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POR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
LABORAL
La accidentalidad laboral se ha convertido en una verdadera lacra
social. En 2007, en el País Valenciano se produjeron 101.345 accidentes
laborales, de ellos 128 mortales y 1.132 graves. Durante el mismo periodo,
en el Estado español, a pesar de registrarse una notable reducción, hubo
1.788.016 accidentes laborales, con 1.191 muertes y 10.637 accidentes
graves, cifras que nos sitúan en unos índices muy superiores a las medias
de los países de nuestro entorno. En una sociedad globalizada como la
nuestra, cada año mueren más de dos millones doscientas mil personas en
todo el mundo como resultado de los 270 millones de accidentes laborales.
Además, surgen 35 millones de nuevos casos de enfermedades profesionales,
con más de 1,7 millones de fallecimientos entre la clase obrera. En modo
alguno podemos aceptar la inevitabilidad de estos accidentes, porque las
causas que los provocan son corregibles, tanto las inmediatas como las
estructurales.
Intersindical Valenciana ha denunciado de manera reiterada cómo la
cultura preventiva en la toma de decisiones, tanto en la administración
como en las empresas privadas, sigue supeditada a la obtención de
beneficios inmediatos. Por ello exigimos de nuevo el tratamiento de los
accidentes laborales y sus consecuencias, con la importancia que tienen y
se merecen. Porque son muertes de trabajadoras y trabajadores que podrían
evitarse y no podemos tolerar que año tras año se acumulen estadísticas
tan elevadas. En este sentido exigimos un marco normativo específico
contra la siniestralidad laboral.
Por otra parte, los datos oficiales no recogen toda la realidad sobre
salud laboral . Hoy se reconoce de forma generalizada que el sistema
oficial de registro de enfermedades profesionales del estado infravalora
en gran medida el verdadero impacto de las enfermedades relacionadas con
el trabajo, que ocasionan cada año más de 15.000 muertes por enfermedades
laborales, que no constan en ninguna parte. Del mismo modo se produce una
gran incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo no reconocidas
oficialmente, especialmente las relacionadas con los transtornos
musculoesqueléticos y el estrés.
Por otra parte, no podemos olvidar a quienes sencillamente ni cuentan:
las personas que trabajan en la economía sumergida; en empresas o
administraciones que ignoran los planes de prevención o no dan toda la
información. O en situaciones de “irregularidad”, como muchas trabajadoras
inmigrantes del trabajo doméstico, o quienes practican la doble jornada,
caso de muchas mujeres trabajadoras.
Hasta ahora las medidas adoptadas por los gobiernos han sido
insuficientes y no todo lo directas y eficaces que hubiésemos deseado. Es
verdad que se han producido ciertos avances, especialmente en la reducción
de los accidentes mortales en el marco de cómputo actual . Por ello es
necesario hacer efectivas las buenas intenciones que se vierten en los
planes estratégicos que cada cierto tiempo el gobierno acuerda con
empresarios y sindicatos.
Todas las administraciones deben combatir con la máxima firmeza
determinadas prácticas extendidas entre los empresarios, porque provocan
penosas condiciones de trabajo que finalmente terminan en tragedia. Por
ejemplo: contratación ilegal; precariedad y temporalidad en el empleo -la
incidencia de los accidentes laborales es el doble entre el personal con
contrato temporal-; abuso de subcontratas para burlar las obligaciones
legales -entre ellas, las de prevención de riesgos laborales-; falta de
formación de los trabajadores; efectos del propio modelo económico
-presión desmesurada en los ritmos de trabajo, violencia en el lugar de
trabajo, beneficios desmesurados-; incumplimiento sistemático de la
normativa de prevención de riesgos laborales.
Todos los gobiernos deben tomar decisiones políticas de carácter
preventivo y promover una cultura de prevención para que la ciudadanía,
sobre todo las empresas, consideren la seguridad y la salud laboral temas
absolutamente prioritarios. Las administraciones han de comprometerse
mucho más en agilizar la detección de los accidentes de trabajo y mejorar
la coordinación de los estamentos implicados. De igual modo deben fomentar
la persecución penal de infracción de las normas preventivas y mejorar la
información que facilite a jueces y fiscales la investigación de la
titularidad mercantil de las empresas.
Pero ante la tragedia personal, familiar y social que supone la pérdida
de tantas vidas, tanto el gobierno central como el Consell han de traducir
la exigencia de un compromiso real de los empresarios en materia de
prevención. En este sentido, urge la puesta en marcha efectiva de los
servicios de prevención y el desarrollo de mecanismos de control
efectivos, incremento de la plantilla de inspectores y sanciones rigurosas
contra los incumplimientos.
Para la Intersindical Valenciana es imprescindible que los temas
relacionados con la siniestralidad laboral cuenten con la colaboración de
todas las fuerzas sindicales representativas. En este sentido se ha de
democratizar el vigente marco de negociación y modificar el llamado
espacio del “diálogo social”, así como elaborar un Libro Blanco sobre
prevención que contribuya a responder con contundencia a la siniestralidad
laboral, a sus manifestaciones y a sus consecuencias. A partir de estas
bases será posible edificar un marco normativo integrador que le haga
frente.
Por todo ello, en el Día Internacional de la Seguridad y la Salud
Laboral, Intersindical Valenciana se adhiere a las principales
reivindicaciones del movimiento internacional:
- Despliegue de campañas para la prohibición del amianto.
- Intervención frontal contra los llamados cánceres ocupacionales.
- Ampliación de la cobertura preventiva para todas las enfermedades y
lesiones relacionadas con el trabajo.
País Valenciano, abril de 2008
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