Programa electoral general

Por una enseñanza pública que vertebre el sistema educativo, integradora y compensadora de las desigualdades

1. Enseñanza pública —gratuita, democrática, igualitaria, integradora, laica, intercultural, coeducadora y valenciana—, constituida como eje vertebrador del sistema educativo, un modelo que conjuga la calidad y la equidad de manera científica y crítica para comprender y transformar la realidad.

2. Compromiso social con la enseñanza pública para frenar el actual proceso de privatización. Este compromiso se debe materializar de manera inmediata en las etapas educativas no obligatorias con oferta pública suficiente de puestos escolares en todos los ámbitos territoriales. Hay que asegurar el cumplimiento de la legalidad en los procesos de admisión del alumnado. Distribución equitativa del alumnado inmigrante entre los centros públicos y los privados concertados.

3. Fomento de la enseñanza en valenciano porque la lengua es una herramienta clave en la vertebración social del País Valenciano.

4. Financiación suficiente para garantizar la igualdad y la calidad en la educación del conjunto de la población. La inversión en el sistema educativo público, en lo que respecta a los Presupuestos de la Generalitat, debe incrementarse hasta llegar al 7% del PIB.

5. Red de centros públicos que garantice una oferta de puestos escolares en todas las etapas y modalidades de enseñanza. Hay que crear una red de Escuelas Infantiles públicas, con espacios adecuados y personal especializado y de apoyo suficiente.

Hace falta un catálogo lingüístico de los puestos de trabajo que asegure el mantenimiento y la extensión de los Programas de Enseñanza en Valenciano (PEV) y de Inmersión Lingüística (PIL).

6. Un modelo integral de plantillas para todos los centros públicos que comprenda al profesorado y al personal de administración y servicios. Su gestión y provisión debe depender de la Conselleria de Educación. Previsión suficiente para atender a todas las sustituciones.

7. Planes territoriales coordinados entre las distintas administraciones, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Bienestar Social y Justicia, para lograr la integración social, la compensación de desigualdades y la prevención del desarraigo y la marginación social. Elaboración de planes de acogida para el alumnado de nueva incorporación, particularmente los inmigrantes.

8. Currículo abierto y equilibrado para una educación integral que promueva la autonomía personal y los valores socioafectivos. Los conocimientos y destrezas que debe adquirir el alumnado deben ser consensuados entre los agentes educativos y la Administración. El conocimiento y el saber se deben considerar desde perspectivas diversas: intercultural, solidaria, laica, crítica. Cualquier doctrina religiosa debe quedar fuera del currículo. Hay que retirar todos los símbolos religiosos de los centros públicos.

9. Establecimiento de convenios entre la Conselleria d’Educació, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Cataluña y la Conselleria d’Educació del Govern Balear para establecer un currículo de lengua y literatura común, editar conjuntamente materiales didácticos y realizar programas de intercambio de profesorado y alumnado.

10. Desarrollo de los temas transversales como ejes vertebradores de la acción educativa en todas las materias. Fomento, a cargo de la Administración, de programas de Coeducación, Educación Afectiva y sexual, Medioambiental, para el Consumo, por la Paz...

11. Dotación de personal, recursos e infraestructuras para atender a todas las necesidades socioeducativas. Apoyo a la integración del alumnado con necesidades educativas específicas, compensación educativa, atención a la diversidad… Educación abierta a la sociedad, integrada en el entorno.

12. Creación del Departamento de Orientación en los centros de Infantil y Primaria. Completarlo en Secundaria. Incremento del personal de Orientación en institutos de Secundaria y Servicios Psicopedagógicos (SPE). Atención, por parte de los SPE de zona, al alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, con equipos multiprofesionales.

13. Medidas para incrementar el acceso del alumnado a las enseñanzas postobligatorias y para combatir su abandono.

Por unos centros educativos gestionados democráticamente y con recursos adecuados

14. Gestión democrática de los centros educativos, incluyendo la modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), No al modelo empresarial y competitivo de la propuesta de Estatuto del Profesorado.

15. Participación democrática, activa y no jerarquizada de todos los sectores en la gestión de los centros. Más competencias para los claustros y los consejos escolares, entendidos como órganos colegiados de decisión. Elección democrática de los cargos directivos.

16. Consideración de los centros educativos como espacios libres de publicidad, sin ningún tipo de intromisión mercantil y comercial.

17. No a la evaluación externa, con objetivos de carácter mercantilista, del sistema educativo. Evaluación permanente realizada por los mismos agentes educativos, para la mejora y el perfeccionamiento de la práctica docente y del funcionamiento del sistema educativo.

18. Impulso de la acción tutorial. Desdoblamientos de grupos y agrupamientos flexibles. Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación.

19. Potenciación de las competencias de los Consejos Escolares Municipales y del Consejo Escolar Valenciano. Creación de los Consejos Territoriales. Coordinación y descentralización de las Direcciones Territoriales de Educación para mejorar la gestión y el servicio a la ciudadanía.

20. Autonomía pedagógica y organizativa de los centros para determinar el modelo de gestión, los recursos y la jornada escolar, como resultado de un consenso en el seno de la comunidad educativa y con la finalidad de mejorar el servicio educativo.

21. Revisión y negociación del mapa escolar de todas las enseñanzas. Plan de construcción de centros y dotación de los equipamientos escolares, con un presupuesto suficiente para su sostenimiento.

22. Negociación con todos los sectores de la comunidad educativa de los reglamentos orgánicos y funcionales de las diferentes enseñanzas.

23. Reducción de las ratios del alumnado. Reducción del número de alumnos con necesidades educativas especiales por aula. Reducción del número de alumnos que debe atender cada docente.

24. Gratuidad de la enseñanza en todos los servicios complementarios. Comedor escolar gratuito en todos los centros públicos para todos, con personal específico a cargo de la Administración. Transporte escolar adaptado a las necesidades y características del alumnado, del centro y de la zona. Materiales y textos curriculares gratuitos.

Por una convivencia democrática y un trabajo saludable

25. La violencia es un problema estructural de la sociedad que trasciende las instituciones escolares, aunque aquí adquiere una manifestación específica que hay que tratar desde la prevención coordinada de la Administración y los centros educativos. El origen de la violencia tiene causas diversas: una distribución desigual e injusta de los recursos materiales y de las deficientes oportunidades de desarrollo humano; un orden internacional injusto; un sistema patriarcal que oprime a las mujeres. Eliminar estas desigualdades es la mejor manera de eliminar la violencia.

26. Constatación y visualización de todas las manifestaciones de violencia existentes en los centros escolares.

27. Rechazo a todo episodio de violencia física, verbal, gestual, sexual, organizativa, psicológica, social o racista. Hay que dotar a los centros de recursos suficientes para que den apoyo a las personas afectadas.

28. Potenciación de la cultura preventiva para integrar los problemas de convivencia en un proyecto democrático de centro, elaborado con la participación del personal y del resto de sectores educativos. Participación de estos sectores y de los sindicatos en el diseño del Plan de convivencia de la Generalitat.

29. Incremento de los recursos y medidas por hacer frente a los nuevos retos sociales y culturales en este sentido, cualificación de la formación inicial y continua del profesorado. Impulso a los programas de Coeducación y a las escuelas de Familia. Reconocimiento y refuerzo de las tutorías y los departamentos de Orientación.

30. Extensión de la democracia, los valores participativos y la corresponsabilidad en la gestión de los centros. Atención, por parte de las administraciones educativas, a la creación de un entorno laboral saludable, sin presiones sobre el profesorado en forma de incrementos de productividad. Potenciación del trabajo colectivo. Más colaboración con las asociaciones de madres y padres de alumnos. Uso reflexivo y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación por su incidencia educativa.

32. Planificación coordinada de las instituciones públicas —autonómica, comarcal y local— en la intervención de los diferentes profesionales y agentes que colaboran con la tarea educativa de los centros.

33. Acuerdos con los medios de comunicación para que sean rigurosos en el tratamiento informativo de la violencia en los centros escolares: veracidad, respeto a los menores, no al sensacionalismo…

Igualdad y conciliación

34. Plan de medidas de conciliación de la vida personal y laboral.

35. Medidas para promover que mujeres y hombres asuman la corresponsabilidad en la gestión y la coordinación de la organización de los centros docentes y de la Administración, de forma equilibrada y sin sesgos sexistas.

36. Creación de la figura del/la responsable de Coeducación en cada centro, con disponibilidad horaria y participación en los consejos escolares para impulsar la adopción de medidas que fomenten la igualdad.

37. Supresión de estereotipos sexistas o discriminatorios. Cumplimiento, en los materiales didácticos, de la Ley Integral de Violencia de Género.

38. Integración en los currículos de la contribución de las mujeres a la ciencia, la cultura y el desarrollo social.

39. Inclusión en todos los estudios universitarios de una formación básica en cuestiones de género.

40. Restablecimiento de las asesorías de formación del profesorado en materia de Coeducación. Elaboración de un catálogo específico de recursos didácticos.

41. Desarrollo de la capacidad del alumnado para que la elección de las opciones académicas se haga libre de los condicionamientos de género.

42. Inclusión en los proyectos educativos de centro de protocolos de buenos tratamientos y buenas prácticas. Resolución pacífica y negociada de los conflictos.

43. Potenciación de los centros de Formación de la Educación de Mujeres Adultas.

44. Creación de un Observatorio para el análisis y la evaluación de la discriminación y el sexismo en los centros docentes.

45. Eliminación de los conciertos a los centros que segreguen el alumnado en función del sexo.

46. Ampliación, hasta tres años, del derecho a conservar el destino y la antigüedad por parte del profesorado con excedencia por cuidado de hijo o hija.

47. Atención especial al cuidado de personas sin autonomía personal: retribución del 100% del salario para las personas beneficiarias de reducción de jornada y con permiso específico, y dotación a los centros de personal que las sustituya.

48. Ampliación del período de baja maternal a 24 semanas, con el 100% de sueldo, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

49. Adaptación del puesto de trabajo a las mujeres embarazadas o en período de lactancia, cuando las condiciones de trabajo puedan perjudicar su salud.

50. Posibilidad de acumulación del permiso de lactancia al de maternidad.

51. Permiso de paternidad de cuatro semanas, acumulable al de maternidad, en familias monoparentales.

52. Sustituciones ágiles en todos los permisos por maternidad y bajas laborales de larga duración.

53. Uso de un lenguaje no sexista y proyección pública de una imagen no discriminatoria de la mujer por parte de las administraciones públicas en todas las comunicaciones con los centros y la sociedad.

54. Denuncia de las relaciones laborales discriminatorias, particularmente el acoso sexual.

Condiciones de trabajo del profesorado. Provisión de puestos de trabajo

55. Provisión anual de todas las vacantes. Negociación y conocimiento previo de todas las vacantes ofertadas. Mantenimiento del concurso bianual autonómico.

56. Negociación anual de todas las creaciones, supresiones, amortizaciones y habilitaciones.

57. Transparencia y publicidad en la provisión de los puestos de trabajo. Diferenciación y provisión voluntaria de las plazas "especiales" del sistema: lugares de dificultad especial, compensatoria, prisiones, hospitales.

58. Regulación y transparencia en la concesión de comisiones de servicios. Baremo con criterios objetivables.

Profesorado interino

59. Negociación de un Pacto de Estabilidad.

60. Mantenimiento de la ordenación actual de las bolsas. Actos de adjudicación presenciales con todas las vacantes del sistema.

61. Acceso diferenciado.

62. Complemento retributivo de interinaje equiparable a los trienios y sexenios del resto del profesorado funcionario.

63. Comarcalización de las sustituciones.

64. Igualdad de derechos con el resto de las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza. Derecho de protección a la maternidad y a la conciliación de la vida laboral y personal.

65. Formación y licencias por estudios con las mismas condiciones que el resto del profesorado funcionario.

Mejora de las condiciones de trabajo

66. Supresión del sistema de "grados" del proyecto del Estatuto del Profesorado. Incorporación de la cuantía económica global de los grados a la masa salarial. Reparto homogéneo entre todo el profesorado.

67. Sistema retributivo basado en criterios objetivos. No a la evaluación que introduce el proyecto de Estatuto del Profesorado. Desvinculación de las retribuciones de la evaluación de las tareas propias del profesorado. No al complemento de innovación educativa.

68. A igual trabajo, igual salario. Valoración global de la tarea docente. No a los incentivos por trabajos propios de la tarea docente.

69. Desvinculación de la formación y de la evaluación de las retribuciones. No a los sexenios. Incorporación de su cantidad máxima a la masa salarial.

70. Cláusula de revisión salarial anual. Paga única que compense la pérdida adquisitiva de los años anteriores.

71. Pagas extraordinarias completas.

72. No a los planes de pensiones privados. La masa salarial global de los planes de pensiones debe ir al salario de cada trabajador o trabajadora.

73. Jornada laboral de 35 horas semanales. Reducción de la jornada lectiva para todo el profesorado.

74. Garantía de mantenimiento de los destinos obtenidos en el concurso de traslados. Respeto de los derechos adquiridos por el profesorado funcionario. No a la movilidad forzosa ni a la redistribución de efectivos contemplados por el Estatuto del Profesorado. No a la adjudicación forzosa de destinos.

75. Establecimiento del número máximo de alumnado que debe atender el profesorado.

76. Licenciatura o postgrado para acceder a la docencia en todos los niveles educativos. Hacia el cuerpo único de enseñantes, grupo A y nivel 26 para todos los enseñantes. Mientras tanto, movilidad entre cuerpos por concurso.

77. Regulación y negociación de las itinerancias. Por una normativa específica. Actualización de las indemnizaciones por razones del servicio que compensen adecuadamente los gastos efectuados.

78. Jubilación a los 30 años de servicio o 60 años de edad, con el 100% de las retribuciones.

79. Establecimiento del año sabático.

80. Reducción automática, previa solicitud, del horario lectivo al profesorado mayor de 55 años, sin disminución retributiva.

Formación

81. Formación inicial del profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria: licenciatura o postgrado. Atención a todos los aspectos de la función docente, nuevos retos sociales y culturales y nuevas competencias. Formación básica común para todos los profesionales de la docencia obligatoria y postgrados de especialización.

82. La formación permanente o continua es un derecho y un deber de todas las trabajadoras y todos los trabajadores de la enseñanza, y la Administración lo debe reconocer. Oferta de formación de calidad y gratuita de la Administración a todo el personal docente sin exclusión, en horario laboral y cerca del centro de trabajo.

83. Planes de formación dirigidos al conjunto del profesorado de los centros. La diversidad de los docentes requiere una pluralidad de propuestas. Formación en acción tutorial para todo el profesorado y todos los niveles.

84. Apoyo institucional e incremento económico de las ayudas a las iniciativas de formación impulsadas por los Movimientos de Renovación Pedagógica y las Escuelas de Verano, atendiendo a su trayectoria, fondos documentales y experiencia contrastada.

85. Participación democrática en el diseño de la formación permanente del profesorado, el diseño de las actividades y su gestión y evaluación.

86. Más allá del voluntarismo del profesorado manifestado en su trabajo fuera del horario laboral, reconocimiento e incentivación de la tarea de los grupos de trabajo y los proyectos de formación de centro, localidad o comarca.

87. Dotación a los centros de los recursos materiales y personales para promover iniciativas didácticas innovadoras y trabajos cooperativos.

88. Impulso a la flexibilidad de los programas, la experimentación y adopción de proyectos curriculares alternativos a los de las editoriales aprobados por la Administración. Difusión de las experiencias y los materiales de los grupos, seminarios y movimientos de renovación pedagógica.

Por la seguridad y la salud en el trabajo

89. Modelo integrado de prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la Administración, en todas las actividades, decisiones y niveles jerárquicos. El objetivo básico debe ser la modificación de las condiciones laborales con riesgo para la seguridad y la salud del profesorado, así como la promoción de la salud en el ámbito laboral.

90. Exigencia del cumplimiento de las obligaciones legales y de los acuerdos signados entre los sindicatos y la Conselleria de Educación: Plan de Prevención de Riesgos Laborales, impulso y puesta en marcha completa e inmediata de los Servicios de Prevención, vigilancia de la salud, adaptación de puestos de trabajo, planes de emergencia y desarrollo de la figura del coordinador/a de salud laboral de centro. Atención a la evaluación de riesgos psicosociales, también de la violencia en el trabajo.

91. Garantía de funcionamiento real de los comités de Seguridad y Salud Laboral. Dotación inmediata de recursos humanos, materiales y financieros.

92. Participación y formación en seguridad y salud laboral para los delegados y delegadas, la coordinación de centro y en general para todo el profesorado.

93. Creación e impulso de la figura de la coordinación de centro, con crédito horario y formación suficiente.

94. Vigilancia efectiva de la salud. Exigencia de una mayor especificidad con los reconocimientos médicos, que deben incorporar la perspectiva de género. Los servicios de Prevención y la Inspección Médica deben abrir líneas de investigación que determinen las enfermedades más frecuentes en educación y sus causas, y que sirvan para planificar políticas preventivas.

95. Planificación urgente de la creación de equipos técnicos de apoyo que confeccionen los planes de emergencia en colaboración con los equipos directivos.

96. Reconocimiento del conjunto de enfermedades laborales (voz, estrés, síndrome del profesor quemado, mobbing, patologías musculoesqueléticas...). Tratamiento preventivo de toda patología que tenga origen en el trabajo. Modificación de la Ley de la Seguridad Social para cubrir estas enfermedades.

97. Eliminación de los riesgos surgidos como consecuencia de la intensificación del trabajo, la deficiente organización, la desinformación o inhibición de la Administración.

98. Medidas de protección para trabajadores y trabajadoras que ocupen lugares sensibles a determinados riesgos; los mayores, los que sufren enfermedades con frecuencia, los docentes eventuales e interinos. Protección especial a las trabajadoras por maternidad.

99. Derecho a la protección de la salud y a la adaptación o cambio de puesto de trabajo a las personas especialmente sensibles por sus características personales, estado biológico o discapacidad reconocida, con protocolos claros de actuación y con respeto a su situación administrativa.

100. Modificación de la normativa, las condiciones materiales, económicas y jurídicas que afecten a los trabajadores y trabajadoras itinerantes y a quienes utilizan su vehículo en comisiones de servicios, incluyendo el tiempo de desplazamiento empleado desde el domicilio particular al trabajo y viceversa.

101. Modificación de la normativa estatal y autonómica para aumentar las distancias mínimas de los centros educativos de las subestaciones eléctricas y las antenas de telefonía.

en la enseñanza,
compartimos decisiones.