalice la situación de todas las personas inmigrantes que ya viven y trabajan en nuestros territorios, con equiparación de derechos laborales y ciudadanos.
Llamamos a toda la sociedad: partidos políticos, sindicatos, asociaciones y personas a desobedecer esta Ley de Extranjería contraria a la Dignidad y los Derechos Humanos.
DEFENSOR DEL PUEBLO:
Madrid
Ante la situación en la que nos encontramos de tremenda preocupación del pueblo español por lo que está sucediendo con el colectivo de trabajadores y trabajadoras de otros países que no han conseguido su regularización en nuestro país, le exponemos nuestra inquietud como Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza.
Como usted ya bien sabe todos estos trabajadores y trabajadoras viven en una situación sumamente precaria, viéndose además obligados a ahorrar dinero para enviar a sus familiares (es de destacar la gran cantidad de negocios, con su consecuente creación de puestos de trabajo para la ciudadanía que ello está creando), y para pagar las deudas que dejaron en su país para poder venir a España.
La interrupción de su contratación, irregular ya de por sí, que actualmente están padeciendo por el temor de los agricultores españoles, les está arrojando en manos de la marginación si no se ponen remedios lo más tempranamente posible.
Desahucios, carencia de los recursos más elementales para poder pagar su alimentación son las situaciones que están padeciendo estas personas, con la ayuda que la población española, mucho más cargada de sentido común que nuestro Gobierno, les está prestando en algunos lugares.
Desde el punto de vista egoísta es de destacar que estos trabajadores y trabajadoras no sólo están solucionando el problema de brazos para empleos que las y los españoles medios ya no quieren, sino que además están proporcionando múltiples ingresos a personas que alquilan viviendas, tiendas de alimentación, etc.
De igual manera están cubriendo el apoyo a personas mayores y discapacitadas a un bajo precio, apoyo que éstas ni se podrían permitir en caso de tener que contratar mano de obra española, ni la seguridad social les presta.
Actualmente la política del Gobierno español pasa porque las y los contribuyentes costeen unos viajes en avión a unas personas que podrían resolver su situación dentro del territorio estatal acudiendo a su embajada o consulado.
Los campos están perdiendo cosechas por algo, que más que política parece cabezonería, ya que si se reconoce la necesidad de traer muchos más emigrantes es una absoluta irracionalidad expulsar o pagar un viaje a costa del erario público a unas personas trabajadoras que ya han demostrado su competencia como tales y como ciudadanas, ya que su único delito demostrado hasta la fecha es el de estar en territorio español.
De las manifestaciones, los encierros y el apoyo solidario que están teniendo estas luchas puede deducirse que las personas a las que se debe regularizar están perfectamente integradas en nuestra sociedad.
Por estas razones le instamos a que a su vez inste al gobierno a que abandone esa política disparatada de cargar sobre las y los contribuyentes su cabezonería con el correspondiente gasto en viajes, la pérdida de cosechas, alquileres, ingresos por reenvío de dinero, etc; solucione de inmediato la situación de hambre y penuria en la que viven estas personas emigrantes y se deje de locuras que en muchos casos, pueden acabar con la muerte de las personas (algunos de los prestamistas en territorios de origen no se andan con miramientos sobre el pago de lo que se les adeuda) o la pérdida de la vivienda familiar que muchos han hipotecado para venir, etc. Situaciones que causan vergüenza ante una nación que conoce el problema de la emigración por haberla padecido y que está reaccionando claramente en contra de la política de su gobierno.
Pese a todo dada la falta de sensibilidad de este gobierno le hemos cargado las tintas sobre lo que pierde el pueblo español ante la expulsión de estos trabajadores sin hablar de la ayuda al crecimiento demográfico, o la mejora del sistema de pensiones que significaría la posibilidad de regularizar a estos trabajadores y trabajadoras.
De igual manera, alarmados por la probable inconstitucionalidad de la ley que ha llevado a autonomías, partidos y juristas a estudiar la posibilidad de su impugnación, le instamos a que la recurra, ya que si bien sabemos que es injusta a todas luces, sería además una autentica aberración que fuese contra los principios democráticos de los que los ciudadanos y ciudadanas españoles nos hemos dotado.
Esperando que no le tiemble el pulso a la hora de iniciar el recurso, le emplazamos a que intente solucionar en el menor tiempo posible la situación tan deplorable que están padeciendo tantas personas y que aparte del dolor, provoca la vergüenza de la sociedad española.
Fdo:
Jesús Alegre López.
Miembro del Secretariado Confederal de STEs.
POR EL DERECHO DE LOS INMIGRANTES A VIVIR Y TRABAJAR EN EL ESTADO ESPAÑOL
La Confederación de STEs, consciente de la situación de opresión y angustia en la que viven las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa en nuestro país, apoya las acciones de protesta que se están llevando a cado en distintos puntos del Estado contra la entrada en vigor de la Ley de Extranjería.
Los STEs, como organización sindical, pedimos al mundo empresarial el respeto más escrupuloso a los derechos laborales de las personas inmigrantes con y sin papeles, y su contratación en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores.
Los STEs, como organización defensora de los derechos humanos, pide al Gobierno que la Ley de Extranjería no entre en vigor y sea derogada por conculcar los derechos humanos de las personas que han llegado a nuestro territorio para trabajar y poder vivir dignamente, huyendo de situaciones de hambre, de explotación y, en muchos casos, de persecución por motivos políticos.
Pedimos a los Ayuntamientos que faciliten a estas personas los trámites legales necesarios para su empadronamiento en la ciudad o pueblo en el que residan y que los servicios sociales de los municipios les atiendan en sus necesidades.
Los STEs hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a que desde su puesto de trabajo docente o no docente contribuyan activamente a la integración educativa de los hijos e hijas de estas personas y a que el profesorado explique a su alumnado la necesidad de que las leyes del Estado respeten los derechos humanos de todas las personas y faciliten su integración.
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